Fotografía: Ángeles Carmona Vergara

El Boletín Oficial de las Cortes Generales nº 200, de 8 de agosto de 2017, recoge las distintas comparecencias de multitud de personalidades y especialistas con las que se confeccionaría el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un Catecismo de Género compuesto por 213 medidas, las mismas que aparecen al final del citado boletín, texto de recomendable e intragable lectura.

Recoger textualmente todas las comparecencias no tiene mucho sentido dada la limitada extensión de este texto a modo de artículo, sin embargo, transcribir lo más granado de algunas de ellas, concretamente las primeras por orden de intervención, eso sí puede ilustrarnos muy mucho de cómo se cocinó lo que llaman Pacto de Estado. Veamos:

D.ª Ángeles Carmona Vergara, Presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recomendó modificar el Código Penal para que no sea exigible la intención subjetiva de subyugar o someter a la mujer para que exista una condena por violencia de género. Esta exigencia, contraria al criterio del Tribunal Supremo, viene siendo aplicada por algunas Audiencias Provinciales y Juzgados de lo Penal, y dificulta extraordinariamente que se produzca una condena. También estimó necesario que la nueva redacción que se dé al artículo 416 elimine la posibilidad de que la mujer se acoja al derecho a no declarar y sugirió la integración informática de las bases y sistemas de datos (todavía se notifican las órdenes de protección desde los Juzgados por fax a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).

D.ª Flor de Torres Porras, Fiscal Delegada de Andalucía de Violencia a la Mujer y contra la Discriminación Sexual y de Género, considera imprescindible que los menores sean considerados víctimas directas de la violencia de género y con relación a la difícil reinserción de los «delincuentes de género» manifestó que le sigue sorprendiendo la frialdad y falta de arrepentimiento con la que se topa a diario cuando trata con este tipo de delincuentes, por eso le parece importante que se valoren programas homologados en todas las comunidades autónomas con auténtica perspectiva de género. Insistió en la necesidad de proteger a los menores, porque «un padre maltratador no puede ser un buen padre».

D.ª Blanca Hernández Oliver, Ex Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Letrada de las Cortes Generales y experta en temas de violencia contra la mujer, propuso realizar una actuación extraordinaria en el proceso de formación de los Agentes de la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y mejorar el sistema de brazaletes fomentando la implicación del Ministerio del Interior y el de Justicia.

-D.ª Pilar Martín Nájera, Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, manifestó que la Fiscalía especializada en violencia de género fue creada con la misión de actuar como organismo especializado en todas las causas civiles y penales que se realizan ante los Juzgados de Violencia contra la mujer. Dicha Fiscalía Especializada depende directamente del Fiscal General y es la encargada de supervisar, unificar criterios, dar pautas de actuación y resolver consultas de toda la red de fiscales delegados que se ocupan del tema de violencia de género. Se les proporcionan criterios cuando plantean dudas y se les facilita toda la jurisprudencia española y europea, directivas y pautas, con el fin de lograr la «aplicación del “principio de legalidad”con uniformidad de actuación en todo el territorio nacional».

D.ª Inmaculada Montalbán Huertas, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ex Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, subrayó la importancia de la formación y especialización en la carrera judicial y recordó que el Consejo General del Poder Judicial posee competencias en materia de selección, formación, perfeccionamiento, provisión de destinos… De hecho, tanto la Ley Orgánica 1/2004, como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, introdujeron la obligatoriedad de formar en «Derecho Antidiscriminatorio», -léase discriminatorio según sexo.

 

José R. Barrios