La «discriminación positiva» o «jurisprudencia a la carta» ha tenido en España, en los últimos quince años, un crecimiento exponencial e incontrolado que ha dado lugar a un extenso entramado de leyes anti-hombre. Dicha urdimbre comenzó con la Ley 1/2004, siguió con el desarrollo de ésta y tiene su guinda en el reciente Pacto de Estado sobre Violencia de Género (213 medidas). Dicha discriminación positiva, lejos de alcanzar los parabienes prometidos que le sirvieron de excusa inicial, como era educar a la población, ha causado un mayúsculo abuso de posición dominante de una nueva casta social compuesta por mujeres oportunistas e interesadas, hecho sintomático de un grave desajuste de la democracia que además ha permitido a este colectivo alcanzar un estatus de descarada impunidad, pues nada a ellas se les corrige, censura o condena.

La discriminación positiva inserta en la jurisprudencia española es el empleo de un Derecho Subjetivo o arbitrario que, ante un mismo hecho objetivado y probado, impone penas distintas según sexo, lesionando así a una de las partes en litigio y favoreciendo a la otra. En todo caso se trata de perseguir y acosar a un colectivo social por determinada condición (color, raza, sexo…), como se hizo con los negros en EEUU y con los judíos en la Alemania nazi y como a día de hoy se hace en España con los varones heterosexuales. Tres ejemplos que la historia nos pone al alcance para entender regímenes totalitarios en los que la justicia no es justa, sino que está al servicio de la clase política dirigente que se sustenta en el poder gracias a los votos de los colectivos sociales beneficiados.

En palabras de Miguel Polaino Navarrete, catedrático de Derecho Penal, al hablar de discriminación positiva entramos de lleno en un Derecho de Autor o jurisprudencia que sanciona«per se» la conducta antijurídica de un sujeto,es decir,por ser considerado una persona potencialmente peligrosa: «El varón es un sujeto agresor y peligroso por naturaleza al que la sociedad ha de tratar como enemigo en potencia, en previsión de conductas reprobables».

En palabras de Fernando Otero Alvarado, ABC (Sevilla) 8/08/2013: «No se quieren enterar que sus políticas discriminatorias –máxime las “positivas“ – generan trágicas injusticias para miles de hombres y niños».

Aunque, pensándolo bien, amigo Alvarado, sí se enteran, lo que ocurre es que el poder se retiene comprando votos, una práctica de aquellos caciques que recorrían las aldeas purazo en boca dando duros de plata a cambio del voto. Claro que los tiempos avanzan una enormidad y ello se hace a día de hoy bajo la soflama de feminismo de género made in Spain, un negocio clientelar que mantiene a las mujeres en un estado vegetativo, que frena su progreso con vistas a mantener ese caladero de votos cuantas más legislaturas mejor.

El feminismo de género made in Spain es como chicle que se estira, mientras ello sucede una casta de políticos sin escrúpulos mangonean este país y las vidas de millones de mujeres, varadas en un idealismo huero, pasan del esplendor de la juventud a esa tierra de nadie de la madurez a la que espera el anochecer de una vida marcada a fuego por una colosal tomadura de pelo.

Cabe entender que el feminismo es otra cosa, nunca puede ser lo que es en esta España de charanga y pandereta, que diría don Antonio Machado: Un negocio a costa de la mujer, en nombre de la mujer, pero sin la mujer.

José R. Barrios