En el contexto actual de detenciones masivas e irregulares a raíz de una denuncia falsa o denuncia de género (8-9 de cada 10) es preciso adentrarnos y tener a la mano la figura jurisprudencial del habeas corpus, mostrándose particularmente idónea para resguardar la libertad personal frente a la eventual arbitrariedad de los agentes del poder público. De ahí que nuestra Constitución, al desarrollar los Derechos Fundamentales, habilite este instrumento que les sirva de eficaz salvaguarda, tanto frente a los particulares como, muy especialmente, frente a los Poderes Públicos. de todos ellos como es el derecho a la libertad personal, es precisamente la institución

En nuestra jurisprudencia, el artículo 6 de la Ley Orgánica 6/1984 reguladora del procedimiento de Habeas Corpus establece que «promovida la solicitud de Habeas Corpus, el Juez examinará la concurrencia de los requisitos para su tramitación y dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante auto, acordará la incoación del procedimiento, o, en su caso, denegará la solicitud por ser ésta improcedente. Dicho auto se notificará, en todo caso, al Ministerio Fiscal. Contra la resolución que en uno u otro caso se adopte, no cabrá recurso alguno». El artículo 1 de la misma Ley establece que «mediante el procedimiento de Habeas Corpus, regulado en la presente Ley, se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente.

Por su parte lado, la sentencia 95/2012, de 7 de mayo de 2012, del Tribunal Constitucional expone que «La esencia de este proceso consiste precisamente en que «el Juez compruebe personalmente la situación de la persona que pida el control judicial, siempre que se encuentre efectivamente detenida», es decir «haber el cuerpo de quien se encuentre detenido para ofrecerle una oportunidad de hacerse oír, y ofrecer las alegaciones y pruebas» (STC 37/2008, de 25 de febrero) con el objeto de determinar la licitud o ilicitud de dicha privación (SSTC 35/2008, de 25 de febrero y 147/2008, de 10 de noviembre).

La STC 88/2011, de 6 de junio, recuerda que el art. 17.2 CE ha establecido dos plazos, en lo que se refiere a los límites temporales de la detención preventiva, uno relativo y otro máximo absoluto. El primero consiste en el tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos que, como es lógico, puede tener una determinación temporal variable en atención a las circunstancias del caso. Sin embargo, el plazo máximo absoluto presenta una plena concreción temporal y está fijado en las 72h computadas desde el inicio de la detención, que no tiene que coincidir necesariamente con el momento en el cual el afectado se encuentra en las dependencias policiales (STC 288/2000, de 27 de noviembre)

La STC 250/2006, de 24 de julio, aclara que «pueden calificarse como privaciones de libertad ilegales, en cuanto indebidamente prolongadas o mantenidas, aquellas que, aún sin rebasar el indicado límite máximo, sobrepasen el tiempo indispensable para realizar las oportunas pesquisas dirigidas al esclarecimiento del hecho delictivo que se imputa al detenido, pues en tal caso opera una restricción del derecho fundamental a la libertad personal que la norma constitucional no consiente».

A modo de conclusión cabe afirmar que toda detención preventiva que se prolongue más allá del tiempo necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos que la motivaron, contribuyendo a ello la propia actuación desarrollada por el órgano judicial en los términos expuestos, es calificable como detención ilegal al resultar infringida la garantía que el art. 17.2 CE le reconoce a toda persona como titular de derecho a la libertad.

José R.Barrios