El reconocido periodista de investigación, José Díaz Herrera, recoge en su libro «El varón castrado» (Planeta), una obra de cabecera –todo un clásico que conviene releer de tarde en tarde para traerlo a la memoria–, cómo se gestó la LIVG 1/2004, una macro ley que copiaba, sin faltar a una sola coma, todas las exigencias que los lobbies feministas radicales habían ido recopilando años atrás, un capricho mayúsculo que nunca debió consentirse a pesar de la pataleta creciente e insoportable a que los políticos de aquel momento estuvieron sometidos día y noche. José Díaz Herrera, desde una escritura periodística trepidante, nos describe con precisión cómo el Poder Ejecutivo de aquellos años, concretado en gobiernos de distinto color sólo en apariencia y que se alternaban en el poder, ambos claudicando y rindiéndose a los pies de un colectivo feroz que ya se mostraba organizado y operativo en tácticas de acoso al Presidente del Gobierno que tocase lidiar.

Desde nuestro agradecimiento a la labor informativa del periodista antes citado, asistamos aquí, llevados de su pluma, a cómo se concibió, gestó y parió esa deforme e ignominiosa criatura llamada LIVG 1/2004:

«…A mediados de 2001, la presidente de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo; Consuelo Abril González, presidente de la Investigación de Malos Tratos; Enriqueta Chicano, de la Asociación de Mujeres Progresistas; Ángeles Ruiz Tagle, coordinadora española del Lobby Europeo de Mujeres; María Durán, de la Asociación de Mujeres Juristas, y Nuria Arévalo, de la Asociación de Mujeres Jóvenes, fueron convocadas a una reunión.

Estas mujeres, muchas de ellas con despachos en el barrio de Salamanca de Madrid, no querían más parches. Pretendían una ley integral que fundiera procesos civiles y penales, diera manga ancha a la policía para actuar y metiera a los hombres en cintura en menos de 24 horas. El texto legal, redactado por un grupo de abogadas de la «Asociación Themis», con la colaboración del Instituto de la Mujer, iba a ser presentado a los partidos políticos y debía ser aprobado en el Congreso de los Diputados (pág. 165).

El ministro de Justicia del PP, Ángel Acebes, recién estrenado en su cargo, se vio en la obligación de recibir al lobby feminista, pero en palabras de Consuelo Abril, «no acogió el tema de la Ley integral». Entonces, el feminismo integrista acudió a la calle Ferraz, sede del PSOE. El 11 de diciembre de 2001, las diputadas Micaela Navarro Garzón y Mª Teresa Fernández de la Vega aceptaron presentar en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley que deseaban las organizaciones feministas.

Precisamente sería el fracaso continuo de las feministas en su planes para imponer su LIVG el revulsivo que las espoleó y las hizo concebir una gran ofensiva final y así, el 21 de enero de 2003, el feminismo radical, disperso hasta entonces en varias organizaciones que actuaban como francotiradores decidieron unir sus esfuerzos y crear un lobby contra la violencia de género…La creación de este lobby tendría consecuencias nefastas en la política de los gobiernos del PP y PSOE en los años siguientes.

La Ley 38/2002, de 24 de octubre de 2004, siguiendo con la política de llevar cualquier menudencia al Código Penal, consideraría como delitos, entre otros, los malos tratos y amenazas leves en el seno familiar.

El 29 de septiembre, el PP aprueba la Ley 11/2003. Una ley sobre violencia física ocasional que no la distingue de la violencia habitual y que daría lugar a los primeros autos de inconstitucionalidad de los jueces. No finalizaría el año sin que el partido de la calle Génova de Madrid diera un nuevo golpe de gracia al sistema de libertades. Esta vez lo hicieron mediante la Ley 13/2003, que reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ordenando al juez de guardia la posibilidad de aplicar la orden de protección a favor de la mujer en un plazo no superior a las 72 horas. Pasado este tiempo, el maltratador debía ser sometido a juicio rápido y como ocurrió a los apestados o a los leprosos en su día, su nombre y apellidos pasarían a inscribirse en un registro, en este caso sería el Registro Central de Maltratadores.

Pese al malestar de la carrera judicial, el PP, para no perder votos, aceptó las presiones de un sector de la sociedad y se convirtió en el gran instigador del pensamiento único más atroz en contra del varón puesto en práctica en Europa después del nazismo o el comunismo, esa filosofía excluyente mediante la cual, por una cuestión genética, un individuo es culpable sin que la parte contraria deba demostrarlo.

 

José R. Barrios