El ABC de 19/10/2019 recogía a modo de titular una maniobra ciertamente trilera que equivale al esperado indulto a Juana Rivas, si no, al tiempo. Otra vez el Tribunal Supremo se rendía al Poder Ejecutivo en lo que viene siendo una sumisión plena y manifiesta, máxime en un tema capital para el nacionalfeminismo español como es en este asunto concreto salvar de la hoguera y del escarnio público a una de sus estrellas mediáticas, la tal Juana Rivas, apoyada en su día incondicionalmente por presidentes del gobierno y ministras del ramo: «El fiscal del Supremo apoya bajar a la mitad la pena de Juana Rivas», escribe el citado titular.

 

Ahí tienen a la mismísima Fiscalía General del Supremo mordiendo el polvo, para ello empleando un trueque o dislocación de los principios jurisprudenciales que no tiene soporte, ni jurídico ni moral ninguno, sino descaro y desvergüenza propios de quien se siente a las órdenes y al dictado de una instancia superior como es el Poder Ejecutivo.

 

Si bien sobre Juana Rivas pesa una condena de cinco años por dos delitos de sustracción de menores, en el escrito que la Fiscalía ha remitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, solicita que sólo se aprecie un delito de sustracción de menores y no dos, con independencia de que fueran dos los hijos afectados, es decir, secuestrados, ocultados, impedidos por la fuerza de todo contacto con su padre.

 

La curiosa e insustancial argumentación que emplea la Fiscalía es la siguiente: «El bien jurídico protegido se centra en respetar las resoluciones  judiciales, dado que el interés jurídico del menor no está presente en la norma y no es propiamente el bien jurídicamente protegido, sino la necesidad de respetar las decisiones judiciales en casos de separación o divorcio el bien digno de protección». Esta argumentación, bienvenida sea, expresa a las claras la desprotección que tiene la Infancia en España y cómo se desdeña que un menor sea un bien jurídico a proteger en primera instancia y con prioridad. La niñez, en esta España feminista sectaria se ha convertido en un grupo social de alto riesgo, el niño que no es asesinado pasa a vivir con su madre una existencia de amargura a manos del Síndrome de Alienación Parental (SAP), dado que las custodias maternas no tienen ningún tipo de seguimiento o control por parte de los Equipos Psicosociales y el juzgado de referencia, como también se les niega la Custodia Compartida que les daría la posibilidad de criarse en contacto con su padre y con su madre tras el divorcio.

Pues ahí queda la brillante idea de la Fiscalía: El bien jurídico a proteger es una norma y no los dos menores secuestrados ¡Qué más da sin son dos o tres los niños ocultados por una madre, si su condena va a depender en exclusiva del incumplimiento de una norma, sin que tenga relevancia alguna el número de menores implicados en el hecho delictivo!, parece estar legislando el Supremo para futuros secuestros de proles más numerosas.

 

Al analizar este caso de trilerismo jurisprudencial, el sentido común  nos lleva a dos delitos simultáneos  de secuestro recaídos en dos menores distintos, objeto del juicio que se celebró en su día. Ha existido una lesión de derechos sobre dos menores y su padre, tres sujetos cuyos Derechos Fundamentales de relación, comunicación y convivencia han sido vulnerados y obstaculizados, esa es la norma que se ha incumplido, lo demás es querer engañar a la ciudadanía y entregar las tres cabezas, las de los dos hijos y la del padre a un feminismo sectario ávido de venganza y sangre fresca.

 

Si Carmen Calvo, la de bonita, y Sánchez el Moncloador se ven obligados a indultar a Juana Rivas porque se juegan millones de votos rojimorados, que la indulten, pero que no presionen a la Fiscalía del Supremo para que ésta salga con una chapuza jurisprudencial al objeto de indultarla con sordina y en la creencia de que todos los ciudadanos de a pie somos tontos del bote.

 

Menos mal que este asunto media Italia, un país con poderes independientes en el que el Interés Superior del menor no es papel mojado, como aquí sucede a diario.

 

José R. Barrios