En un escrito dirigido al Tribunal Supremo, a la FNFF le "Resulta verdaderamente lamentable desde un punto de vista estrictamente jurídico(sic)" las actuaciones del Tribunal.

En dicho escrito, la FNFF advierte que de ser "acogida tan extravagante argumentación del Abogado del Estado esta parte se vería en la obligación de plantearse la recusación de los dignos Magistrados componentes de la Sección que dictó aquella sentencia..."

En definitiva que SOLICITA: " se de por rechazada la solicitud del Abogado del Estado de revocación de la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad de los acuerdos del Consejo de Ministros impugnados..."

A continuación el escrito completo al que ha tenido acceso ECDM:

ALEGACIONES

 

PRIMERA.- Resulta verdaderamente lamentable desde un punto de vista estrictamente jurídico que el digno representante de la Administración, que pertenece al prestigioso cuerpo de Abogados del Estado, argumente que la sentencia 1279/2019, de 30 de septiembre de 2019, dictada en el recurso 75/2019 ha resuelto “todas las cuestiones que aparecen planteadas no solo en este recurso sino en los restantes -entre ellos el presente- en el que se impugnan esos Acuerdos” (se refiere a los Acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo de 2019), lo que supone un claro menosprecio tanto a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo como a esta parte, siendo así que en la forma en que está redactado podría dar lugar a otro tipo de responsabilidades -que se solicita sean estudiadas por la Sala-, al anticipar la argumentación y fallo de la sentencia que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo debe dictar en el presente recurso con alegaciones, algunas de ellas novedosas y, en todo caso, distintas a las que se formularon en el recurso contencioso-administrativo planteado por la familia de D. Francisco Franco Bahamonde.

 

SEGUNDA.- Es más, de ser acogida tan extravagante argumentación del Abogado del Estado esta parte se vería en la obligación de plantearse la recusación de los dignos Magistrados componentes de la Sección que dictó aquella sentencia, si a lo anteriormente expuesto se añade que en ningún momento el órgano jurisdiccional ha utilizado las amplias posibilidades que le confiere el artículo 37 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, prueba irrefutable de que siempre ha entendido que aún cuando se impugnen los mismos Acuerdos la diversidad de alegatos formulados en uno y otro recurso no aconsejaban la acumulación. Y si esto es así, qué sentido tiene el introducir ahora el Abogado del Estado la peregrina idea de que “oiga, el Tribunal Supremo ya ha decidido que los Acuerdos impugnados son conformes a derecho, por lo que resulta inútil que estudie sus alegatos pues le va a decir lo mismo”, lo que se formula igualmente en términos estrictos de defensa ante un argumento que viene a desprestigiar la excelsa tarea jurisprudencial que compete al Alto Tribunal.

 

TERCERA.- Esta insostenible tesis propuesta por el Abogado del Estado le da pie para solicitar que revoque la suspensión adoptada en la pieza de medidas cautelares del presente recurso, cuando es palmario que si bien los Acuerdos suspendidos son los mismos impugnados en ambos recursos, no son los motivos planteados en uno y otro como fácilmente se desprende de la lectura de los escritos rector del proceso y de conclusiones, por lo que debe entenderse que la modificación/revocación de las acordadas, prevista en el artículo 132.1 de la Ley Jurisdiccional, no se da aquí, en cuanto que las circunstancias a las que se refiere el precepto no se pueden incardinar con el hecho de haberse dictado una sentencia en un recurso contencioso-administrativo en el que se impugnan los mismos Acuerdos, pues ello invalidaría, de acuerdo con lo razonado, el principio constitucional de tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24 de la Norma Suprema, cuando los alegatos en uno y otro son distintos por lo que el Tribunal necesariamente debe motivar su decisión desde el planteamiento que se propone y no, como sugiere el Abogado del Estado, desde el fallo de una sentencia. Es más, nada obsta a que el Tribunal pueda modificar su criterio en cuanto al fallo ya dictado si le convencen como argumentos sólidos desde un punto estrictamente jurídico lo que hemos expuestos en los escritos de demanda y de conclusiones. O es que ¿acaso el Abogado del Estado actúa como órgano jurisdiccional y le indica al Alto Tribunal el fallo que debe dictar, cualesquiera que sean los alegatos que se suscitan para su estudio y examen? Y entonces ¿puede explicar el Abogado del Estado cuando tiene sentido interponer un recurso contencioso-administrativo, y esperar, de acuerdo con los principios constitucionales que garantizan el derecho a obtener tutela efectiva de jueces y tribunales, que el órgano jurisdiccional motive su decisión sustentada en los alegatos de las partes, y no en un fallo previo?

 

CUARTA.- Pero es que, además, vincular las circunstancias en uno y otro recurso no parece un argumento suficiente, incluso acudiendo a la cita de ilustres administrativistas como hace el Abogado del Estado, pues no resulta equiparable cuando como queda dicho algunos de los argumentos esenciales en uno y otro recurso son distintos, hasta el extremo de que no sería factible una sentencia en el presente recurso que copiara íntegramente los fundamentos jurídicos de la anterior, al deber examinar y razonar el por qué de la decisión judicial en el presente recurso garantizando el derecho constitucional que proclama el artículo 24 CE.

