Las autoridades españolas habían solicitado la extradición de García Juliá, que contaba con 24 años cuando fue condenado por la Audiencia Nacional a 193 años de prisión como autor material de cinco asesinatos, cuatro asesinatos frustrados y un delito de tenencia ilícita de armas.

García Juliá se fugó de España 14 años después del juicio, cuando se le concedió la libertad condicional.

Carlos García Juliá nació en Madrid en 1955. Hijo de un militar, intentó ingresar en la Academia General Militar de Zaragoza sin conseguirlo y cumplió su servicio militar como paracaidista en el Sáhara.

Desde muy joven estuvo vinculado a Fuerza Nueva y solía acompañar al líder de la Organización, Blas Piñar, en sus desplazamientos. Fue miembro de su servicio de seguridad y del de Raimundo Fernández Cuesta.

El 21 de octubre de 1979 participó junto con Luis Magaña, en un intento de fuga con el secuestro durante 12 horas del director de dicha cárcel, de su familia y de un funcionario.

Más tarde fue trasladado a la cárcel de Villanubla, Valladolid, y en diciembre de 1984, el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria de Valladolid le concedió un permiso navideño. A las pocas horas de su permiso fue detenido en Madrid y trasladado a la cárcel de Carabanchel, al suspender la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la concesión del permiso.

El 23 de septiembre de 1991, fue puesto en libertad condicional, tras pasar catorce años en prisión, por haber tenido una conducta intachable.

Durante su estancia en la cárcel estudió Psicología, Dirección de Empresas e idiomas. Y una vez en libertad, montó la empresa de seguridad "García y Febrel Asociados", con su socio y amigo, Jaime Febrel y Simon.

El 29 de septiembre de 1992, pidió perdón públicamente a los familiares de las víctimas del caso Atocha.

Dos años más tarde el 1 de diciembre de 1994, el juez José Luis Castro autorizó a García Juliá a residir y trabajar en Asunción (Paraguay). Pero el 9 de diciembre, el fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, Antonio del Hoyo, recurrió esa decisión del juez. Y el 25 de enero de 1995, el juez Castro le dio un plazo de un mes para que regresara y arreglara su situación después de haber anulado su decisión inicial de autorizarle a cumplir la libertad condicional en la capital paraguaya.

Sin embargo, según publicó la prensa, ya estaba en Asunción el 6 de septiembre de 1994, fecha en la que se presentó en la Embajada de España en Asunción, donde se inscribió como transeúnte, y envió una copia del contrato laboral a España.

Al parecer, el 12 de agosto había solicitado en la Audiencia Nacional su traslado por una oferta laboral, y a continuación se trasladó a Paraguay con un contrato de gerente de la naviera Traflumer.