A principios del pasado mes de junio la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó el estudio titulado “Evaluación de Estrategia y Procedimiento de las Subvenciones[i], en el que resumen sus conclusiones, objetivas e independientes, tras realizar una cuidadosa revisión de las subvenciones otorgadas durante el año fiscal 2017 por las diferentes administraciones públicas.

La primera conclusión ya es alarmante: “Actualmente, no es posible determinar el volumen de gasto total en subvenciones públicas en España”, aunque la propia AIReF lo estima en 14.300 millones de euros; esta cifra es un mínimo, pues incluye solo las subvenciones “detectadas” por la AIReF, pero puede haber otras. Seamos positivos y asumamos que son “solo” esos 14.300 millones.

¿Eso es mucho o poco?

Cuando se habla de cifras de once dígitos, para el común de los mortales es difícil hacerse una idea de los que significan, así que comparémoslo con algunas cifras más asequibles.

14.300 millones es el 1,22% del PIB español de 2017, de toda la riqueza generada en España por empresas, asalariados, autónomos, etc. en ese año; por cada 100 euros que se generan en España, por cualquier concepto, 1,22 euros son regalados por nuestros políticos en forma de subvenciones.

14.300 millones es el 3,21% de los ingresos públicos totales (Administración Central del Estado, autonomías y ayuntamientos) de 2017; por cada 100 euros que los españoles pagamos en impuestos, tributos y tasas, de cualquier tipo (IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades, IBI, AJD, etc.), nuestros políticos regalan, graciosamente, 3,21 euros. Cuando Ud., con gran esfuerzo, pague los 1.500 euros del IBI de su casa, sepa que 50 euros pueden ir a cualquier sitio, incluido el chiringuito - disfrazado de ONG- de la prima de un concejal.

14.300 millones es prácticamente el doble del presupuesto de Defensa, que incluye no solo el sueldo de los militares, sino todas las inversiones necesarias para la Defensa Nacional, el mantenimiento de todos los cuarteles, etc. (7.575 Mill); es igual a 1,8 veces el presupuesto para “Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias”, incluyendo Policía, Guardia Civil y todas las cárceles del país (7.912 Mill); a 2,6 veces el presupuesto total para “Fomento del Empleo”, uno de los problemas sociales más graves que padecemos (5.499 Mill) y al 78% del gasto total en subsidios de desempleo (18.287 Mill), algo que nos presentan como una carga poco menos que inaguantable para las arcas del Estado y que, increíblemente, es similar al dinero público que se regala año tras año.

14.300 millones es equivalente al salario total anual de más de medio millón de trabajadores, calculado al salario medio en España en 2017 (1.889 € brutos al mes, en 14 pagas), un número de personas mayor que la población total de las provincias de Huelva, Valladolid, Ciudad Real o Lérida y de otras 18 provincias españolas. Nuestros políticos reparten todos los años, sin tener que rendir cuentas ni dar explicaciones, una cantidad igual a la que cobran entre todos ellos medio millón de españoles después de trabajar un mínimo de 1.700 horas anuales.

14.300 millones equivale a 307 € por español (de cualquier edad) y año; en una familia de cuatro miembros, son 1.228 € anuales de su dinero que es regalado cada año, alegremente y con absoluta impunidad, por nuestros políticos. Si lo calculamos solo sobre los aproximadamente 20 millones de pagadores de IRPF, son 715 € anuales por cada contribuyente, bastante más, por ejemplo, que la cuota mensual media de la hipoteca de los incautos pagadores de impuestos [ii].

Podríamos seguir, pero no hace falta: 14.300 millones es una barbaridad, un importe descomunal, muchísimo dinero se mire por donde se mire.

Cabría por tanto pensar que, dado el volumen de dinero que se reparte en forma de subvenciones, su gestión será extremadamente cuidadosa, transparente y controlada.

Veamos qué dice la AIReF al respecto:

“La mayoría (de las subvenciones) carece de criterios objetivos, públicos y revisables de asignación” con“deficiencias en los procedimientos de concesión, justificación y control y (en su caso) reintegro y sancionado” y hay una ”escasa implantación de una cultura sancionadora”.

“Falta de componente técnico” (en la asignación) y “regulación insuficiente de los principios que rigen el establecimiento y concesión de subvenciones y falta de transparencia en las subvenciones de concesión directa”.

“Falta de homogeneidad, falta de exhaustividad y falta de trazabilidad”, así “el campo de dotación financiera (i.e., el importe de la subvención) está incompleto en el 8% de las convocatorias”.

Hay que exigir, según la AIReF, “mayor detalle en la justificación del importe y la actividad de los beneficiarios de estas subvenciones”, “reforzar la vinculación a un fin de interés público”, incrementar “los controles de eficacia y eficiencia”y aplicar efectivamente “un régimen sancionador disuasorio” del fraude.

