La historiografía y los periodistas, en general, parecen haber olvidado las reivindicaciones castellanas del primer tercio del siglo XX que reclamaron la organización de una región castellanovieja, y junto a ella, la instauración de un día regional de la misma, similar a la diada de Cataluña.

Julio Díez Montero, burgalés, abogado, periodista político, liberal y republicano, defendió abiertamente esa idea en octubre de 1923. Como periodista, fue director de ‘La Unión Republicana’ y de ‘El Papa Moscas’, y miembro de la plantilla del semanario democrático ‘El Pueblo’. Presidió el Partido Republicano de Burgos, fue concejal del Ayuntamiento capitalino y diputado provincial.

En 1923, a través de la prensa, expone que “Faltaba a Castilla la Vieja su clásico día, a semejanza de la ‘diada’ catalana, y ya excelsos cantores, poetas ilustres, escritores meritísimos trabajaron con entusiasmo por la implantación de esa fiesta” y advierte: “séanos permitido afirmar que esa grandiosa fiesta será algo o no será nada, según se respete o se confunda la región propiamente histórica. (…) El día de Castilla no puede ser, no debe ser el del reino de León, ni el de Castilla la Nueva. Cada una de estas regiones debe celebrar su día.

(…) Castilla la Vieja, para celebrar su día, tiene a Burgos como cabeza, y la región leonesa a León.”

Más adelante precisa “El día de Castilla debe ser fiesta familiar, íntima, de afecto puro y sincero que sirva para fundir en una todas las aspiraciones de los castellanos viejos a su tierra natal, sin mezcla de afectos y de cariños que le hagan perder su fragancia.” Y saca su conclusión: “Nos parece bien la idea del ‘día de Castilla’. Uno para Castilla la Vieja. Otro para León.”

Si la reivindicación regional de Castilla la Vieja está presente durante la dictadura de Primo de Rivera, también se manifiesta en el periodo de la Segunda República, aunque en esas fechas Julio Díez Montero, fallecido en 1928, ya no puede secundarla.

En 1932 es la Diputación de Santander, partidaria de un estatuto para la región castellanovieja, la que se dirige a las Diputaciones de Ávila, Segovia, Valladolid, Palencia, Soria, Logroño y Burgos para propiciar su elaboración. En los cuatro años siguientes, la reivindicación sigue viva en Segovia, Santander, Burgos y Soria. El diputado por esta provincia, Benito Artigas Arpón, de Unión Republicana, será explícito en junio de 1936:

“Los que hablan del Estatuto castellano, incluyendo en él a León y Castilla, quieren más el poder hegemónico sobre Castilla y León que darles un Estatuto.

Castilla, nuestra Castilla la Vieja, tiene derecho a un Estatuto, pero no al Estatuto que propugnan quienes involucran a León y Castilla en persecución de igual fin.

Para redactar el Estatuto castellano hay que discriminar y marcar fuertemente el contorno de Castilla.

(…) León, con su grandeza, es distinto de Castilla”

Si desde el lado castellano se propugnaba un Estatuto para Castilla la Vieja, en la Región Leonesa hacía otro tanto el abogado salmantino Mauricio García Isidro solicitando un Estatuto para la Región de León triprovincial, empleando como altavoz las páginas de ‘El Adelanto’ de Salamanca y del ‘Heraldo de Zamora’. Sus relaciones familiares directas con la política regional eran importantes, pues su padre en aquellos años fue presidente de la Diputación salmantina, y su suegro lo fue unos años antes de la zamorana.

La amalgama de la Región Leonesa, integrada por las provincias de León, Salamanca y Zamora, con el doble de provincias castellanas en una sola comunidad autónoma es una auténtica anomalía deformadora de su esencia, sus raíces y su personalidad, que además imposibilita una igualdad interregional verdadera, pues subordina lo leonés, la minoría leonesa, a una mayoría castellana que se caracteriza por ser asimilista y homogeneizadora.

Las circunstancias históricas de la Segunda República impelieron a las fuerzas unitaristas, contrarias al independentismo catalán, a aceptar la tendencia a la generalización de la concesión de estatutos regionales, pero limitándola en el caso de la meseta norte. Aquí, donde la derecha política tenía más fuerza, aceptó como maniobra defensiva la propuesta de un Estatuto conjunto para la Región Leonesa y Castilla la Vieja, opción que coexistía con una reivindicación de un estatuto diferenciado para cada una de estas dos regiones.

La precipitación y las circunstancias de la Transición, con la fragmentación de las dos Castillas, la reivindicación de la Autonomía del País Leonés, junto con el 23-F, determinaron la imposición de un mapa autonómico, sellado entre Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González en 1981, que discriminaba a la Región Leonesa, la única a la que se impidió el acceso a la autonomía por ‘razones de Estado’.

Para que la submeseta norte abandone su conversión en una masa amorfa aquejada de una abulia congénita, es preciso que recobre por separado las dos identidades existentes en la misma, la leonesa y la castellana. Se trata de hacer realidad el imperio de la ley, la igualdad y la no discriminación. Es una cuestión de dignidad, justicia y verdadero interés nacional.

 

Miguel Ángel Diego Núñez

Autor del libro ‘Regionalismo y regionalistas del siglo XX (una antología)’