Durante estos días en los que se ha conocido el encarcelamiento de Ignacio González y la dimisión de Esperanza Aguirre, los dos últimos presidentes populares de la Comunidad de Madrid, han sido muchos los madrileños que han rememorado el penoso episodio que dio nacimiento a esta etapa negra de la política en nuestra región: el tamayazo.

Desde el mismo mes de junio de 2003, cuando se perpetró aquel golpe antidemocrático, la gran mayoría de los madrileños concluyeron con buen juicio que las motivaciones de sus protagonistas estaban relacionadas con la corrupción. La conducta de los personajes y las evidencias del entramado revelaban con claridad que aquello se había montado para frustrar el Gobierno decente que habían votado los madrileños, y para dar paso a otro Gobierno con intenciones bien distintas y contrapuestas.

Las informaciones conocidas ahora a propósito de la operación Lezo, sumadas a las ya sabidas sobre Gurtel, Correa, Púnica y demás, ayudarán a muchos a entender aún mejor el qué y, sobre todo, el por qué de aquella operación. Los Ignacio González, Francisco Granados, Alberto López Viejo, Ricardo Romero de Tejada y demás conspiraron para abrir la mayor etapa de saqueo y rapiña sobre las arcas públicas que se ha conocido en nuestro país desde la recuperación de las libertades.

Ojalá el desarrollo del proceso judicial contribuya además a constatar los detalles del quiénes, del cómo y, sobre todo, del cuánto, en torno a aquel lamentable episodio. Los madrileños merecen saberlo, y los culpables merecen ser debidamente castigados.

Rememorar aquellos días aciagos no me provoca ninguna frustración personal, frente a lo que piensan algunos. La frustración es doble, pero tiene que ver con el presente y el futuro de los ciudadanos de mi Comunidad. La primera frustración es por el daño infligido sobre la propia democracia y su credibilidad. Los madrileños comprobaron cómo se puede torcer a golpe de talonario la voluntad democrática expresada limpiamente en las urnas. No es una buena enseñanza.

La segunda frustración está relacionada con la vida de mis conciudadanos. El saqueo de los corruptos se cebó en la especulación sobre el suelo de Madrid, en el inflado de la burbuja inmobiliaria, en el latrocinio sobre los contratos públicos, en la privatización de servicios públicos que atienden necesidades sociales básicas… ¿Hasta qué punto un Gobierno decente podría haber mejorado la vida de los madrileños? Quiero pensar que mucho, y ese pensamiento resulta frustrante.

Pero entretanto se constata el por qué y se van aclarando el quiénes, el cómo y el por cuánto, conviene ir resolviendo las responsabilidades políticas. Aguirre, la “jefa”, ha dimitido ya. Pero Cifuentes tiene que dar cuentas también por su papel en la trama, el activo y el pasivo, porque formó parte de la dirección del PP y de su grupo parlamentario mientras se consumaban las fechorías.

Y ahora la carga de la prueba recae especialmente sobre Ciudadanos. Resulta contradictorio hasta lo insoportable el presentarse ante la ciudadanía como una fuerza política regeneradora de la vida pública y sostener al mismo tiempo un Gobierno del PP corrompido hasta el tuétano en Madrid. O se sopla o se sorbe…