Las personas que son condenadas a cumplir una pena de prisión ingresan en el establecimiento penitenciario correspondiente con finalidades relacionadas directamente con la reeducación y la reinserción social. Sin embargo, son bastantes los casos en los que resulta imposible lograr que una persona se integre adecuadamente en la sociedad y eso tiene consecuencias desastrosas para todos.


Rafael Robles García huyó de la Administración de Justicia cuando pudo, aprovechando un permiso penitenciario, aunque fue capturado finalmente. En su viaje por el territorio de Extremadura, secuestró a un padre y a su hijo de 11 meses y mató a Manuel Tejeda, cuyos familiares reclaman 200.000 euros al Estado por los daños ocasionados por la concesión del permiso al autor del crimen que les perjudicó, cuyo historial de conductas, que incluía una larga lista de graves delitos y una fuga con aprovechamiento de un permiso penitenciario anterior, debería haber servido para rechazar la salida temporal de la prisión de Badajoz.

 

El ordenamiento jurídico español recoge varias reglas relacionadas con el resarcimiento de los daños ocasionados por errores judiciales o por el mal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Los preceptos más importantes son:

  • - El artículo 121 de la Constitución Española establece que “Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”.

 

  • - El artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que “Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del estado, salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este Título”. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

 

  • - El artículo 139 de la Ley 30/1992 indica que “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.


El problema es que son muchos los errores cuyas consecuencias son irreparables. Por eso, resulta esencial lograr evitar los daños que se puedan producir por el ejercicio de la función jurisdiccional. Para conseguir el cumplimiento de ese objetivo se necesita:

  • - Que haya medios personales y materiales suficientes para que no exista saturación por exceso de asuntos.

 

  • - Que los medios existentes sean adecuadamente aprovechados por los profesionales, que deben ser conscientes de la importancia de su labor y de los efectos positivos y negativos que tienen sus actos.

 

Hay que analizar cada caso con mucha delicadeza y con razonamientos lo suficientemente sólidos, de modo que no haya duda sobre cuál es la decisión correcta. Esta metodología deberá aplicarse en todos los sentidos para no favorecer al que no debe ser beneficiado y para no perjudicar al que no ha obrado incorrectamente.