Rafael J. Álvarez desvelaba en El Mundo (10/08/2019) cómo se reparte el dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: «Según un documento de la Secretaría de Estado de Igualdad del Ministerio de la Presidencia, la asignación de los fondos del Pacto de Estado, una partida consolidada de 20 millones de euros que el Consejo de Ministros de este viernes renovó para el año que viene, se reparte así: un fijo de 689 euros por municipio y una cantidad en función del número de habitantes, que supone 0,18 euros por persona. El dinero puede gastarse en campañas y actividades de prevención; unidades de apoyo para la asistencia social, psicológica, jurídica y laboral de las víctimas; formación de trabajadores; creación de Puntos de Encuentro; contratación de profesionales de la Psicología, Derecho, Trabajo Social o Educación Infantil, y refuerzo de la Policía Local».

Esta noticia de El Mundo es sumamente clarificadora de cómo el dinero de género se emplea en sostener un negocio en nombre del feminismo y a costa de las mujeres verdaderamente maltratadas a las que sólo llegan las migajas de un festín de gente sin escrúpulos. Porque precisamente, las más desatendidas son aquellas que más recursos necesitan de manera continua en el tiempo y no sólo puntual, por unos meses, mientras que miles de peritas de género cobran religiosa y puntualmente mes a mes. Por desgracia asistimos a una utilización mercantilista y despiadada de la mujer a manos de otras mujeres. A las primeras se las incita a denunciar, se les promete el paraíso, para más tarde dejarlas de la mano de Dios y seguir, las segundas, viviendo a su costa y en nombre del maltrato. Porque una vez ponga su denuncia la inocente de turno caerá en el más absoluto de los maltratos de Estado como es el olvido de su causa.

Y es que, una vez toda denuncia entre en la buchaca del feminismo a la española o feminismo de género, ésta engrosará mil y una estadísticas con las que justificar un machismo irreductible, para con tal embuste recibir más subvenciones y seguir engañando a nuestro socios europeos, ya que el dinero no se emplea en igualdad, sino en extrema desigualdad, como también en no frenar, con medidas razonables y eficaces, la crispación social entre sexos que, por el contrario, continuamente avivan al objeto de que la rueda del maltrato no pare.

Se trata de un desvergonzado e impune negocio a la sombra, pero que cada día que pasa se visualiza más, una industria que pide a gritos ser auditada, como a un mismo tiempo se deben delimitar las correspondientes responsabilidades politicopenales.

 José R. Barrios