Tras la teórica disolución de ETA, se han podido escuchar las voces de muchos de los que desean un cambio en la política penitenciaria para acabar con la dispersión de los etarras presos, de modo que puedan cumplir el tiempo restante de sus respectivas penas en establecimientos penitenciarios del País Vasco. Los argumentos que utilizan para defender esa posibilidad es la ausencia de peligrosidad de esos convictos tras la extinción de la banda y la reinserción social.

Es cierto que el artículo 25 de la Constitución establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social de los presos. Sin embargo, el alcance de este precepto es limitado, ya que, como indica la Sentencia del Tribunal Constitucional 54/2012, de 29 de marzo, “el art. 25.2 CE no contiene un derecho subjetivo, ni menos aún un derecho fundamental, susceptible de protección en vía de amparo, sino tan sólo un mandato del constituyente al legislador y a la Administración penitenciaria para orientar la ejecución de las penas privativas de libertad (por todas, SSTC 115/2003, de 16 de junio, FJ 3; y 299/2005, de 21 de noviembre, FJ 2)”. La misma resolución también señala que “el art. 25.2 CE no establece que la reeducación y la reinserción social sean las únicas finalidades legítimas de las penas privativas de libertad ni, por lo tanto, que haya de considerarse contraria a la Constitución la aplicación de una pena que pudiera no responder exclusivamente a dicha finalidad (por todas, STC 167/2003, de 29 de septiembre, FJ 6)”. En cualquier caso, hay que diferenciar la reeducación de la reinserción, pudiendo decirse que, sin la primera, la segunda no puede existir, aunque hay algunos casos en los que la primera concurre y resulta insuficiente para lograr la segunda.

Para lograr la efectiva reeducación de los etarras presos, es necesario alejarlos del entorno que estuvo controlado por ETA y que ahora puede estar siendo controlado por personas que formaron parte de la banda y que mantienen las ideas que defendía su organización. De otro modo, será imposible que los presos etarras puedan asumir sus errores y corregirlos mediante la comprensión del reproche por las conductas que ocasionaron las sanciones penales que se impusieron. Además, es cierto que cambiar la política penitenciaria para suprimir la dispersión carcelaria generaría, a partir de los obstáculos para la reeducación de los etarras presos, el riesgo de resurrección de la ETA o, al menos, el peligro de que se pueda producir el mantenimiento y el fortalecimiento de su ideología, de modo que muchos de los que fueron miembros podrían plantearse reanudar sus actividades delictivas si se hubieran radicalizado más aún por convivir con viejos compañeros que les pudieran ayudar a recordar y a sentir como correctas las finalidades por las que comenzaron a crear el terror entre los ciudadanos.