La toma de una decisión trascendental para su vida, como es aceptar una sentencia de conformidad, cuando un hombre se encuentra en un estado psicológico y emocional vulnerable, en tanto ha dormido en un calabozo por primera vez, ha sido esposado delante de sus hijos, sus vecinos han visto un verdadero despliegue policial de varios coches patrulla, se ha expuesto al dedo acusador de tales vecinos y está frente a una Jueza de Género con su hábito color morado, padre de familia ojeroso, sin pegar ojo una o más noches, sin afeitar, desaliñado… es una trampa que deja a las claras lo inhumano y salvaje de cómo se las gasta un régimen totalitario como es la Dictadura de Género a la española, pues ese padre de familia desconoce absolutamente que no va a poder recurrir tal sentencia de conformidad, como tampoco vislumbra que al declararse culpable pasa a un Registro Central de Maltratadores, pagará las costas del juicio y además perderá su vivienda habitual y sus hijos quedarán en manos de la madre…

De ahí que promover los parabienes de la celeridad procesal, publicitar las bondades de una sentencia de conformidad sea una engañifa impune y descarada, porque casi seguro que todo parte de una denuncia instrumental a la que sigue una detención irregular, probablemente ilegal, para a continuación intentar engatusar a un inocente con una reducción de un tercio de la pena a cambio de cerrarle todas las puertas del sistema judicial y marcarlo en la frente con la M de «maltratador de mujeres». Se trata en exclusiva de una trampa de inconfundible toque feminista, una treta procesal, por muy legal que parezca, anómalo y enrarecido por una presión caprichosa y a la vez interesada que no se debería haber debido consentir jamás.

El Tribunal Supremo viene advirtiendo que todo acusado tiene derecho a no ser condenado mientras contra él no se haya practicado una mínima prueba de cargo acreditativa de los hechos motivadores de la acusación y desarrollada en un juicio rápido o juicio oral, con sujeción a los principios de igualdad de armas, oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, o en la fase de instrucción, siempre que haya tenido acceso a dicho juicio y haya podido ser sometida a contradicción, según lo prevenido en los artículos 714 y 730 de la LEcrim.

Una sentencia de conformidad ahorra todo el tiempo al abogado de oficio que cobra por caso juzgado, tarde más o menos tiempo el proceso; interesa muy mucho a la denunciante que en un plazo récord tiene el papeleo legal a su favor y agrada sobremanera a jueza y fiscalía que ven su trabajo agilizado, resuelto de manera eficaz. Si no la acepta, el fiscal presenta escrito de acusación y la denunciante bien puede adherirse a este escrito o presentar otro como acusación particular.

Si tiene claro y aprecia que todo es una treta, no se conforme, y solicite las diligencias de investigación que, junto con su abogado, considere necesarias para probar su inocencia, pues se parte de una presunción de culpabilidad: que le vea un forense si ha sido agredido y tiene lesiones, que la examine un psiquiatra forense si considera que la denunciante sufre algún trastorno, que incluso puede ya estar diagnosticado y ésta aduce maltrato psicológico.

 Más vale vivir unos meses sin libertad, en la cárcel, pero conservando la dignidad de hombre y de persona, para así poder mirar a los ojos a sus hijos, familiares y amigos, que vivir toda una existencia arrepintiéndose de haber vendido muy barata su dignidad, una dignidad sin posibilidad alguna de ser restaurada.

José R. Barrios