Como es por todos conocido el 1 de octubre de 2017 la Generalidad de Cataluña celebró un simulacro de referéndum completamente ilegal y fraudulento (censo universal, aceptación de papeletas caseras y votos sin sobre, individuos que votaron en varios colegios, urnas no precintadas, manipulación de actas, etc) para “decidir” sobre la independencia de Cataluña. Dos días después (3 de octubre) se convocó una huelga general con escasa participación pero con bastantes incidentes, algunos muy graves, protagonizados por las pandillas de matones conocidos como “CDRs” y el 27 del mismo mes se aprobó en el Parlamento catalán una “Declaración Unilateral de Independencia” (sic), que fue suspendida por el propio Presidente de la Generalidad, el hoy prófugo Puigdemont, solo ocho segundos después, en una de las actuaciones más bochornosas, ridículas y esperpénticas que se recuerdan en este tipo de procesos en cualquier época y en cualquier lugar del mundo. Esta rebelión viene de lejos, pues ya en noviembre de 2014 se celebró una “consulta” sobre la independencia, también fuera de la ley, y en 2015 una especie de elecciones plebiscitarias ilegales para elegir un “gobierno de la Republica Catalana” (sic) paralelo al legalmente constituido, todo ello sin que el gobierno de la Nación, ocupado entonces por el PP, hiciera absolutamente nada, aparte de declaraciones grandilocuentes y vacías.

En octubre de 2017 el gobierno de “Marianico el Corto” Rajoy (que Dios le perdone, yo no puedo), presionado por la opinión pública, aplicó un artículo 155 “de fogueo”, haciendo el paripé de que suspendía la autonomía pero sin hacer absolutamente nada más que apresurarse, como alma que lleva el diablo (y nunca mejor dicho), a convocar elecciones autonómicas, que se celebraron el 21 de diciembre de ese año, dando de nuevo la mayoría (por escaso margen) a la suma de independentistas y antisistema (CUP, etc), lo que les permitió nombrar presidente de la Generalidad a otro tarado, igual o peor que Puigdemont, llamado Joaquín Torra. Ese irresponsable y traidor gobierno del PP, encantado de haberse conocido, dio por resuelto el problema y suspendió la aplicación del artículo 155 solo seis meses después, en junio de 2018.

Gracias a la actuación valiente y responsable de jueces y fiscales (entre los que hay que destacar al juez Llarena, al que algún día se le hará un monumento) y a la acusación popular ejercida por Vox, se ha llevado ante los tribunales a algunos de los responsables directos de tamaño desafuero, bien sea en el Tribunal Supremo (18 acusados de rebelión, malversación y desobediencia), en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (6 acusados de desobediencia y usurpación de función pública) o en la Audiencia Nacional (los 4 miembros de la cúpula de los Mozos de Cuadra, encabezada por un chuleta de poca monta llamado Trapero –que nombre tan adecuado–, acusados de rebelión), aunque debido a la incompetencia de nuestras autoridades (si no a la complicidad) media docena de los rebeldes, incluido el máximo responsable, han huido de España y se han sustraído (por ahora) a la acción de la Justicia. Los jueces han actuado –como no podía ser de otro modo– con absoluta limpieza y celo profesional, en un proceso estrictamente ajustado a lo que marca la Ley y con todas las garantías para los procesados. Se está a la espera de las sentencias.

Esta impecable actuación judicial, llevada a término a pesar de las continuas trabas de la Abogacía del Estado, que de modo inaudito parecía por momentos que formaba parte de los equipos de la defensa, ha servido para que los próceres de nuestra Nación, encabezados por los líderes de los principales partidos que se llaman a sí mismos “constitucionalistas”, celebren por todo lo alto y se vanaglorien de que “la democracia ha ganado a los totalitarios” y “el estado de derecho ha vencido a la anarquía”… y que no hagan nada más: mientras se juzga a algunos de los responsables de este golpe de estado en grado de tentativa, la situación en Cataluña sigue deteriorándose día a día.

