La creación de estos juzgados, verdaderos santuarios de culto y veneración a la Ideología de Género, ha supuesto una total reestructuración del organigrama judicial, para lo que ha sido necesario un severo ajuste en la legislación orgánica y judicial, de ahí que la LIVG dedique parte de su articulado a modificar determinados preceptos de la LOPJ y de la LEcrim, a fin de intentar, sin conseguirlo, despejar dudas sobre las desproporcionadas competencias de estas instituciones, dado el intenso y especializado poder juzgador que se les ha dado.

En ABC Andalucía, el 21/06/2014, en la pág. 40, la Presidenta del Observatorio de Género del CGPJ, Sra. Carmona, corroboraba lo que el sentido común intuye acerca de estas sedes inquisitoriales: «Hemos detectado que en los juzgados especializados hay más condenas porque están más sensibilizados».

Pero la cosa no queda ahí, sino que los jueces dictan sentencias a sabiendas de que sus resoluciones serán examinadas con lupa, lo que supone teledirigir y encauzar sus resoluciones judiciales conforme a propuestas y planteamientos ideológicos de género. Por otra parte, tampoco hay otra salida, dado que si la jurisprudencia está ideologizada cual árbol, los frutos que se obtengan de ella, sentencias, serán frutos ideologizados. Causa perplejidad y grande desconsuelo, como suma indefensión a todo varón español, que los principios de libertad y neutralidad de todo juez se vean condicionados, violentados y controlados desde el órgano máximo de la judicatura, y con ello la posibilidad de toda justicia justa, como se deduce de la noticia aparecida en el Diario de Sevilla un 4/4/2014, que dice: «El CGPJ va a realizar un análisis de las sentencias desde 2009 para comprobar cómo se está aplicando la Ley Integral sobre Violencia de Género (LIVG)».

La «competencia objetiva» de estos Juzgados de Género se describe en el apartado 1º del art. 87 ter de la LOPJ, según redacción dada por el art. 44 LIVG, es decir:

a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.

b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior.

c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.

d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado.

La «competencia en asuntos civiles» de los juzgados de género (apartados 2º y 3º del art. 87 ter de la LOPJ) puede provenir de la misma materia en la que se especializan estos juzgados, de los sujetos que se deben juzgar en ellos (hombres) y del modo de inicio de actuaciones.

Los temas de carácter civil sobre los que puede decidir un JVG son, entre otros, los referidos a filiación, maternidad y paternidad; separación, divorcio y nulidad; guarda y custodia y alimentos de hijos e hijas menores, relaciones paterno filiales y adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar.

 

José R. Barrios