El día 1 de enero de 2016 comenzó a aplicarse una regla, introducida en el ordenamiento jurídico por la Ley 42/2015, que tenía como finalidad lograr la implantación de un sistema de funcionamiento de la Administración de Justicia. El Preámbulo de la citada norma señala que “no se ha logrado una aplicación generalizada de los medios electrónicos como forma normal de tramitación de los procedimientos judiciales y de relacionarse la Administración de Justicia con los profesionales y con los ciudadanos” y que “constituye una necesidad imperiosa acometer una reforma en profundidad de las diferentes actuaciones procesales para generalizar y dar mayor relevancia al uso de los medios telemáticos o electrónicos, otorgando carácter subsidiario al soporte papel”.

 

Debido al reducido de tiempo de preparación para aplicar el contenido de la Ley 42/2015 y la prácticamente inexistente inversión que se ha producido, el objetivo no se ha podido cumplir. Rafael Catalá, comentó, en varias ocasiones, el deseo de digitalizar el desarrollo de los procesos judiciales y la puesta a disposición de LexNET, una aplicación que sirve para garantizar una vía de comunicación y de transmisión de documentos entre los órganos jurisdiccionales y los profesionales que colaboran con la Administración de Justicia, pero, desgraciadamente, no se ha logrado una evolución en la tramitación de los procesos.

 

En algunas Comunidades Autónomas, los órganos gubernativos competentes del Poder Judicial han fijado reglas para la presentación de documentos en formato de papel y en formato digital por LexNET, ya que la aplicación se colapsa habitualmente y los problemas de los medios informáticos del personal de los juzgados y tribunales provocan que, en muchas ocasiones, no lleguen archivos de un modo correcto. Llama la atención esta conducta, ya que sirve para observar como los obstáculos existentes impiden la aplicación de una norma legal, que, debiendo respetarte, no puede cumplirse por la insuficiencia de medios materiales necesarios.

Está siendo desastroso el funcionamiento de las vías digitales de comunicación entre los órganos jurisdiccionales y los abogados y procuradores. Por ese hecho, debería, lógicamente, suspenderse la vigencia de la obligatoriedad de presentar archivos informáticos en la sede de los juzgados y tribunales.

 

Los entes legislativos competentes deben actuar de una forma coherente, concretando el contenido de las normas legales sin olvidar cuáles son las circunstancias y qué es necesario para cambiarlas. Si no se obra de esta manera, las leyes creadas no podrán ser aplicadas adecuadas, lo cual resulta problemático en el ámbito procesal, en el que, necesariamente, debe garantizarse el derecho a la tutela judicial efectiva, que resulta esencial para poder promover parte de los mecanismos del Estado de Derecho.