VOX, como acusación popular, instó en febrero de 2017 a la investigación de unos hechos que podían ser constitutivos de delitos muy graves. Posteriormente se comprobó que estos delitos se venían preparando y cometiendo de manera continuada desde 2012, con especial incidencia en el intento de referéndum ilegal de 2014 (en el que iniciaron acciones judiciales por las que fue condenado Artur Mas). La comisión de esos delitos se hizo aún más evidente con el referéndum ilegal del 1 de octubre, y la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.

Los tres graves delitos de los que VOX acusa a los encausados son:

1.- Rebelión



La rebelión, el delito más grave que se puede cometer contra el orden constitucional, se describe en nuestro ordenamiento jurídico (artículo 472 del Código Penal) como el hecho de alzarse violenta y públicamente para fines como el de derogar o suspender la Constitución, o declarar la independencia de una parte del territorio nacional. En nuestra opinión es claro que se ha cometido este delito al menos dos veces:
- El 20 de septiembre de 2017, con el intento de toma de la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, ante el registro judicial al que estaba siendo sometida, y
- El 1 de octubre de 2017, con la convocatoria ilegal de un referéndum de independencia y la posterior declaración de independencia del 27 de octubre.
La acusación popular pide la condena máxima de 25 años por cada uno de los dos delitos de rebelión cometidos por los acusados.

2.- Organización criminal



Para que una organización sea considerada criminal, nuestro ordenamiento jurídico prevé que concurran las siguientes circunstancias:
- Que exista una jerarquía.
- Que exista un reparto de funciones.
- Que exista un mismo fin delictivo.
Nos parece evidente que los acusados reúnen los tres requisitos. El fin delictivo es claramente la secesión ilegal, la ruptura de España, es decir, la rebelión más arriba descrita. En cuanto a la existencia de una jerarquía y un reparto de funciones, gracias al descubrimiento durante un registro de la llamada "Agenda Jové" y del documento "Enfocat" ha quedado acreditado que existía dicha trama y la estructura que tenía.  Josep María Jové, mano derecha y según la Guardia Civil "cerebro" ejecutor de los planes de Oriol Junqueras, tenía documentada en su agenda la trama perfectamente jerarquizada según el siguiente reparto de funciones:

La trama ejecutiva. Esta estaba formada por el gobierno de la Generalidad de Cataluña, con especial incidencia en los siguientes casos:

- Carles Puigdemont, presidente de la Generalidad y cerebro de la organización criminal.
- Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalidad, quien dispuso de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para financiar la rebelión.
- Raúl Romeva, responsable de exteriores, y urdidor de la trama escondida en el servicio Diplocat, que utilizaba las oficinas comerciales de Cataluña en el exterior para propagar la ideología del golpe, y regar con dinero público a medios de comunicación extranjeros para obtener su favor mediante inversiones publicitarias millonarias.
- Josep Forn, responsable de Interior, quien puso los Mossos, la fuerza del orden equivalente a la policía en Cataluña, al servicio de la rebelión.
El resto de los miembros del ejecutivo, que colaboraron y lideraron la rebelión en sus respectivas áreas.

La trama legislativa. Estaba liderada por la Mesa del Parlamento de Cataluña y fue la encargada de crear la legislación que diera acogida formal al golpe de estado. Presidida por Carme Forcadell, produjo documentos tales como el Libro Blanco de transición a la República, o las leyes de transitoriedad, del referéndum, etc.

La trama civil. Regada con dinero público, las asociaciones como Omnium o la ANC lideradas por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, la AMI (Asociación de Municipios para la Independencia) o a las fuerzas de choque callejeras como los CDR.
La acusación popular pide la condena máxima de 12 años por el delito de organización criminal cometido por los acusados.

3.- Malversación de caudales públicos



Todo lo anterior fue posible gracias a la utilización de fondos y caudales públicos de los que disponía la organización criminal por ser cargos electos que manejaban presupuesto público a cargo de todos los contribuyentes españoles.  Es por este delito por el que finalmente se unió a la causa la Abogacía del Estado, ya en febrero de 2018.
La acusación popular pide la condena máxima de 12 años por el delito de malversación de caudales públicos cometido por los acusados.

CONCLUSIÓN

La iniciativa de VOX en febrero de 2017 como acusación popular fue la que permitió detener el intento de golpe de Estado contra España a cargo de unos políticos separatistas que cometieron graves delitos. El papel de VOX fue determinante en el inicio de las acciones judiciales en respuesta a los delitos cometidos.  Celebramos la incorporación al proceso judicial de la Fiscalía General del Estado desde octubre de 2017 y de la Abogacía del Estado en febrero de 2018. Se trata sin duda del proceso judicial más importante desde la promulgación de la Constitución Española de 1978.
Ninguno de los acusados ha sido traído ante la Justicia por sus ideas políticas.  En España existe libertad política y en esa esfera cualquiera puede defender sus ideas. De hecho, VOX combate las ideas separatistas en la esfera política.
Sin embargo, cuando los acusados -valiéndose de su condición de cargos públicos- pasaron a cometer algunos de los delitos más graves que se pueden cometer sin derramamiento de sangre, es cuando se les ha dado la correspondiente respuesta judicial. Por lo tanto, todos ellos van a ser juzgados ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, máxima instancia judicial española, por los graves delitos que han cometido y no por sus ideas. 
Para los acusados de mayor responsabilidad en este caso, la acusación popular pide la condena máxima de 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, un delito de organización criminal y un delito de malversación de caudales públicos.