Los mítines políticos que los golpistas catalanes están dando en la sala del TS que juzga los hechos ocurridos a partir del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, demuestran hasta qué punto España ha claudicado no solamente de la idea de unidad como valor sagrado e inmutable, sino también del más elemental sentido de la Justicia. Aquí ocurren cosas todos los días que sólo son posibles cuando han transcurrido muchos años, demasiados, sin respetar los patrones morales por los que siempre se condujeron las naciones más poderosas del mundo.
 
Anteayer se cumplieron 38 años del golpe de Estado protagonizado por Antonio Tejero Molina. Los condenados en aquel juicio cumplieron de sobra las penas impuestas por los tribunales, sin escamotear ni un día y sin reclamar medidas de gracia ni indultos. Aquellos que transgredieron las leyes vigentes porque pusieron por encima de la ley la defensa de la unidad nacional, se hicieron ancianos en la cárcel sin levantar la voz. Conocían las reglas del juego, decidieron incumplirlas y asumieron su responsabilidad. Hasta para vivir en la cárcel, hay maneras y maneras.
 
Éstos en cambio, que están siendo juzgados por intentar romper la sagrada unidad nacional, que fueron advertidos por los más altos tribunales y aún así se saltaron a la torera todas sus sentencias, éstos que han estado dilapidando el dinero de nuestros impuestos en sus chiringuitos separatistas mientras cerraban las urgencias de los hospitales por falta de recursos. Éstos que vienen ahora a Madrid, muy dignos ellos y estirados, pidiendo traductores al español de sus discursos de odio contra España, éstos, los Junqueras, Romeva, Rull, Turull y compañía, antes de conocerse la sentencia, ya saben que serán indultados por el Sistema, del que ellos mismos proceden y que les ha alimentado durante años.
 
Porque es necesario recordar que, gracias a la calculada ambigüedad de la Constitución de 1978, en España se supone que todos los partidos deben respetar la unidad nacional, pero después esa misma Carta Magna les permite llegar en sus actos separatistas hasta la puerta misma del Tribunal Supremo en un delito de rebelión. Pueden avanzar en sus palabras y en sus actos, en su actividad legislativa en Cataluña, en sus convocatorias de manifestación, en todo aquello que un partido político puede promover o liderar, pero en el momento de declarar la independencia, la Constitución les recuerda que eso ya es ir demasiado lejos. En una suerte de esquizofrenia política que estamos pagando todos.
 
Seguramente por eso, porque los mejores jueces y magistrados saben de esa ambigüedad, porque en realidad todos sabemos que la Constitución de 1978 la hizo la izquierda en connivencia con los nacionalistas y el permiso del franquismo democrático, durante este juicio en el Tribunal Supremo, el magistrado Manuel Marchena está permitiendo a los golpistas ir más allá de lo razonable. Les está dejando que den sus mítines políticos, acusando a España de ser una república bananera, diciendo que se sienten presos políticos, llenando de vergüenza y de inmundicia una de las más altas instituciones del Estado. 
 
Jamás debió existir este juicio en el Supremo, porque jamás debieron permitir los arquitectos de la Transición que se redactase una Carta Magna que permite a nuestros enemigos internos llegar hasta el borde mismo de la insurrección y la alta traición. Una Constitución que les pone la miel en los labios, y cuando la prueban les dice que eso es delito. Una Constitución que después obliga a la Justicia a ser demasiado benevolente y garantista con quienes, en otras latitudes, serían conducidos a mazmorras y tratados como lo que son, los peores delincuentes que una nación puede tener, porque atentan contra lo más sagrado que tenemos, nuestros derechos, nuestras libertades y nuestras propias vidas.