Esta ha sido la excelente columna de Fernando Paz en El Debate:

Un conflicto cuyo origen se remonta a 2009 cuando Zapatero (¡vaya por Dios!) aprobó la llamada “Ley Ómnibus”, para adecuar la legislación española a las exigencias de la Unión Europea recogidas en la Directiva Bolkenstein, relativa a la libre circulación de servicios entre los Estados miembros de la UE, que supuso una cesión más en materia de soberanía nacional.

 
 

Dicha normativa derogó la hasta entonces vigente Ley de Ordenación de Transportes Terrestre de 1987, en la que la proporción de licencias entre los taxis y los servicios de vehículo con conductor era de 30 a 1. Sin embargo, en 2015, y ante las demandas de un taxi que sufría las consecuencia de la desregularización, el gobierno de Rajoy volvió a la situación de 1/30; la medida, empero, no se ha cumplido ya que, de 2009 a 2015, se habían emitido muchas de las licencias que en 2019 desequilibran dicha proporción.

Y hoy, lejos de solucionarse el desequilibrio, este está aumentando: en los últimos seis meses el número de licencias de VTC se ha incrementado un 70% hasta alcanzar las 12.500, mientras que las de taxi están en torno a las 65.000, en su mayoría de autónomos con familias a su cargo, muy lejos, pues, de la prometida ratio 1/30. .

Por otro lado, es evidente que las licencias de taxi se han convertido en una fuente de especulación debido al precio de las mismas y a su acumulación en pocas manos, que subvierte la idea de que debe haber una licencia por autónomo. La causa es la falta de regulación – y no lo contrario, como a veces se sugiere – en la transmisión de las licencias, el estancamiento en la concesión de nuevas licencias y la rigidez de los precios.

Pero, sobre ese panorama, se ha facilitado la actividad de las plataformas Cabify y Uber en competencia directa contra el taxi, una competencia que no parece leal: el sector del taxi debe hacer frente a unos gastos de licencia, seguros, impuestos y mantenimiento que les impide competir con los VTC, quienes en no pocas ocasiones incumplen incluso los escasos requisitos que a ellos se les imponen.

Habría, pues, al tiempo que se exige el cumplimiento de parámetros de calidad en el sector del taxi, que proteger a este de la competencia desleal de los VTC.

En su forma actual, el conflicto le debe no poco a la ya mítica impericia del ministro de Fomento, José Luis Abalos, quien traspasó el problema a las comunidades autónomas, lo que no ha hecho sino multiplicarlo. Brindándonos, de paso, el bochornoso espectáculo de una abdicación institucional generalizada, en ese transferir las responsabilidades de unas administraciones a otras.

En último análisis, el conflicto rebasa el ámbito de la regulación administrativa. De fondo, se contraponen dos modelos de sociedad: por un lado el de los globalistas, con su política en favor de las multinacionales; por el otro, el de los estados-nación, el de quienes defienden a los autónomos y a los pequeños empresarios como fuente de creación de riqueza y empleo.

Los VTC no aportan valor añadido alguno, y su capacidad de competir en términos favorables con el taxi se fundamenta en el distinto coste de las licencias de unos y otros, y en los menores salarios de los trabajadores de VTC. La competencia, en los términos actuales, no producirá a la larga sino una enorme precarización en el sector que redundará, exclusivamente, en el beneficio de las multinacionales.