En las escuelas catalanas se sigue lavando el cerebro e inoculando el odio a España a las nuevas generaciones con total impunidad, hasta el punto de que una energúmena que ocupa plaza de profesora en una escuela primaria ha agredido a una niña de 10 años por pintar una bandera de España sin que nadie la detenga o, en su defecto, la cruce la cara. La labor de erradicación del idioma español, que por cierto la Constitución dice que todos tenemos “el deber de conocerlo y el derecho a usarlo”, continúa con toda su intensidad, llegando por ejemplo a enviar a los colegios espías pagados con fondos públicos para detectar a los alumnos que hablan español en los recreos, sin consecuencias conocidas, o permitiendo a una analfabeta funcional que se actua como portavoz de la Generalidad negarse a contestar preguntas en español en las ruedas de prensa oficiales. Muchas instituciones autonómicas y muchos ayuntamientos siguen negándose a izar la Bandera Nacional, que sustituyen por los asquerosos lazos de color amarillo, y todavía a los ciudadanos decentes que van a retirarlos “se les cae el pelo”. Los matones de los autodenominados CDRs siguen amenazando, insultando y agrediendo a los que no se pliegan a sus exigencias. El gobierno separatista que ocupa la Generalidad sigue con su estrategia de control y manipulación de la Justicia, aceptándose como algo normal que la Generalidad acceda sin filtros a los ordenadores de los jueces, sin que nadie lo evite, y así se permite que uno de los miembros de la banda criminal de “los Pujol”, un tal Oriol, condenado a más de dos años de cárcel, disfrute de un placentero tercer grado en contra de toda lógica o que los acusados por el Tribunal Supremo sigan dirigiendo a los rebeldes desde la cárcel. La Generalidad sigue financiando las actividades de los sediciosos y abriendo oficinas por el extranjero, a las que llama “embajadas”, pagadas con dinero de todos los españoles y no pasa nada. El Parlamento catalán aprueba una moción pidiendo “la reprobación del Rey y la abolición de la Monarquía” y no es disuelto inmediatamente. Muchos residentes en Cataluña, catalanes o no, que ya no soportan más ese ambiente asfixiante y corrosivo, se están marchando, dejando más campo libre a los independentistas. El prófugo Puigdemont sigue confortablemente instalado en Bélgica, aunque moviéndose libremente por gran parte de Europa, y dando patéticas ruedas de prensa para insultar a España y a los españoles, sin que nadie le meta (por las buenas o por las malas) en el maletero de un coche y le traiga a España, como hicieron los israelíes con A. Eichmann en 1960 … y podríamos seguir poniendo ejemplos hasta el infinito.

¿Qué hace el Estado, representado por el Gobierno de la Nación, ante esta situación? NADA, no da señales de vida. Si acaso, cuando los golpistas hacen algún amago de avanzar en el proceso separatista se rasgan las vestiduras y amenazan con acciones legales; poco más que seguir el señuelo sin darse cuenta que el problema de fondo no es ese, que por ahora es solo una cortina de humo.

No sé si algún día estos canallas conseguirán la independencia –desde luego yo haré todo lo que esté en mi mano para evitarlo– pero hasta entonces lo que no podemos consentir ni un día más es que sigan humillando, insultando y menospreciando a España y al resto de los españoles, que se pitorreen de nosotros. Primero, por una cuestión de dignidad y, después, porque si les seguimos permitiendo todo llegará un momento (que no está muy lejos) en el que, de hecho, Cataluña será un estado independiente, con o sin declaración de independencia, pues el Estado español habrá desaparecido completamente de esa región, la Generalidad actuará a su antojo ignorando por completo el ordenamiento jurídico español y la mayoría de los ciudadanos que no se hayan marchado, lobotomizados por décadas de mentiras y manipulación, apoyarán la independencia. Y entonces ya no habrá vuelta atrás.

Si quieren la independencia que se la ganen a tiros, como todo el mundo, a ver si tienen agallas, pero no por la inacción y la cobardía del resto de los españoles, empezando por el gobierno de la Nación. No hacer todo lo que se pueda para defender a España en estos momentos trascendentales es una traición casi comparable a la de los que la quieren desmembrar.

No sé si hay que aplicar el artículo 155 o el 551, pero lo que sí sé es que cuanto antes, esta tarde mejor que mañana, hay que suspender la autonomía; disolver el gobierno de la Generalitat y el parlamento catalán; tomar el control (por las buenas o por las malas) de todas las instituciones catalanas; meter en la cárcel por rebelión, por desobediencia, por malversación o por oler mal –me da igual– a los principales cabecillas, empezando por esa bestia hedionda conocida por Torra, y despedir a todos los demás, inhabilitándolos de por vida; derogar todas las leyes totalitarias e injustas que coartan la libertad individual, por ejemplo la que obliga a los comerciantes a atender en catalán en sus propios establecimientos; disolver los Mozos de Cuadra e integrar a los que sean aprovechables en la Guardia Civil o en el Cuerpo Nacional de Policía; ilegalizar a todos los partidos y asociaciones (ANC, Omnium, etc) abiertamente inconstitucionales por republicanos o independentistas; fichar a todos los componentes de los CDR y, si se puede, meterlos en la cárcel o, si no se puede, achicharrarlos a multas; cerrar TV3; revisar todos los libros de texto, eliminando todas las mentiras y manipulaciones, y purgar a todos los profesores independentistas; imponer el uso del español en todas las instituciones públicas, procesos administrativos, colegios y universidades, hospitales, etc, de modo que cualquier texto deberá ir siempre en español y, opcionalmente, en catalán y cualquier frase que se diga en catalán en una institución oficial (por ejemplo, el pleno de un ayuntamiento) deberá ser repetida, acto seguido, en español; … entre otras cosas. Y empecemos haciendo el resto de los españoles el pequeño esfuerzo de no dejarnos abducir por estos miserables y dejemos por ejemplo de llamar “proces” (sic) a lo que es simplemente un golpe de estado y “normalización lingüística” a lo que es la aniquilación en Cataluña del idioma español.

No nos dejemos engañar por el señuelo, el verdadero problema está detrás, y cada día más enquistado y más putrefacto. Ataquemos sin miramientos y sin ridículos complejos ese problema de fondo con todos los medios a nuestro alcance y solo entonces resolveremos, ojalá que para siempre, la cuestión catalana.