Las conclusiones, como se ve, son demoledoras. Resulta pavoroso saber cómo se reparten, sin control de ningún tipo, esos 14.300 millones de euros. Si no se sabe exactamente cuánto dinero se reparte en forma de subvenciones, aun menos se conoce con precisión a quienes van esos fondos. Si no fuera un tema tan serio podría parecer una broma, pero no lo es: en muchos casos (no en todos, afortunadamente) es un saqueo de las arcas públicas, del dinero de todos los españoles, para enriquecer a los amiguetes (caso EREs, sin ir más lejos), para comprar votos regalando dinero a chiringuitos relacionados con unos u otros grupos de interés o para manipular a la sociedad subvencionando iniciativas que solamente pretenden socavar sus principios y deformar la mente de los ciudadanos (ideología de género, feminismo radical, LGTBI, etc.). Es otro escándalo de corrupción que suma bastante más que todos los escándalos conocidos, perseguidos legalmente y juzgados, y que se repite año tras año sin que nada ocurra.

Este volumen ingente de dinero, en manos de políticos irresponsables, egoístas y en bastantes casos corruptos, manejado sin control en aras de su interés, no del interés público, es un instrumento putrefacto con el que hay que terminar cuanto antes: los políticos no pueden seguir disponiendo del dinero de los contribuyentes como si fuera suyo. Si los ciudadanos quieren contribuir, mediante subvenciones, a unas u otras entidades de interés social o de interés público, deben decidir ellos mismos cuanto y a quien quieren que vaya ese dinero.

El ingreso total del Estado por IRPF en 2017 fue de 77.038 millones de euros, y por Impuesto de Sociedades (IS) fue de 23.143 millones de euros, lo que hace un total de unos 100.000 millones de euros [iii]. Aceptando que todos estemos de acuerdo en dedicar hasta 14.300 millones de euros de estos dos impuestos (el 14% aproximadamente) a subvencionar a entidades de interés público, es tan sencillo como que cada contribuyente (persona física o sociedad) al hacer la liquidación de su impuesto (IRPF o IS, según el caso) retenga un 14% de la cuota a ingresar, con la obligación ineludible de destinar ese importe a donaciones directas a las entidades u organizaciones de interés público que considere más oportuno, en un plazo determinado (por ejemplo, seis meses). Tendrá la obligación de aportar a la Agencia Tributaria (AT) los correspondientes certificados de donación (aunque no sería necesario, ya que hoy día la AT recibe directamente esa información de las entidades receptoras de la donación) y, si no hubiera hecho todas las donaciones comprometidas, la diferencia, lo que no hubiera donado, tendrá la obligación de reintegrarlo a las arcas del Estado.

De esta forma, cada contribuyente podrá decidir a quién entrega su dinero: a la parroquia de su pueblo, al museo arqueológico de su provincia, a Caritas Diocesana, a la FNFF, a la Asociación Española contra el Cáncer, a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción o a cualquier otra entidad que les parezca útil y que esté reconocida como de interés público por la AT. No solo se evitaría que los políticos manejen esa parte de nuestro dinero como si fuera suyo, en muchos casos para fines adúlteros, sino que obligaría a las entidades susceptibles de recibir los fondos a competir entre ellas, en una sana competición en la que deberán demostrar, día a día, que sus fines son realmente de utilidad pública, iguales o mejores que los de otras entidades, y que hacen una gestión responsable, eficiente y transparente de los fondos que reciben.

Puede ser esta fórmula o cualquier otra, siempre y cuando se consiga que ese caudaloso chorro de fondos públicos no sea dirigida por los políticos hacia uno u otro beneficiario a su antojo, pero lo que es evidente es que no debemos permitir ni un día más que los políticos se mofen de los ciudadanos disponiendo de nuestro dinero como si fuera suyo (o, como dijo la inefable Sra. Calvo, como si no fuera “de nadie”).

Y, por supuesto, mientras las administraciones públicas sigan otorgando graciosamente subvenciones con el inadmisible sistema actual, deben hacerlo con la máxima transparencia, esto es, publicando de modo consolidado por cada administración (Administración Central del Estado, cada autonomía y cada ayuntamiento) la lista de todas y cada una de las subvenciones, identificando con claridad al beneficiario y el importe concedido y dando acceso al contribuyente al expediente de concesión de cada una de ellas, además de crear un sistema de inspección adecuado para verificar que cada subvención se ha aplicado realmente y en su totalidad a los fines para los que se concedió, con las correspondientes sanciones a los que defrauden, incluyendo la responsabilidad patrimonial personal de los patronos de las fundaciones que reciban subvenciones y hagan un uso fraudulento de ellas.

 

Tomás García Madrid

 

[i] http://www.airef.es/wp-content/uploads/2019/06/Proyecto1-SR/2019-06-03-PROYECTO-1-final.pdf

[ii] La cuota hipotecaria mensual media en España es de 551 €

[iii] Se han elegido el IRPF y el IS para cuantificar la propuesta porque son los impuestos con mayor trazabilidad y facilidad de monitorización, por lo que la gestión del modelo que se propone será más sencilla y menos costosa.