La secretaria general del Grupo Parlamentario de VOX (GP VOX), Macarena Olona, y los diputados Javier Ortega Smith(secretario general de VOX) y Pablo Sáez han presentado este miércoles una serie de iniciativas destinadas a mejorar la vida laboral de los funcionarios de prisiones y reconocer de una vez sus legítimas y justas reivindicaciones.

A través de una Proposición no de ley (PNL), la formación liderada por Santiago Abascal insta al Ejecutivo a realizar una convocatoria de empleo público para los próximos cuatro años "con el objetivo de paliar el problema de la falta de personal en prisiones y teniendo en cuenta las jubilaciones que se van a producir en los próximos años". Además, reclama la convocatoria de "concursos de traslados con carácter anual". "Concursos de traslados que deben afectar a la totalidad de las plazas vacantes, las que estén en comisión de servicios y en su caso interinos si los hubiera", añade el GP VOX.

En el mismo sentido, se solicita al Gobierno la creación de un "Estatuto Propio para los funcionarios penitenciarios que identifique claramente sus funciones y competencias y permita el establecimiento de una verdadera carrera profesional", así como la adecuación y actualización de los medios materiales para hacer frente a situaciones violentas generadas por los internos. "Walkies, guantes anti corte, grilletes, chalecos, pistolas eléctricas, equipos de intervención fáciles de poner, medios coercitivos modernos y adecuados a la nueva realidad de las prisiones y al aumento de las agresiones a los trabajadores penitenciarios y al perfil más violento de los internos".

Conscientes de que los 23.000 trabajadores de centros penitenciarios reciben, por su desarrollo laboral, amenazas, agresiones, e incluso hacen frente a intentos de homicidio, los diputados firmantes de la PNL presentada este miércoles reclaman al Gobierno la equiparación salarial de todos los funcionarios de prisiones con los trabajadores penitenciarios de Cataluña: "Se debe cumplir el principio de igualdad de salarios para el mismo trabajo, con independencia de la ubicación el centro penitenciario", señala el texto.

 Además, se insta a la actualización "del Complemento Específico de forma lineal, progresiva y consolidable en los próximos ejercicios para todos los puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarias de la Administración General del Estado" y a la creación de una "Academia de Estudios Penitenciarios, de forma que sea requisito básico haber recibido formación en ella para la carrera profesional, la antigüedad y los puestos ocupados". Una Escuela que debería ser, a juicio del GP VOX, una "institución profesional dedicada a formar a los funcionarios penitenciarios con métodos, procedimientos, tecnologías modernas en la gestión de la seguridad, custodia y rehabilitación de la población reclusa".

La PNL reclama también que el nivel funcionarial mínimo actual se eleve a un "nivel 18 en el Subgrupo C1 en todos los puestos del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (IIPP)"  así como una "negociación económica de subida de niveles para el resto de puestos, incluyendo a los trabajadores que tengan consolidado el nivel". Por último, se insta al Gobierno a apoyar al reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad y a derogar la Instrucción de Servicio que establece una presunción de culpabilidad sobre su labor profesional.

Modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria
De forma paralela a la presentación de esta PNL, el GP VOX ha registrado también una Proposición de ley para la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria.

Además de reclamar una dotación humana y material suficiente para cumplir con su trabajo, la propuesta del GP VOX contempla el reconocimiento "a todos los efectos legales" de la condición de Agente de la Autoridad de los funcionarios de prisiones, de forma que si se cometiera contra ellos un atentado en el ejercicio de sus funciones, la consideración penal del acto sería la de atentado contra la Autoridad.

El GP VOX contempla también la selección y promoción profesional de los funcionarios de prisiones de acuerdo al Estatuto de la Función Pública y reclama, para los procedimientos penales seguidos contra funcionarios de prisiones, que quede garantizada, a fin de salvaguardar su integridad física, su separación del resto de reclusos en caso de detención o de ingreso en prisión.

Con estas iniciativas el GP VOX da continuidad al compromiso asumido con los funcionarios de prisiones y su actual situación laboral. Cabe destacar, en este sentido, la presentación ante el Defensor del Pueblo de un escrito de denuncia para exigir que se respeten los derechos fundamentales de los funcionarios de prisiones. Fue el pasado 4 de julio cuando la secretaria general del GP VOX, Macarena Olona, registró este texto que denunciaba la criminalización de los trabajadores penitenciarios después de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hubiera emitido una orden de servicio que dota de "presunción de veracidad" a la simple palabra de los reclusos que denuncien torturas.

Apenas quince días después el GP VOX se reunió en el Congreso con la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones y con la Asociación 'Tu abandono me puede matar', e hizo suyas las reivindicaciones de este grupo de profesionales.

Algunos datos reseñables
Los funcionarios de prisiones -23.000 en toda España- constituyen un grupo laboral en clara situación de precariedad. Según los datos recabados por el GP VOX, un 75% de la plantilla tiene más de 40 años y, de ese porcentaje el 40% iguala o supera los 50 años.

Con una muy baja tasa de reposición, entre los funcionarios de prisiones se ha producido durante los últimos nueve años una única incorporación por cada tres jubilaciones.

De acuerdo a la información disponible, en los últimos 8 años se han perdido 3.400 empleos mientras se han inaugurado nuevos centros, lo que ha provocado que se disponga de menor número de efectivos para atender a la población reclusa, por lo que es habitual encontrar ratios de 2 funcionarios por cada 140 internos.

Esta falta de efectivos tiene como consecuencia un aumento de las agresiones a los funcionarios que, según sus propias palabras, es consecuencia de que "donde antes veían a cuatro, ahora ven a uno: solo y con apenas medios. Por eso agreden más, no porque sean más violentos, sino porque nos ven solos".

Los funcionarios de prisiones son, además, el colectivo de la Administración General del Estado que más agresiones sufre.