Hace ya unos años, todo un Ministro de Justicia, en pleno ejercicio de sus delicadas y constitucionales funciones, se despachó con aquello de «las denuncias falsas son un coste asumible de la LIVG 2004». Más que un coste asumible, cabría puntualizar al señor López Aguilar –por cierto, enfermo del virus que él había ayudado a propagar, ya que fue denunciado en aquellos días por violencia de género, hecho que se prestó incluso al cotilleo jocoso– que se trata de un coste calculado y previsto, como también necesario por razones que se muestran evidentes, ya que la gran Teta de Género, esa que amamanta a diario a tanto y tanta cuentista del rollo ese del género, funciona con denuncias, ese y no otro es el combustible que mueve la Industria de Género, un negocio millonario y clientelar en nombre del feminismo, pero a costa de la mujer, incluso de sus vidas en algunos casos, otro coste igualmente tasado. Y más que denuncias falsas, Sr. López, se trata de delitos que requieren diligencia para ser abordados y ponerles coto.

 

El abogado Gerardo Rodríguez Acosta, experto en Derecho de Familia (La Razón, 15/04/2019), asegura que hay muchísimas denuncias falsas, más de las que se recogen oficialmente, y advierte que «cada una de ellas desencaja el sistema de protección de la mujer ante la violencia de género». Los jueces –prosigue Acosta– saben cuándo un letrado presenta una denuncia falsa, incluso existiendo informes médicos. La dificultad está en probar que está mintiendo. Lo más grave es que, cuando la mentira prolifera, se acaba perjudicando a «mujeres verdaderamente maltratadas» cuyas denuncias no prosperan por no poder acreditarlo suficientemente.

 

Veamos el histórico de denuncias de violencia de género interpuestas entre los años 2004 y 2015, según datos oficiales:

  

 

De 1.482.041 denuncias interpuestas se condenó a 177.994 hombres (12%). Ello apunta a que un 88% de las denuncias no terminaron en condena al hombre, lo que se traduce en que más de un millón de hombres fueron denunciados de manera irregular.

 

De ahí que podamos afirmar que sólo 1 de cada 10 denuncias contra un varón acaba en condena, de este modo se somete casi al 90% de los hombres denunciados a una innecesaria estigmatización social y a un enorme daño moral que debiera ser compensado con el patrimonio y rentas de quien denuncia, imponiéndose además la pena de prisión correspondiente, ya que denunciar en falso es un delito tipificado, aunque, a la vista está, no perseguido como debiera.

 

En esto, las feministas clientelares que de una u otra forma viven a la sombra del maltrato a la mujer, objetan que no hay hombres inocentes, sino que no se ha podido mostrar su culpabilidad, otra frase hecha para enredar, mentir y dejar que pasen los meses para poner la mano y cobrar un dinero que precisa no tener escrúpulos de ninguna naturaleza para con las de sus mismo sexo, las verdaderamente maltratadas abandonadas a sus suerte.

José R. Barrios