“Si no le gusta RTVE, cambie de canal”. La respuesta del ministro Cristóbal Montoro al Grupo Socialista en el Senado va más allá de la descortesía parlamentaria y ralla en la desfachatez. En todo caso resulta significativa respecto a la consideración que para este Gobierno merecen las demandas de juego limpio en la radio televisión pública.

La invitación del ministro a cambiar de canal hubiera resultado justificada en el caso de que la interpelación versara sobre una empresa de su propiedad o de la propiedad de su partido. Pero la RTVE es una institución de todos los españoles, cuyo funcionamiento nos cuesta cerca de 1.000 millones de euros cada año y que nos abochorna cada día con su propaganda gubernamental y su sectarismo zafio.

El grado de manipulación es tal que ha obligado a los propios trabajadores de la radio televisión pública a organizarse y movilizarse en defensa de su profesionalidad. Periodistas, editores, corresponsales, técnicos… denuncian permanentemente las presiones que sufren para beneficiar al partido del Gobierno en el tratamiento de la información. Los comunicados públicos de los consejos de redacción son una constante llamada de auxilio, que debiera avergonzar a los actuales gestores del ente.

A las piezas sobre economía y empleo solo les falta el “We are the champions” como banda sonora. Las informaciones sobre corrupción van breves y al final si afectan al PP, y van a todo trapo y al principio si afectan a los partidos de la oposición. Las manifestaciones críticas con el Gobierno se ningunean, al tiempo que se magnifican las que acompañan los argumentos del ejecutivo.

Durante la última semana, la editora de los informativos en la delegación valenciana se ha visto obligada a dimitir, tras habérsele impedido la retransmisión de los insultos de la Secretaria de Estado de Comunicación contra unos manifestantes pensionistas. La primera alternativa es la auto-censura del propio profesional, pero cuando esto no funciona llega la censura directa.

Una de las primeras decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy tras su triunfo en las elecciones del año 2011 fue la de modificar la ley de RTVE impulsada por el Gobierno socialista, para sustituir la mayoría parlamentaria de dos tercios por la simple mayoría en la elección de los consejeros del ente público. Se finiquitaba así la etapa socialista de la RTVE de todos y para todos, con dirección elegida por consenso, y se daba paso, una vez más, a la etapa negra de la manipulación. De hecho, José Antonio Sánchez, actual Presidente, no se cansa de presumir  que es votante del PP.

Esa misma determinación lamentable está llevando al PP a bloquear la entrada en vigor de la nueva ley anti-manipulación de RTVE, aprobada en las Cortes a pesar del Gobierno, desde el pasado mes de septiembre. Los presidentes del Congreso y del Senado hacen uso de todo tipo de triquiñuelas dilatorias para aplazar la aplicación de la ley y asegurarse un tratamiento tan favorable a su partido como bochornoso para el conjunto de la sociedad española.

El desbloqueo en la aplicación de esta ley tiene que ver con la calidad misma de nuestra democracia. Se trata, incluso, de un imperativo moral.