Tercer Paso.

Refuerzo del control de la cámara legislativa y desarticulación de la oposición. Se emprende la reforma del reglamento de la cámara, se impide la presencia de diputados opositores en sus órganos administrativos y de gestión, se ponen trabas a las sesiones de la cámara que tengan por objeto el control y las críticas al Ejecutivo o se impide que éste tenga que dar cuentas a la cámara sobre sus decisiones, sobre sucesos cotidianos o denuncias de la oposición.

Paralelamente se ponen en marcha las medidas necesarias para abatir la independencia del poder judicial, dando forma a una nueva estructura judicial encabezada por tribunales especiales. De tal manera se suplanta la justicia ordinaria por la justicia revolucionaria. Se inicia el relevo y sustitución de jueces y fiscales que pasan a ser designados y a depender directamente del Ejecutivo. Mientras, la cámara legislativa –ya controlada- emprende la reforma de los códigos de justicia (especialmente del código penal).

Asimismo, las fuerzas de orden (policía y ejército) quedan subordinados al Ejecutivo y convertidas en cuerpos armados al servicio de los partidos de la coalición izquierdista. A ellos se unen grupos paramilitares, terroristas y milicias.

Tras las elecciones de febrero de 1936, por el método de revisión de actas y repetición de elecciones en diversos distritos, el Frente Popular pasó a obtener mayoría absoluta y a controlar la Cámara. Los diputados de las derechas vivieron aquellos meses en una permanente amenaza.

Las primeras medidas tomadas por el Ejecutivo de la II República Española fueron la Reforma del Reglamento de las Cortes y sus órganos, ocupados por la izquierda, y la aprobación de un nuevo código penal en 1932. El 15 de abril las Cortes aprobaron la ley de nombramientos de gobernadores civiles, directores generales y subsecretarios y el 8 de mayo aprobaron la Ley de designación de jueces y fiscales. Todos estos nombramientos pasaban a depender directamente del Ejecutivo. Desde febrero de 1936 también fueron sustituidos los tribunales ordinarios por tribunales populares y revolucionarios.

En el caso de Chile, Allende puso en marcha una reforma constitucional para que el Congreso quedase facultado para aprobar enmiendas a la Constitución por mayoría simple. Al mismo tiempo presionaba a las Cámara con algaradas en las calles. El Ejecutivo gobernaba por decreto atropellando sistemáticamente las leyes y la Constitución. Igualmente, Allende se abalanzó sobre el poder judicial.

El “punto de no retorno” fue cuando los jueces ordenaron la devolución de varias industrias y propiedades, expropiadas por el gobierno, a sus propietarios legítimos. Esta decisión ponía en peligro la esencia ideológica del Ejecutivo de Unidad Popular y cuestionaba las leyes de Propiedad Social. Allende ordenó a la policía que no procediese a los desalojos ordenados por los tribunales.

Allende no había conseguido el control total de las Congreso que aún pudo revelarse. El 23 de agosto de 1973 el Congreso y la Corte Suprema dirigieron a Allende una Declaración en la cual se hacía una síntesis de los delitos: le acusaban de anular la separación de poderes y sustituirlos por organismos paralelos dirigidos por el gobierno, de saltarse la constitución, de reformar los códigos para dar cobertura legal a un nuevo régimen totalitario. La Declaración exhortaba a la nación a que fuesen restablecidos la Constitución y el orden.

En Venezuela, el camino fue similar, aunque más burdo. Hugo Chávez hizo una nueva constitución (1999), la Ley Habilitante para la expropiación de bienes, diversas regulaciones para eliminar los medios de comunicación críticos, la Enmienda 1 por la cual se suprimía la limitación de mandatos presidenciales y la reforma de la Ley de Partidos.

En cuanto al control de las fuerzas policiales y militares, así como la formación de milicias. En el caso de España, con la primera reforma de Casares Quiroga (1931) se reforzaba la dependencia política de la estructura de mandos de la guardia de asalto para convertirla en policía política. Se formó el cuerpo de vigilantes de caminos para sustituir a la guardia civil yse dio “carta blanca” al cuerpo de investigación y vigilancia –policía política- dependiente del Ejecutivo. Todos estos cambios quedaron blindados con la Ley de Orden Público (1932). En febrero de 1936 se constituyó el Comité de Salud Pública encargado (no solo) de la depuración en toda la Administración del Estado. El ejército fue depurado con la reforma militar de Azaña.

Desde el inicio de la Segunda República los sindicatos y partidos de izquierda tenían milicias militarmente organizadas e incluso armadas: CNT, PSOE, UGT, FAI, PSUC, ERC, PNV. Ya las habían utilizado en el golpe de estado de 1934 y durante toda la República, en la diversidad de actos terroristas y asesinatos así como extorsiones, chantajes, intimidaciones y usurpaciones de propiedad privada.

El 19 de julio de 1936 el presidente del gobierno José Giral ordenó repartir armas y legalizar el reparto ya realizado en muchos lugares. Se desató abiertamente el terror organizado por los partidos y sindicatos, con conocimiento y aliento e incluso dirección de los gobiernos central, regionales y locales. En los últimos 10 días de julio se sucedieron miles de detenciones arbitrarias y de asesinatos. El coche fantasma ya actuaba a plena luz del día. Los partidos y sindicatos tenían organizados sus propios sistemas carcelarios, mazmorras de tortura y asesinato legal: las Checas.

En Chile, Allende no había conseguido el pleno control de la Cámara legislativa ni del poder judicial. En vista de la resistencia que oponían Allende concibió una insurrección armada con soporte de los agentes y elementos castristas en Chile, con el fin de imponer un régimen marxista (Plan Zeta). Además de los elementos castristas el gobierno toleraba complaciente las acciones del MIR que dirigía las algaradas callejeras, amedrentando a vecinos y comerciantes. El MUI y el FER se encargaron del control de las universidades y centros de enseñanza media, del control de campesinado se encargó el MRC y el FRP. La situación llegó a tal punto que tras la declaración conjunta del Congreso y la Corte Suprema (23 de agosto de 1973) la junta de jefes de estado mayor inició, en todo el territorio, un operativo militar para dar cumplimiento al mandato del Congreso y la Corte Suprema.

En Venezuela similar papel tienen Milicias Populares Bolivarianas, Las Unidades Populares de Defensa Integral (UPDI) y los Colectivos que controlan hasta los más pequeños detalles de la vida ciudadana en los barrios de las ciudades (quienes son los vecinos, sus tendencias de todo tipo, sus oficios, amistades…) imponiendo el terror.