José Luis Rodríguez Zapatero lo dijo por activa y por pasiva en la campaña electoral de febrero y marzo de 2003: «En cuanto lleguemos al poder, uno de nuestros primeros objetivos es equiparar en pie de igualdad al hombre y a la mujer». Los grupos de feministas fundamentalistas que le acompañaban a los mítines y que llevaban reivindicando, desde 1997, una ley que machacara al hombre, saltaban de júbilo, enardecidas cada vez que su asunto salía a la palestra. «¡Esta vez lo conseguiremos!», gritaba alborozada Ángeles Álvarez, de la Red de Organizaciones Feministas.

El 25 de junio de 2004, el Gobierno presentó en el registro General del Congreso de los Diputados un proyecto de Ley contra la Violencia de Género. Bajo el eslogan «tolerancia cero», el documento de 42 páginas […] estaba precedido por una fuerte polémica, pues sobre el hombre recaía la presunción de culpabilidad en cualquier riña que se produjera en el seno del hogar. Se le condenaba por ser hombre y además por perjuicios ancestrales.

El Gobierno, pues, legislaba gracias a los impulsos de los grupos radicales feministas quienes con la nueva ley no buscaban penalizar las conductas delictivas concretas que se produjeran en el seno del hogar, sino condenar al hombre por el mero hecho de ser hombre. Para ello el Gobierno estaba dispuesto no sólo a vulnerar la Constitución y a crear un sistema punitivo especialísimo en contra de los varones, sino que se proponía llegar aún más lejos: todos los ilícitos que años antes se contemplaban en el Código Civil fueron sustraídos y trasladados al ámbito penal por la nueva Ley contra la Violencia de Género.

Como hicieron los nazis con los judíos antes y durante la Segunda Guerra Mundial, el hecho de haber nacido con el cromosoma Y aquí sería el motivo concreto de sospecha y persecución.

El 14 de mayo de 2004, La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial rechazó el informe a favor de la LIVG. El órgano de Gobierno de la Magistratura española encargó a continuación un nuevo texto al magistrado José Luis Requero Ibáñez, vocal y miembro de Consejo. El día en que el proyecto iba a aprobarse, la Red de Asociaciones Feministas, un organismo de carácter ultrarradical, convocó a sus activistas frente a la sede del Consejo, en la calle Marqués de la Ensenada de Madrid. Los gritos e insultos que allí se escucharon no tenían parangón desde la instauración de la democracia en España.

– ¡Machista!,¡hijo de puta!, ¡maltratador de mujeres!... –le gritaban.

El 25 de mayo de 2004, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentó un informe en contra de la LIVG (Ver capítulo 5 de esta obra, que recoge las 21ª conclusiones de dicho informe). Tal documento, negativo en extremo al Anteproyecto, pero juicioso a todas luces, además profesional, técnico y cualificado en su materia, digno de lectura pausada, no obstante, como era de esperar, desató todas las iras del infierno.

El jueves 24 de junio de 2004, el Consejo de Estado remitió al Gobierno un documento de ochenta folios en el que también discrepaba abiertamente del carácter sexista de la LIVG y criticaba la «tramitación irreflexiva  y acelerada» de esta ley y pedía «mayor reflexión» al Gobierno y al Parlamento antes de poner en práctica una ley tan contundente: «La protección efectiva y adecuada de la mujer víctima de violencia puede requerir medidas específicas de acción positiva, pero formuladas de manera indirecta y sin suponer necesariamente una discriminación o exclusión por razón de sexo», aseveraba dicho informe del Consejo de Estado.

El 12 de junio, quince mujeres se reunieron en la Moncloa con el presidente Zapatero y con el ministro Jesús Caldera.

El 22 de junio de 2004, la Mesa del Congreso de los Diputados admitió a trámite la LIVG y tras seguir los pasos preceptivos se aprobó por votación el 22 de diciembre de 2004. La ley apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado un aciago 29 de diciembre de 2004. Su entretejido texto legal no dejaba nada a la improvisación: modificaba el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Demarcación y Planta Judicial, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica del Poder Judicial (la legislación que regula el gobierno de los jueces y magistrados).

Se trataba, por lo tanto, tras la aprobación de la Constitución de 1978, de un hecho sin precedentes, concretamente de la ley que más modificaciones producía de una sola vez en el ordenamiento jurídico de la nación. Uno de los mayores aciertos, según el Gobierno, había sido la creación de unos serie de «juzgados de excepción» –los Juzgados de Violencia sobre la Mujer–, competentes para detener, celebrar juicios rápidos y tomar medidas cautelares tales como la prisión y la orden de alejamiento. Juzgados especialísimos, de los que no hay parangón en el Derecho comparado».

Años antes, en el 2002, se puso en marcha «El Observatorio contra la Violencia de Género», un Órgano dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero que pronto adquiriría vida propia e independencia. Si bien su cometido teórico es «ser un instrumento de análisis y actuación que, en el ámbito de la Administración de Justicia promueve iniciativas y medidas dirigidas a erradicar el problema social de la violencia de género», en la prácica funciona como el Ojo de Sauron, ese que escruta todo lo que sucede en la Tierra Media (la España de nuestros días), esto es, analiza las sentencias de los jueces y elabora informes de cómo se están aplicando las leyes de género, también redacta Guías para ayudar a los jueces en su correcta interpretación y aplicación del Derecho de Género, además elabora infinidad de estadísticas con criterios propios cuyas conclusiones lógicamente son subjetivas, esto es, inservibles para analizar lo que realmente está ocurriendo con la violencia, no ya de género, sino con la que es urgente analizar, la intrafamiliar o doméstica. Informes sólo útiles al régimen, carentes de valor estadístico alguno, precisamente por sus métodos ad hoc de manejo de los datos. Observatorio empeñado en no existen hombres inocentes, sino que no se ha podido mostrar su culpabilidad.

Y como el dinero de género es abundante en extremo y llega para todo lo ocurrible, como tampoco su gasto está sujeto a debida auditoría, el Observatorio Nacional de Género, sito en Madrid, instalaría una sede en cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas. De este modo, dieciocho Observatorios de Género vigilan muy de cerca y en rigurosa exclusiva a los varones españoles. Con ello estamos ante una nueva multiplicación de sedes de colocación cuyo único requisito es la afiliación de ideas. Una impune ampliación de infraestructura empresarial de un boyante negocio, el de género, que en su conjunto funciona como una Administración Paralela o Ministerio en la clandestinidad por el monto presupuestario que maneja y las decenas de miles de personas que mantiene colocadas.

 

José R. Barrios