Durante estos días se han divulgado dos informaciones que de forma aislada golpean duramente la conciencia colectiva, pero que asumidas de manera simultánea constatan el fracaso definitivo del modelo social instaurado por la hegemonía derechista en España.

El trasiego de “arrepentidos” del PP por los tribunales de Justicia, más que revelador, está resultando impúdico. El exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ha sido el último. El otrora referente de la todopoderosa derecha levantina no ha buscado eufemismos para reconocer que su partido se financiaba con “dinero negro” procedente de mordidas empresariales.

En paralelo, y con ocasión de la tradicional reunión de poderes económicos en Davos, la ONG Oxfam-Intermón ha dado a conocer algunos datos reveladores sobre la situación socioeconómica de España tras la gestión de la crisis por el Gobierno Rajoy. Hasta el 28% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza, por percibir menos del 60% de los ingresos medios y por carecer de acceso seguro a los elementos materiales que proporcionan una vida digna.

Entretanto, la Legislatura vigente, que nació tarde y mal, languidece en su agonía. El Presidente no tiene más plan que aguantar y aguantar, a la espera de que los problemas se resuelvan por sí mismos o acaben pudriéndose ante la resignación general. Sin programa y sin equipo creíble, el Gobierno no gobierna y bloquea cualquier iniciativa de la oposición, haciendo uso abusivo y fraudulento de la prerrogativa constitucional del veto presupuestario.

Paradójicamente, el sustento más seguro y eficaz para Rajoy es Puigdemont. La función cómica cotidiana de ex honorable contribuye a camuflar jornada tras jornada las peores consecuencias de la acción y la inacción del Gobierno español. La amenaza secesionista frena, además, los reprochatorios al PP en la medida en que tiene la responsabilidad de dirigir la supervivencia misma del Estado de Derecho.

El enfado y la frustración de la ciudadanía son perfectamente comprensibles. Los problemas se acumulan sin solución, los escándalos se suceden sin asunción de responsabilidad y las instituciones parecen inermes para ofrecer respuestas. Es el caldo de cultivo ideal para que prosperen populistas y oportunistas, morados o naranjas.

Los “arrepentidos”, además, parecen sucederse sin fin. La semana pasada fue el empresario Marjaliza el que reconocía las comisiones millonarias que se repartía con el exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados. Antes de ayer fueron Correa, Crespo y el “bigotes” quienes describían sin sonrojo el saqueo del presupuesto público. Ayer era Pedro J. Ramírez el arrepentido por solicitar siete veces el voto al PP, tras las revelaciones de sus “cuatro horas con Bárcenas”. Y ahora es Costa el que deja en evidencia a toda la cúpula popular.

Y si los escándalos de corrupción no paran, en paralelo tampoco lo hacen las evidencias del crecimiento de la desigualdad y la injusticia social en nuestro país. El mencionado informe Oxfam refleja también que España es el quinto país de Europa en cuanto a desigualdad de ingresos, solo por detrás de algunos países del este. Y cerca del 14% de los asalariados españoles viven en la pobreza, dada la precariedad de sus contratos y lo eximio de sus sueldos.

O paramos esto pronto o el daño producido sobre la credibilidad de nuestras instituciones democráticas será pronto tan profundo como irreversible.