Tomo de base el artículo publicado por Ignacio Vidal-Folch en El Español y estoy de acuerdo en que el transporte público en coche, en España, estaba perfectamente regularizado. Acaso necesita algún retoque, como una mayor persecución de los mangantes que hacen dar vueltas innecesarias a los clientes extranjeros que van del aeropuerto a la ciudad. Salvo pequeños detalles como este, era, un servicio rápido y de una eficiencia ejemplar. Una de las cosas que funcionan bien en España. A diferencia de lo que pasa en otros países, especialmente en algunos estados de EEUU, el servicio de taxi en España era --todavía es-- fiable, razonablemente económico para el usuario y está regido según parámetros de humanidad y dignidad para las familias de los miles y miles de trabajadores autónomos que pagan su licencia y sus impuestos. Los impuestos que devengan por su trabajo revierten en la economía nacional.

No hay, pues, ningún motivo razonable para, derogando con artimañas la legislación vigente, abrir el servicio del transporte sobre cuatro ruedas a ninguna empresa, norteamericana o "global", que ofrece servicios "más baratos" --durante algún tiempo--. Que es lo que entre nosotros se llama "liberalizar el sector".

"Liberalizar el sector" es el eufemismo que utilizan ciertas plumas para describir lo que en realidad es un rápido proceso de sustracción de los caudales españoles que ahora van a la Hacienda pública común para traspasarlos a unos empresarios y accionistas de California, con sede fiscal en Holanda y en otros paraísos, sin que les importe hundir la ya precaria economía de docenas de miles de familias españolas que dependen del sueldo de los conductores que se pasan largas jornadas de trabajo sentados tras el volante.

Es como el que dice: 

-Oye, pues yo he llamado alguna vez a Cabify, y la verdad es que te atienden muy bien. Vienen en seguida y además no ponen el Carrusel Deportivo en la radio.

Y no sabe ver que le está metiendo la mano en el bolsillo y sustrayendo la cartera esa chica tan mona. Se queda con el besito que le ha dado para despistarle mientras le susurraba: "Eres taaaan atractivo...". A lo mejor cuando ya no existan los taxistas tradicionales y a él le suban los impuestos comprenderá que la chica era una carterista y que de alguna manera hay que mantener a los miles de desempleados que habrá enviado al paro su pequeño esnobismo de circular en un coche de Uber sin carrusel deportivo.

La tolerancia suicida o la complicidad con Uber, como antes con Airbnb, con Amazon y con las demás grandes empresas de la economía digital --según el modelo de desregulación de la economía global-- es un paso más en el empobrecimiento de un sector económico tras otro, conduciendo a la ruina, si no a la desaparición, a diferentes colectivos de la clase obrera. Y debilita a la clase media hasta que esta desaparezca también mientras se les mete en la cabeza que, de todas maneras, estaban condenados a desaparecer y se les promete, como consolación, que si sus hijos se hacen ingenieros informáticos a lo mejor se salvarán.

Esto no es una visión apocalíptica personal sino una realidad evidente que en el pensamiento social todos tienen muy claro, no lo discute nadie. Por eso extraña que los partidos de izquierdas, y más concretamente el Gobierno (supuestamente socialista...) o, en su defecto, cualquier otro representante político de esos tan nacionalistas --españoles o catalanes-- que hoy tanto abundan, no cojan este toro por los cuernos y salgan a las calles donde los taxistas oponen una resistencia esforzada y admirable a la revolución digital, y les digan, comprometiéndose delante de las cámaras, lo que el título de este artículo resume: "Tenéis toda la razón. Defenderemos vuestros puestos de trabajo, garantizaremos el pan de vuestros hijos. Sois la última trinchera ante una deriva repugnante del capitalismo desorejado".

Estarán ocupados en otras cosas más importantes, aunque no se me ocurre cuáles puedan ser. Acaso preparándose para las elecciones y esas cosas.

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