“Las obras que hay que llevar a cabo, que realmente superan la naturales de la Memoria Valorada, una vez que se procediera a la exhumación, afectan de manera muy importante sobre la seguridad de personas y bienes” y el documento presentado -firmado en un tiempo récord por Víctor Cageao, funcionario que era del Museo del Prado y que fue nombrado interinamente en Patrimonio Nacional y que firmó, sin serlo, como si fuera el director de Inmuebles de dicho organismo, “no recoge los detalles que permitan su ejecución”, por ejemplo los muros de carga que han de soportar el nuevo forjado a ejecutar y transmitir al terreno las cargas propias y de uso, lo que atenta al art. 2 de la la Ley de Ordenación de la Edificación y al Código Técnico de la Edificación.

 

Esas anomalías, puestas en negro sobre blanco con todo detalle por los Arquitectos D. Ismael de la Barba Palacio y D. Enrique Porto Rey (que fue Director General de Urbanismo y Planificación Regional de la Comunidad de Madrid durante los años 2003-2006) en el informe que la FNFF ha presentado el pasado 21 de enero de 2018 junto a sus alegaciones definitivas al expediente instruido por la Subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, son concluyentes en cuanto al grave riesgo que supone para la seguridad e integridad física de las personas, operarios, vigilantes, monjes, visitantes, etc, por lo que “la ejecución de esta estructura exige la elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud, y el nombramiento de un coordinador de seguridad” que, obviamente, no han pasado por la cabeza de nadie en Patrimonio Nacional y menos por la de Víctor Cageao que en menos de 24 horas elaboró y firmó la memoria valorada que le ha servido a la Instructora para “cumplir con el expediente”.

 

Por esta razón, la FNFF ha solicitado en su escrito del pasado 21 de enero que se practique prueba pericial al respecto, debiéndose llamar por la Instructora al referido Víctor Cageao y a los Arquitectos superiores firmantes del informe que desmonta punto por punto todo lo contemplado en la memoria valorada, a fin de que se acredite el cumplimiento de las normas técnicas exigibles, las de seguridad y las de prevención de riesgos laborales, totalmente ignoradas por Patrimonio Nacional en su afán de complacer a la Instructora, que fue miembro directivo de dicho organismo.