El Anteproyecto de la Ley Orgánica Integral de Violencia sobre la Mujer, que pasaría a llamarse Ley Integral de Violencia de Género, aprobado a finales de diciembre de 2004, fue elaborado con paciencia monjil años atrás, sin dejar pasar puntada, en los despachos de abogadas feministas ubicadas en Madrid, letradas que venían siendo subvencionadas desde la época de Felipe González. Tal Anteproyecto se trataba de un auténtico Directorium Inquisitorum precocinado que sólo precisaba ser calentado en el horno del Congreso de los Diputados a manos de una vicepresidenta fiera y un presidente débil, inadecuado a su tarea, una conjunción planetaria que traería miles de familias rotas, hijos huérfanos, hombres que se suicidan, abuelos que no pueden ver a sus nietos, celdas repletas de inocentes y una jurisprudencia sexualizada.

En aquellos aciagos días, el rumbo firme de las políticas feministas radicales, en especial, y del resto en general, estaba en manos de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, una aguerrida feminista de la vieja guardia que a la sazón sería implacable ejecutora de un interminable listado de reivindicaciones de los lobbys feministas radicales de extrema izquierda que presionaban cada vez más al Gobierno, recordándole a diario que podían tomar las calles y hacerlo caer con sus millones de votos morados. En paralelo, el desmedido protagonismo mediático de la tal vice, conocida como De la Vogue, eclipsaba por completo a un insustancial, remiso y encogido presidente apellidado Zapatero, de ahí que la densa atmósfera feminista que se respiraba en el Consejo de Ministros llegara al Congreso de los Diputados hasta acabar inundando todo el país.

Retrocediendo al pasado, al objeto de recordar aquello que ocurrió, un 24 de junio de 2004, Celso Rodríguez Padrón, Secretario General del Consejo General del Poder Judicial, CERTIFICÓ el informe emitido por el Pleno de dicho CGPJ, en relación al Anteproyecto de la Ley Orgánica Integral de Violencia sobre la Mujer, y de seguido lo remitió al Gobierno para su oportuno análisis y consideración, como es preceptivo en nuestro ordenamiento.

Zapatero tuvo en su mesa no sólo este informe del CGPJ, sino otros dos más, los realizados por la Fiscalía General del Estado y el Consejo de Estado, papel mojado los tres por sus avisos de inconstitucionalidad, aunque es de suponer que iban a servir al Gobierno de la vice Teresa para conocer y tener en cuenta la fundada opinión de las más altas Instituciones del Estado sobre el Anteproyecto de la Ley Orgánica Integral de Violencia sobre la Mujer.

Si nos referimos al citado informe del CGPJ, cabe puntualizar que estamos ante un trabajo jurídico de gran valor técnico, rebosante de sentido común. En este caso concreto, cabe felicitar al CGPJ, el máximo órgano de gobierno de Jueces y Magistrados, por su valentía, profesionalidad y honorabilidad al hablar tan claro e intentar reconducir el rumbo de un país colocado en la antesala de una acelerada deriva de injusticias, como también por haber advertido de todo ello al Gobierno, que en aquellos días parecía entregado a los melosos preliminares de lo que sería, por fin, una aprobación del documento de marras.

Loas y mil gracias a aquel Pleno del CGPJ, que analizó con rigor jurisprudencial todas las claves de inconstitucionalidad del Anteproyecto de Ley Orgánica Integral de Violencia sobre la Mujer.

Afortunadamente estas claves quedan recogidas para la historia de la infamia en las veintiuna conclusiones del CGPJ que conforman un estudio jurisprudencial de primera magnitud y que debió ser respetado en su día. De hecho Zapatero tuvo todas las vacaciones de verano para echarle una lectura y tener en cuenta tantas advertencias.

Antes de entrar de lleno en el texto del CGPJ, que se transcribe en su tenor literal, obsérvese cómo en todo momento se refiere a «violencia doméstica», sin que aparezca el término «violencia de género»:

 

Conclusiones

 A tenor de todo lo expuesto, las principales conclusiones a las que llega el Consejo General del Poder Judicial son las siguientes:

La gravedad del fenómeno de la violencia doméstica en general, especialmente intenso en el caso de las mujeres, merece el esfuerzo de que la reacción del Estado de Derecho sea lo más enérgica y eficaz posible, de ahí que habría que dar la bienvenida a una iniciativa más, como la informada, si es que ayuda a perfeccionar jurídicamente esa reacción. Sin embargo hay dudas más que fundadas de que se vaya aportar más racionalidad y eficacia al sistema.

El texto informado forma parte de un conjunto de iniciativas legales desarrolladas en los últimos años –en especial en la anterior legislatura–, tanto estatales como autonómicas, en cuyo ámbito ya hay leyes integrales y más en concreto normas de protección como es la orden de protección creada por la Ley 27/2003.

