En el transcurso del día me llegó el mismo vídeo enviado por tres amigos. Esto indicaba que su contenido prometía ser interesante, tal como se demostró al abrirlo.

           

En él aparece Alfonso Guerra haciendo referencia a una ley que llegó al Congreso de los Diputados y que asignaba sanciones penales distintas para un mismo acto penal, dependiendo de si se tratase de un hombre o de una mujer. Una clara vulneración del artículo 14 de nuestra Constitución, según sus palabras.

 

En aquellos días, Guerra, con el paso de las semanas, se enteró de que dicha ley fue recurrida al Constitucional y miren por dónde se encontró al presidente del Tribunal Constitucional, una persona que conocía, y habló con él hasta llegar a comentarle: «¿La declararéis  inconstitucional, no?».

 

«¡Hombre, claro, esto es inconstitucional absolutamente!» -Le respondió el presidente del Tribunal Constitucional.

 

Transcurrió un tiempo salió la sentencia sobre la citada ley, Ley Integral de Violencia de Género (LIVG 1/2004): ¡Constitucional!

 

«¿Tú sabes la presión que teníamos, cómo podíamos soportar esa presión?», le puso como excusa y justificación el presidente en cuestión a Alfonso Guerra.

 

«Esto no puede ser así» -responde Guerra- y remata su breve intervención con un razonamiento de sentido común, ese del que carece nuestro Tribunal Constitucional: «A mí me parece profundamente injusta esa sentencia. Lo diré aquí y donde haga falta».

 

Ante esta infamia, lo que produce más indignación y pena no es ya que el Tribunal Constitucional esté bajo las órdenes del Poder Ejecutivo, no, porque con eso ya contamos, sino que hombres sin honor, léase Zapatero el débil, con tres informes sobre su mesa que le advertían de la inconstitucionalidad de la LIVG 1/2004, acabase arrodillado a la turba feminista radical hasta llevar al Congreso de los Diputados el Anteproyecto de la LIVG redactado en los bufetes de abogadas feministas de la capital vinculadas al PSOE y que venían siendo subvencionadas desde tiempos de Felipe González.

Zapatero el «Metrosexual», el «Contador de Nubes», tuvo sobre su mesa el demoledor informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un segundo informe del Consejo de Estado y un tercero de la Fiscalía General del Estado, los tres documentos le avisaban de la inconstitucionalidad del Anteproyecto de la LIVG. No obstante, rompiendo una lanza en favor de tan insustancial y curioso espécimen político, el huero de Zapatero, hay que advertir que este encogido hombrecillo siempre estuvo bajo los afilados tacones de aguja de su fiera vicepresidenta, una tal Mª Teresa Fernández de la Vega, portavoz y a la vez secretaria impagable del lobby feminista tanto nacional como internacional (ONU) para desplegar en España las tóxicas políticas de Género, una mujer con puño de hierro cuyos méritos feministas fueron premiados años más tarde con un ascenso al nombrarla presidenta del Consejo de Estado, un órgano consultivo del Ejecutivo que se reúne una vez al mes y que no sirve absolutamente para nada, pues es un chiringuito más al objeto de colocar a políticos inservibles en un puesto de trabajo innecesario y artificioso, sin duda un retiro merecido y bien pagado para altos y altas cargas del Estado, en realidad cargas de todos los pacientes e inocentes contribuyentes.

 

José R. Barrios