Cristóbal Montoro se estuvo enfrentando a un crudo dilema por la votación del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Si aceptaba que hubo malversación de caudales públicos en la organización del referéndum ilegal, reconociendo así la falta de diligencia del Ministerio de Hacienda, no iba a poder seguir defendiendo que no hubo desvío de fondos públicos para financiar la votación. Al final eligió una vía intermedia aceptando la posible falsificación de facturas de la Generalitat.

 

Hay que tener presente el conjunto de elementos del delito de malversación de caudales públicos. Según la Sentencia del Tribunal Supremo 606/2017, de 7 de septiembre, el delito de malversación de caudales públicos exige de la concurrencia de los siguientes elementos: a) La cualidad de funcionario público o autoridad del agente, concepto suministrado por el art. 24 del Código Penal , bastando a efectos penales con la participación legítima en una función pública; b) Una facultad decisoria jurídica o detentación material de los caudales o efectos, ya sea de derecho o de hecho, con tal, en el primer caso, de que en aplicación de sus facultades, tenga el funcionario una efectiva disponibilidad material; c) Los caudales han de gozar de la consideración de públicos, carácter que les es reconocido por su pertenencia a los bienes propios de la Administración, adscripción producida a partir de la recepción de aquéllos por funcionario legitimado, sin que precise su efectiva incorporación al erario público; d) Sustrayendo o consintiendo que otro sustraiga dichos caudales y sustracción equivale a apropiación sin ánimo de reintegro, apartando los bienes propios de su destino o desviándolos del mismo; e) ánimo de lucro del sustractor o de la persona a la que se facilita la sustracción. Todos parecen poder encontrarse en la ejecución del plan de los dirigentes secesionistas de Cataluña.

 

Debe destacarse que el dilema de Cristóbal Montoro no tenía relevancia a los efectos del proceso penal que se está desarrollando por diversos delitos cometidos por dirigentes independentistas. En lo que respecta al delito de malversación de caudales públicos, la Abogacía del Estado quiere acusar y tendrá que acreditar, debido a la presunción de inocencia, la comisión, por parte de los que acaben siendo acusados en el juicio oral, de un acto de desvío de fondos públicos para financiar la votación del día 1 de octubre de 2017, sin que las declaraciones de Cristobal Montoro deban incidir, pues, aunque afirmara en un primer momento que no hubo una administración desleal de fondos públicos por el proceso catalanista, se pudo estar equivocando, como acabó reconociendo.

 

El empleo de dinero público en el proceso independentista catalán ya se está conociendo con más profundidad. Diversos docentes y facturas que se están difundiendo podrían servir para saber qué es lo que ha ocurrido con el dinero público en Cataluña. Sin embargo, hay que lograr ir más lejos en la investigación, que debe ser absolutamente precisa y contundente en relación con los hechos.

 

La mejor opción para Cristóbal Montoro, que puede decir lo que quiera, es actuar promoviendo el desarrollo de las actuaciones que deben ejecutarse para probar el delito de malversación de caudales públicos, ya que el Ministerio de Hacienda debe poseer los suficientes elementos para saber cuáles han sido las finalidades con las que se ha aplicado el dinero gestionado por la Generalitat, a menos que sus dirigentes hayan obrado de manera apática e irresponsable, y tendría que actuar para facilitar que se sepa la verdad sobre la financiación de las actividades independentistas en Cataluña. De ese modo, el Tribunal Supremo podrá dictar una sentencia por el asunto del proceso independentista catalán partiendo de hechos que se ajusten a la realidad.