Nace en un contexto en el que la protección de la víctima de la violencia doméstica es uno de los objetivos principales de la política criminal, luego no nace en un escenario de escasez de medidas, sino de una pluralidad de iniciativas legislativas ya en vigor, pero que por su corto espacio de vigencia no permite aún valorar su eficacia real para combatir el fenómeno social de la violencia doméstica

Especialmente preocupante es que cuando aún es muy reciente la implantación del régimen de la orden de protección (Ley 27/2003) se añada ahora un régimen paralelo que puede generar solapamientos, confusionismo procesal e interferencias competenciales. Antes de abordarse una iniciativa como la informada debería esperarse a una evaluación más detallada del régimen de la Ley 27/2003.

Pese a su carácter integral, ante un problema social de primera magnitud, diverso en sus causas y manifestaciones, opta por una marcada judicialización de las soluciones.

No se juzga acertado que regule sólo la violencia sobre la mujer: una ley integral debe abarcar todos los ámbitos en los que se manifiesta la violencia doméstica.

La mujer no obtiene mayor protección por el hecho de que la ley la proteja tan sólo a ella, excluyendo de su ámbito a menores, ancianos o, incluso, al hombre.

La llamada discriminación positiva llevada al ámbito penal y judicial conduce a la censurable discriminación negativa. En estos ámbitos se parte de situaciones de igualdad: nada se añade a la tutela judicial de la mujer el hecho de excluirse a los hombres de la tutela de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

No es aceptable un concepto de violencia sobre la mujer –del que depende toda la aplicación de la ley– basado en la intencionalidad del agresor.

10ª Es objetable constitucionalmente que pasen a delito las amenazas y coacciones leves sólo cuando el ofendido sea mujer.

11ª Que esos delitos se basen tan sólo en que el agresor sea hombre y presumiéndose en la ley su intencionalidad, lleva al derecho penal de autor, incompatible con la Constitución.

12ª El tipo agravado de lesiones se basa en la presunción de inferioridad de la mujer, sin que tal regla se aplique a menores, ancianos o minusválidos, todos ellos susceptibles también de ser víctimas de violencia doméstica.

13ª Es positivo que se vaya a una especialización mayor en los órganos judiciales siempre que su objeto sea conocer de todo el fenómeno de la violencia doméstica.

14ª Carece de justificación crear una nueva categoría de juzgados sólo para mujeres, lo que lleva a una suerte de jurisdicción especial basada en la intención del agresor y el sexo de la víctima. Si los órganos judiciales no pueden crearse por razones de raza, ideología, creencias, tampoco pueden serlo por razones de sexo.

15ª Antes que crearse Juzgados de Violencia sobre la Mujer debe procurarse la especialización funcional de los ya existentes, así como aprovechar la coordinación potenciando al Ministerio Fiscal y los instrumentos procesales ya existentes.

16ª La inserción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el orden penal, lleva a criminalizar las causas civiles que se les atribuye, así como a potenciar el riesgo de que sean instrumentalizados. Si esto ya se detecta con la vigente Ley 27/2003, sería más prudente evaluar aún más la aplicación de esta ley antes que crear un nuevo sistema paralelo que aumenta ese riesgo.

17ª Carece de sentido procesal atribuir a esos órganos insertados en el orden penal la competencia para conocer de acciones civiles contra la publicidad vejatoria, aspecto éste ajeno a la violencia sobre la mujer.

18ª Las reglas de competencia no pueden basarse en el sexo de la víctima ni en la intención del agresor. De ser así se llegará a situaciones absurdas en las que un mismo hecho, con unos mismos sujetos, puede ser competencia de órganos diferentes por esa intencionalidad lo cual se apreciará siempre al final y no al inicio de las actuaciones.

19ª El derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley queda comprometido desde el momento en que queda a merced de la mujer la elección del juez competente en función de que acuda a las medidas de protección que el texto le ofrece.

20ª Los juicios rápidos y la orden de protección se han previsto para que se ventilen en el ámbito de los Juzgados de Instrucción de guardia. La mayor parte de los delitos contra la mujer son competencia de esos juzgados y se tramitan por esa clase de juicios, luego no por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer con lo cual la pretendida especialización queda cuestionada.

21ª Debe plantearse llevar al texto informado algunos de los protocolos e iniciativas de la Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden de Protección. Igualmente debe mantenerse el actual Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género creado en 2002 por el Consejo General del Poder Judicial y los Ministerios de Justicia y Trabajo y Asuntos Sociales antes que crear en la ley informada un nuevo Observatorio que se solape con el ya existente.

 

José R. Barrios