 

QUINTA.- Por lo demás, que el Alto Tribunal utilice una fundamentación jurídica semejante o incluso igual para adoptar la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad de los Acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo de 2019 en ambos recursos tiene su razón de ser en algo que parece olvidar el Abogado del Estado como es, de una parte, la imposibilidad de examinar el fondo del asunto en el incidente de medidas cautelares de acuerdo con una consolidada doctrina jurisprudencial, cuya cita se hace innecesaria por su arraigo y, de otra parte, que los parámetros que emplea el órgano jurisdiccional para resolver la medida cautelar son exclusivamente los previstos en el artículo 130 de la Ley Jurisdiccional, muy distintos a los que valora cuando examina y resuelve sobre el fondo de las cuestiones controvertidas para decidir el fallo.

 

SEXTA.- También es necesario -y un deber imperativo- atender a los postulados de nuestro ordenamiento jurídico, y jurisprudencia derivada del Derecho de la Unión y protector de los derechos humanos, así como de sus -nuestros- tribunales. Efectivamente, la facultad y sobre todo el deber de conceder tutela jurídica cautelar de los derechos fundamentales reconocidos en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales está fundada en dichos ordenamientos tal y como lo establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.[1]

Basándose en los principios generales del Derecho Internacional, del Derecho de los Tratados y de la Jurisprudencia Internacional en el caso Mamatkulov y Andurasulovic c. Turquía el TEDH afirmó que: “la interpretación del alcance de las medidas provisionales no puede disociarse del procedimiento durante el cual fueron previstas ni de la decisión sobre el fondo que tratan de proteger”.[2]

En aplicación de esta jurisprudencia y principios generales en materia de derechos fundamentales, el Alto Tribunal no puede revocar las medidas cautelares acordadas en el presente juicio basándose en el fallo dictado en el recurso interpuesto por familia de D. Francisco Franco Bahamonde. Esto vulneraría el derecho ad un equo proceso ex artículo 6 CEDH y los principios generales de derecho internacional y del CEDH, en virtud de los cuales las medidas cautelares no pueden disociarse del procedimiento en el que fueron adoptadas y hasta que se dicte el fallo por el órgano jurisdiccional, fuera de los supuestos previstos legalmente que no se dan aquí.

 

SÉPTIMA.- En el presente caso, desde el momento en que las medidas cautelares fueron decididas hasta hoy, en el plano jurídico, nada ha cambiado y el presente recurso aún debe resolverse en cuanto al fondo de las cuestiones controvertidas. Por eso no hay razón alguna para revocar las medidas cautelares concedidas en el presente procedimiento. Además, en este recurso interpuesto por la FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO FRANCO (FNFF), como ya se ha significado, se hacen valer argumentos de derecho, incluido el propio derecho CEDH y el derecho de la Unión Europea que en el recurso de la familia Franco no fueron alegados, por lo que deben ser objeto de valoración por el órgano jurisdiccional. Y queda todavía a este Alto Tribunal aclarar cómo pretende remediar la indefensión sufrida por la FNFF debido a las difusión en los medios de comunicación -prensa escrita, televisión y periódicos digitales- del fallo -que no de la notificación del texto íntegro de la sentencia- que se iba a dictar en aquél recurso propiciada por el Consejo General del Poder Judicial, y el anuncio por el propio Presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez, de que el Tribunal Supremo había concedido luz verde a la exhumación de D. Francisco Franco Bahamonde. Todo eso mientras el presente recurso aún no ha sido decidido. Parece contrario al derecho del CEDH y a los derechos fundamentales revocar las medidas cautelares de este procedimiento antes que se celebre una vista oral que la FNFF reitera es absolutamente necesaria para remediar, al menos parcialmente, la situación de indefensión en la que se encuentra.

 

OCTAVA.- Es verdad que en una sociedad democrática, los comentarios adversos de la prensa son inevitables en los asuntos que interesan al público (TEDH Viorel Burzo c. Rumanía, párrafo 160; Akay c. Turquía (dec.). No obstante, una campaña de prensa agresiva puede afectar a la imparcialidad de un proceso por influir en la opinión pública ( TEDH Kuzmin c. Rusia ). Esto es lo que está pasando en el presente asunto. Mantener las medidas cautelares y fijar una vista oral podrá servir para intentar remediar, al menos parcialmente, la indefensión sufrida por la FNFF.

En consecuencia, a la SALA SUPLICO:

Que, teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito, se tengan por hechas las anteriores manifestaciones y, en consecuencia, por nuevamente solicitada la vista a que se refieren las alegaciones Séptima y Octava y por rechazada la solicitud del Abogado del Estado de revocación de la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad de los acuerdos del Consejo de Ministros impugnados.

 

[1] Véanse, las sentencias del TJUE, Factortame, C-213/89, EU:C:1990:257, apdos. 21 y 22, y Zuckerfabrik, as. ac. C-143/88 y C-92/89, EU:C:1991:65, apdos. 19-21.

[2] TEDH: caso Mamtklulov y Abdurasulovic c. Turquía.