VOX presentó ayer ante la Audiencia Nacional una denuncia contra los alcaldes de Hernani y Oñate y contra EH Bildu por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Esta demanda se produce después de que el pasado sábado, 27 de julio, se celebrara en Hernani un homenaje al ex número dos de ETA, José Javier Zabaleta Elosegi, alias 'Baldo', tras salir de prisión después de cumplir 29 años de condena. Al día siguiente, las calles de la localidad de Oñate fueron testigos de la celebración del excarcelamiento de Javier Ugarte Villar, condenado por el secuestro de José Ortega Lara, por lo que ha pasado 22 años en prisión.

Debido al historial delictivo de los dos terroristas, estos hechos constituyen un enaltecimiento de los actos que llevaron a cabo los mismos, y que fueron motivo de sus condenas (más de 200 años) por terrorismo y asesinatos. Por ello, VOX considera que se deberá investigar quiénes han sido los organizadores y quiénes han dado soporte, publicidad y difusión a estos acontecimientos.

La colaboración en la preparación y celebración de los actos por parte de ambos Consistorios se torna un elemento esencial de los mismos, ya que durante las celebraciones se pudieron ver por las calles de ambas localidades,banderas con la Ikurriña y gritos a favor de la liberación de presos de ETA. Los Ayuntamientos de ambos municipios están gobernados por EH Bildu.
 

 Además de los artículos 578, 579 bis y 580 del Código penal, VOX fundamenta su denuncia en la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que estando acreditado que las condenas penales de José Javier Zabaleta Elosegi y Javier Ugarte Villar se derivaban de conductas terroristas, la alabanza o justificación de estas acciones son una concreta manifestación del discurso del odio por justificar el recurso a la violencia para la consecución de objetivos políticos, por lo que  comportamientos de ese tenor no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión.
 

VOX mantiene que estas acciones deben quedar excluidas de todo amparo legal y debe decaer cualquier derecho fundamental de expresión o libertad pues tratándose de terrorismo, éste constituye "la más grave vulneración de los derechos humanos de la comunidad que lo sufre".