No es que este desgraciado e ilegal asunto de las denuncias falsas sea de común conocimiento entre la ciudadanía, no, sino que son altos cargos del Estado quienes ponen en evidencia tal infamia:

Hace ya unos años, todo un Ministro de Justicia, en pleno ejercicio de sus delicadas y supuestas constitucionales funciones, se despachó con aquello de «las denuncias falsas son un coste asumible de la Ley Integral de Violencia de Género 2004». Más que un coste asumible, cabría puntualizar al señor López Aguilar que se trata de un coste calculado y previsto, como también necesario por razones que se muestran evidentes. Y más que denuncias falsas, éstas son delitos que requieren diligencia para ser abordados y ponerles coto.

Entre los años 2004 y 2015, según datos oficiales del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, de 1.482.041 denuncias interpuestas se condenó a 177.994 hombres (12%). Ello apunta a que un 88% de las denuncias no terminaron en condena al hombre, lo que se traduce en que más de un millón de hombres fueron denunciados de manera irregular. De ahí que podamos afirmar que sólo 1 de cada 10 denuncias contra un varón acaba en condena, sometiendo a casi el 90% de los hombres denunciados a una innecesaria estigmatización social y a un enorme daño moral que debiera ser compensado con el patrimonio y rentas de quien denuncia, imponiéndosele además la pena de prisión correspondiente, ya que denunciar en falso es un delito tipificado, aunque, a la vista está, no perseguido como debiera.

Nicolás de Cárdenas (Actuall,13/04/2016), se hizo eco en su día de los datos de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción y rotuló la noticia con el siguiente titular: «Más del 87% de las denuncias por violencia de género no acaba en condena». Este encabezamiento se completaba aclarando que «aún sin condena, la interposición de la mera denuncia por malos tratos provoca la detención del varón, la expulsión del domicilio familiar y la imposibilidad de la custodia compartida, entre otras medidas». La noticia concluía que la Justicia española, pues, considera en el 87,7%  de los casos que los supuestos delitos denunciados no están probados, son archivados, sobreseídos o bien se trata de denuncias falsas o simulaciones de delito. En esta situación, según el CGPJ, se encontrarían más de un millón de denuncias interpuestas en esos 12 años, más exactamente 1.299.578.

Al objeto de negar y borrar esta realidad de un 90% de denuncias falsas, la ingeniería jurisprudencial nacionalfeminista española «borra» las denuncias falsas impidiendo su inclusión en las estadísticas, imposibilitando así tomar conciencia del perjuicio social que ello está causando.

Esta maniobra jurisprudencial para no condenar a una mujer por el delito de denuncia falsa consiste en que, «tras considerar que la denuncia contra el padre es falsa, el Juez de instrucción, con el apoyo del Fiscal, dicta el sobreseimiento y archivo. Seguidamente la mujer recurre a la Audiencia, que anula dicho sobreseimiento para que ella pueda ejercer la acusación particular. Eso impide que el archivo sea firme».

Ahora damos toda la razón a la señora Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, cuando dijo aquello de «Las denuncias falsas son un mito falso, una falacia. Este año han sido el 0,018%)».

José R. Barrios