La Sra. Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio de Género, el Ojo de Sauron que vigila a todos los varones heterosexuales en España, convertida en la Tierra Media de la serie el Señor de los Anillos, lo dijo muy clarito en su día en Diario de Sevilla: «La denuncia es la única manera de hacer que la máquina funcione».

 

Este desliz de sinceridad, impropio de una generala de alto mando feminista sito en Madrid, ahora en manos de la superiora de la Orden del Género, la Sra. Carmen Calvo, dejaba al desnudo cómo toda la Industria de Género depende de las subvenciones que trae de la mano toda denuncia, como las mismas denunciantes pasan a formar parte de un sistema clientelar de ayudas públicas a cambio de apoyar con su voto a la opción política que lleva el nacionalfeminismo español en su ADN, porque este feminismo -sectario e inconstitucional, por más señas- sólo le pertenece a ese partido, bonita, Carmen Calvo dixit.

 

La Ley 4/2004, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, cataloga a cualquier denunciante como «víctima», en especial cuando la denuncia se presenta por «violencia machista» en la que siempre el hecho denunciado constituye delito, accediendo ésta automáticamente a la llamada «justicia restaurativa» del art.15 de dicha ley, esto es, la potestad de la denunciante a reclamar dinero al denunciado y a la Administración, con derecho a la prestación reservada a las mujeres maltratadas de pago único (ayudas SEPE del art. 27 de la Ley 1/2004), el cobro en su caso de la Renta Activa de Inserción de 426€ cada mes, el acceso prioritario a la bolsa de empleo con plazas reservadas para trabajar en la administración o Comunidad Autónoma en que resida, acceso prioritario a la bolsa de vivienda, regularización de situación de emigrantes, reagrupación familiar, obtención de ciudadanía española, cursos remunerados para la obtención de título profesional, prioridad en traslados o cambio de horario en su trabajo, subvenciones para la obtención del carnet de conducir, vacaciones pagadas, guarderías gratuitas, derecho a una pensión de viudedad vinculada a tener en el momento del fallecimiento del marido una pensión compensatoria o incluso pensión de viudedad si presenta una denuncia contra el ex marido fallecido, aportando un mínimo indicio de prueba y por cualquier medio admitido en Derecho, de haber resultado ser mujer maltratada, según Ley 26/2009 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. (Fuente: “La Dictadura de Género” (Almuzara),  págs. 158 y 159).

 

Toda esta batería de ayudas y prestaciones da trabajo a cientos de miles de personas que viven del negocio de género, esto es, que son amamantadas a diario por la Gran Teta de Género, pues no saben hacer otra cosa distinta, de ahí que absorban ingentes fondos, millones de euros sin control y cuyo seguimiento brilla por su ausencia.

 

Pero de esta industria de género, lo verdaderamente dañino y desgraciado para la sociedad es que todas las mujeres maltratadas pasen a formar parte de una misma bolsa, dado que existen mujeres verdaderamente maltratadas que sufren maltrato habitual, pero que al ser éste de perfil bajo es indetectable a los numerosos sistemas de detección, cuando precisamente debieran recibir éstas un trato adecuado, incluso preferente, y ser atendidas con medios concretos. Por esto mismo, el automatismo de todo tipo de ayudas, como su falta de control y, sobre todo, la no diferenciación de la mujeres verdaderamente maltratadas respecto de las que no lo son en realidad, constituyen, además de un despilfarro de dinero público, una gran injusticia hacia aquellas ciertamente maltratadas que sufren a solas su maltrato y ven en las otras, las que explotan el maltrato, a sus segundas maltratadoras, pues el tiempo y los recursos que se les dedica a éstas les falta a las primeras, que viven asoladas por el terror de la violencia machista de algunos mal nacidos que aún campan a su anchas. Un abuso, un grave perjuicio que, desde luego,  no puede recaer en quienes nos atrevemos a denunciarlo.

 

José R. Barrios