En este caso nos referimos al «Observatorio contra la Violencia de Género», el Ojo de Sauron, un ente dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presidido desde hace años por la Sra. Ángeles Carmona.

La tarea esencial del tal OBSERVATORIO es publicar GUÍAS con las que orientar las resoluciones judiciales de Jueces y Magistrados –véase la elaborada para convencerlos de la inexistencia del Síndrome de Alienación Parental (SAP) –, así  como también se encarga de analizar con lupa las Sentencias de Género.

 

En esta segunda tarea, tras analizar casi 500 sentencias, el Observatorio de Género redactó un informe que daba la voz de alarma al haber detectado que diez provincias españolas aún mantenían «la exigencia de demostrar un contexto de dominación del marido a la mujer para determinar que existía violencia de género», provincias tales como Álava, Albacete, Castellón, Córdoba, Lérida, León, Teruel, Murcia, Valencia y Zaragoza, lugares en los que aún se respetaba la presunción de inocencia.

 

Pero como nada escapa a la mirada escrutadora de Sauron, este delator, controlador y censurador informe sin duda debió inquietar al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo cuando lo tuvo sobre su mesa procedente del CGPJ, de ahí que éste, de seguido advirtiese a la Sala de lo Penal de dicho Tribunal Supremo que elevara el asunto para su resolución en el Pleno.

El Mundo, el 13/01/2019, en una noticia a manos de Manuel Marraco, se hacía eco de este turbio asunto bajo el titular: «Diez audiencias provinciales exigían acreditar el machismo en la violencia de género».

No obstante, cabe entender una absoluta independencia del Poder Judicial y no llegar a entender lo que realmente muestra lo sucedido en este caso, esto es, el Poder judicial subyugado y a la orden de lo que dicta el feminista Poder Ejecutivo, mediando entre ambos el CGPJ, a su vez maniatado y condicionado por el Observatorio de Género.

Sea como fuere, el caso es que siendo ponente el Magistrado Vicente Magro, el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con 10 Magistrados a favor y 4 en contra, unificó criterio en una materia en la que las condenas venían siendo distintas según la provincia en que sucedían los hechos, de esta forma se eliminaba cualquier discrepancia resolutoria, se obviaba cualquier variabilidad jurisprudencial y se ampliaba el número de condenas al someter todos los casos a una jurisprudencia rígida, con lo que la presunción de inocencia que aún resistía en diez provincias, una vez más, quedaría abolida por completo.

Cada varón del país, pues, desde ese mismo momento, soportaría una nueva vuelta de tuerca en el garrote vil de género colocado en su cuello. Se trataba de una nueva sentencia del Tribunal Supremo, es decir, una sentencia perfeccionada, adjetivo que tanto gusta a la Sra. Carmona y demás altas cargas, y en la que textualmente se lee lo que sigue: «podrá condenarse sin necesidad de probar que la agresión a la pareja o ex pareja se produzca por su condición de mujer».

 

Además, haciendo gala de la conocida como pedagogía jurisprudencial y rindiendo  pleitesía al Poder Ejecutivo, sí, al Ejecutivo, el Alto Tribunal explicitaba en la sentencia de marras, resolución unificadora de doctrina de género, el caso más extremo, el de «una agresión mutua de pareja sin que se observen lesiones e iniciada por la propia mujer». En esos casos el hombre es condenado por «violencia de género» a pena de 6 meses de prisión y la mujer por «violencia familiar» a pena de 3 meses de prisión.

Una prueba más de las tantas que nos permiten mantener eso de que España es un Estado de No Derecho, sino un régimen nacionalfeminista.

José R. Barrios