En la ceremonia de la confusión que tiene lugar en la política catalana de estos días, algunos pretenden hacer pasar a las víctimas por agresores y a los agresores por víctimas. Sin embargo, el engaño cada día es más evidente y los dispuestos a dejarse embaucar son cada vez menos, en Cataluña, en el resto de España y, como están comprobando dolorosamente, también en el conjunto de Europa.

Las víctimas son, por este orden, la ciudadanía catalana y del conjunto de España, así como las instituciones democráticas que en Cataluña y en el resto de España están llamadas a asegurar su convivencia, sus libertades y el desarrollo colectivo. Los agresores son, sin lugar a la duda, aquellos que pretenden imponer sus ambiciones sobre la legalidad democrática. Y aquellos que buscan imponer sus ensoñaciones por encima del derecho de catalanes, españoles y europeos a vivir en paz, ajenos a la amenaza del nacionalismo populista y supremacista que tantos dramas ocasionó durante el siglo pasado.

La democracia española se defiende de sus agresores, claro. Está en su legítimo derecho. Cuando se subvierte la ley democrática, cuando se socavan los cimientos del Estado de Derecho, cuando se proclama la sedición y la ruptura del orden constitucional que garantiza los derechos y las libertades, la sociedad organizada se defiende. Y quienes la amenazan son obligados a comparecer ante la Justicia y asumir sus responsabilidades. Claro. Lo sorprendente es que se sorprendan. ¿Qué pensaban?

La historia moderna de España es una historia trágica. Durante los dos últimos siglos los españoles fuimos incapaces de entendernos para establecer siquiera unas reglas básicas de convivencia. Las desigualdades sociales, las diferencias religiosas, el papel del ejército, la forma del Estado, las identidades territoriales… Cualquier motivo, o todos los motivos a la vez, eran buenos para exacerbar las diferencias, generar conflictos y frustrar cualquier oportunidad de desarrollo común.

Hasta 1978. Para sorpresa de muchos, y para satisfacción y agradecimiento de las generaciones presentes, los españoles de la Transición fueron capaces de superar siglos de desencuentros y violencias para alcanzar un pacto. El pacto constitucional no resolvía de un plumazo todas las diferencias y todos los problemas endémicos del país, pero establecía unos fundamentos comúnmente aceptados, para posibilitar un proyecto colectivo en paz, junto al resto de los pueblos de Europa.

Ese pacto incluía un modelo territorial que, al modo federal de otras naciones de conformación plural, aseguraba a un tiempo unidad y respeto a la diversidad, igualdad de derechos y descentralización política. Y el pacto fue votado muy mayoritariamente en toda España, y muy especialmente en Cataluña. Es un pacto perfectible, desde luego. Es un pacto a perfeccionar, de hecho, pero a perfeccionar desde el mismo consenso que le dio vida.

Sin embargo, ahora unos cuantos han decidido que ya está bien de Constitución, de pacto, de consensos y de convivencia. Han decidido que hay que volver a las andadas, al desencuentro y al conflicto. Han decidido que, pese a estos cuarenta años de convivencia en paz, de desarrollo próspero y de descentralización máxima, es hora de romper los cimientos del pacto constitucional. Han decidido fracturar un país, España. Hacerlo desaparecer, sin más. Y han decidido hacerlo por la bravas, porque sí, porque “Cataluña es nuestra”, en el elocuente discurso supremacista de Ernst Maragall.

En la democracia española, todas las ideas legítimas, y el independentismo lo es, pueden defenderse, si se hace respetando los derechos de quienes no compartimos esas legítimas ideas independentistas. ¿Cómo? Acudiendo a los procedimientos que proporciona el Estado de Derecho. Podrían haber planteado sus propuestas de forma abierta en las instituciones, para posibilitar el diálogo y un eventual entendimiento. O podrían haber planteado una iniciativa de reforma constitucional, en el Parlamento catalán primero, y en el Congreso de los Diputados después.

Y hubiéramos hablado, y hubiéramos debatido, y posiblemente hubiéramos votado. En la sede de la representación de todos los españoles, porque a todos los españoles concierne la integridad de nuestro país y el futuro colectivo. Y yo hubiera votado contra la secesión, desde luego. Puede que contra la secesión hubiera votado la mayoría. De hecho, este es el argumento dudosamente democrático que esgrimen los independentistas catalanes para desechar lo que llaman la “vía Ibarretxe”.

Claro que hay caminos alternativos a los de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a las mayorías. En España y en el resto de Europa los conocemos bien. De hecho, los independentistas han de saber que haremos todo lo posible para no se repitan, dentro de la ley.

Somos humanos, y no podemos dejar de empatizar con quienes sufren cárcel y desgarro familiar, por alejados que estemos de sus ideas e intenciones. Pero tampoco podemos ignorar a las víctimas más que seguras que hubiera generado la inacción de la Justicia, en un escenario de vulneración impune de la legalidad constitucional y de vuelta al conflicto civil, tan dramáticamente presente en nuestra historia.