Ante la decisión del poder judicial de acordar la suspensión cautelar de la licencia urbanística denominada “informe preceptivo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial” de fecha 26 de noviembre de 2018, que fue realizado con el informe del aparejador de dicho Ayuntamiento a la vista del que realizó el funcionario del Museo del Prado nombrado ad hoc por el Presdiente de PN, Pérez de Armiñán, para este cometido a instancias del Ministerio de Justicia, habida cuenta de las múltiples irregularidades y peligro para la vida e  integridad de los trabajadores, los monjes y de los visitantes como consecuencia de la obra que habría de realizarse y que hubiera exigido la elaboración de un proyecto arquitectónico y de la preceptiva evaluación de riesgos laborales, esta Fundación no puede más que, no sólo mostrar el respeto a la independencia judicial que adopta la resolución en el seno de un proceso contencioso-administrativo para el que tiene competencia y jurisdicción, sino mostrar su total repulsa a la actitud antidemocrática y contraria al estado de derecho de la que está haciendo gala el gobierno que, en un pleito en el que no es parte, está realizado muestras de desaprobación y crítica  escrita y verbal descalificando al magistrado titular del Juzgado que ha resuelto de manera independiente -no según los arbitrarios postulados del gobierno del Sr. Sanchez con relación a este tema- y sometido únicamente al imperio de la ley. Lo grave es que estos ataques no lo son en lo jurídico -pues el auto es impecable- sino en lo personal. 

 

A pesar de que la FNFF no es parte en dicho proceso (sino que lo es un vecino en ejercicio de la acción pública en dicha materia urbanística) no podemos mas que estar de acuerdo con lo resuelto por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n° 3 de Madrid, pues combina la pulcritud jurídica exponiendo y razonando las razones que la jurisprudencia establece para poder adoptar una medida cautelar, sino que esgrime, entre otras, lo que esta Fundación expuso en las alegaciones definitivas al expediente de exhumación, donde indicábamos las tremendas ilegalidades en esta materia, máxime cuando la ficha urbanística del Valle de los Caídos impide llevar a cabo ninguna obra como las relacionadas con la exhumación proyectada del cadáver embalsamado del Generalísimo, sin la aprobación del correspondiente plan especial, que se ha obviado a propósito “por las prisas” en presentar como “bandera” la afrenta profanadora.

 

Parece mentira que un gobierno integrado por dos magistrados y una fiscal sea tan irrespetuoso con el Poder Judicial y, sobre todo, con lo que representa para el Estado de derecho al que constantemente está ignorando y atacando. Esto no se puede sostener ni tolerar en una democracia. El Consejo General del Poder Judicial debe sacar una nota en defensa de la independencia judicial y amparando al Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3 de Madrid que está siendo atacado simplemente por dictar una resolución jurisdiccional que, casualmente, no es del agrado de quienes quieren cometer un delito de profanación blanqueado como una ilegal exhumación acordada vía decretazo para justificar su legitimación en el poder, ya con fecha de caducidad (para bien de los españoles y del estado de derecho).

 

Parece mentira y da mucha pena. Están como locos. No saben cómo llevar a cabo sus tropelías. Pero chocan con la ley y el poder judicial independiente, es decir con el estado de derecho y se permiten el lujo de llamar “trabas del entorno del dictador” a lo que es “tutela judicial efectiva” instada, en este caso, por un ciudadano en ejercicio de la acción pública urbanística. Esto es vergonzoso y antidemocrático.