En primer lugar analicemos brevemente los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en una de sus Notas de Prensa fechada el 28/05/2019:

 

 

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Total

31.487

32.128

33.512

34.645

37.670

Delitos

29.374

30.990

33.440

34.621

37.644

Faltas

2.113

1.138

72

24

26

Infracciones penales imputadas. Serie 2014-2018

Fuente: INE

 

De este cuadro podemos obtener, entre otras, al menos dos conclusiones:

  1. a) Llama poderosamente la atención la disminución de las faltas entre el año 2015 (1.138 faltas) y el año 2016 (72 faltas). Ello se debe a que en julio de 2015 entró en vigor una reforma del Código Penal que suprimió las faltas, convirtiéndolas en delitos leves, lo que de hecho supuso una criminalización de las conductas en busca de un mayor castigo, subsiguiente alarmismo social y engrosamiento estadístico con el que recaudar más Fondos Europeos destinados a frenar un irreductible machismo español.
  2. b) Los delitos aumentan sin parar de año en año, cuando debieran disminuir ¿Tan ineficaz se muestran las medidas que despliega la Industria de Género cuando los delitos crecen más y más o es que, en realidad, se vive a costa de ellos e interesa buscar más tipos delictivos?

Si nos centramos en los delitos más frecuentes acaecidos en al año 2018 –recordemos que son datos aportados por el INE–, aquellos relativos a Lesiones alcanzaron el 50,4%, Torturas y otros delitos contra la integridad moral (19,1%) y Amenazas (16,9%).

El total de medidas cautelares dictadas e inscritas en el Registro de Asuntos de Violencia de Género durante 2018 fue de 98.044. Cabe anotar que a cada denunciado se le puede imputar más de una infracción penal, así como en cada asunto concreto se pueden dictar varias medidas cautelares.           

Atendiendo a la naturaleza de las medidas, el 74,3% fueron de carácter penal y el 25,7% de carácter civil.

Una vez contemplado el panorama de los delitos más frecuentes ocurridos en el año 2018, frente a estos, el Código Penal español viene siendo estudiado en sus puntos y comas, desde hace casi dos décadas, al objeto de retorcerlo una y otra vez, estudiando con lupa y diferenciando cada hecho delictivo hasta adjudicarle penas de menor o mayor calibre, según el colectivo social afectado, ellas o ellos. De ahí que tal texto normativo se haya travestido en un recetario de jurisprudencia según sexo. Baste como ejemplo lo que constituye una práctica habitual cuando una señora presenta una denuncia falsa de género –la madre de todas las denuncias– y además cae en delito de falso testimonio contra reo en pleno juicio –treta que ya hemos adelantado. En esta cotidiana y tan generalizada tesitura, la señora en cuestión quedará absuelta del delito de falso testimonio, por considerarse que el delito de denuncia falsa, curiosamente el que está más levemente penado, debe absorber al otro, el delito de falso testimonio ¡Si son dos delitos distintos, no se comprende por qué sólo se condena por el delito de pena menos grave y no cada uno por separado! El delito de falso testimonio, pues, se entiende como una «modalidad de persistencia» en toda denuncia falsa.

Esto, estimados lectores, sólo cabe conceptuarse como ingeniería jurisprudencial propia de un Estado en franca regresión en Derechos Fundamentales, un descarado cocinado de nuestra normativa jurisprudencial para hacerla «de género», eso que hemos dado en llamar cocinando el Código Penal.

José R. Barrios