Antonio Ramón Peña es doctor en Historia, gran conocedor de la Cataluña moderna y contemporánea. En esta entrevista nos habla de la pérdida de las libertades en España y la tiranía del pensamiento único, así como el proceso de la llamada Segunda Transición en España.

 

El relato de la izquierda revanchista quiere demoler la verdadera Historia de España.

Por su puesto, elaborando y difundiendo una interpretación única del pasado. La primera etapa fue la demonización de todos aquellos que no se ajustaban o no estaban de acuerdo con la interpretación oficial. La segunda etapa, en la que estamos, es ilegalizar todo pensamiento que disienta de la interpretación oficial. La reforma de la Ley de Memoria Histórica que el PSOE tiene en mano lleva a que el mismo hecho de pensar diferente sobre un tema sea delito.

Es el fin de libertades constitucionales, especialmente la de cátedra, de enseñanza, de libertad para investigar y divulgar el pensamiento, el arte y el conocimiento... sin sufrir presiones económicas, políticas o de otro tipo por ello.

Juan Pablo II en la constitución apostólica Ex Corde Ecslesiae (1990) recogió la libertad de cátedra e investigación como una “consagración sin reservas a la causa de la verdad”, “está en juego el significado de la investigación científica y de la tecnología, de la convivencia social, de la cultura, pero, más profundamente todavía, está en juego el significado mismo del hombre”. Y esto es lo que se disponen a destruir.

La UNESCO (1997) definió esta libertad de cátedra como la libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas o institucionalizadas, la libertad de llevar a cabo investigaciones, difundir y publicar los resultados de las mismas, la libertad de expresar libremente la propia opinión sobre la institución o el sistema sobre el que se trabaja.

 

Y por supuesto, la Ley de Memoria Histórica es también el fin de la libertad de expresión y manifestación.

 

¿No hubo nadie que se diese cuenta del escenario que se estaba montando para tal objetivo de destrucción? O dicho de otra manera, ¿alguien vio que el objetivo era la destrucción de España, de su cultura cristiana, de su historia y de su misma existencia?

Algunos se dieron cuenta y lo denunciaron. En el ámbito político hubo algunos, muy pocos, como Blas Piñar, por ejemplo, que se opuso a la aprobación de la Constitución del 78. Pero una vez aprobada aceptó las nuevas “reglas de juego” e intentó, desde el Congreso, combatir contra los efectos más adversos de la Constitución: la falta de protección a la vida y a la familia, y se opuso al desarrollo autonómico tal como se estaba realizando.

Pero me interesa sobre todo destacar el silencio de la jerarquía eclesiástica en su conjunto, que aceptó todos los presupuestos constitucionales sin chistar. Hubo voces sueltas, especialmente la de Dom Marcelo González, como su Instrucción Pastoral del 28 de noviembre de 1978, Ante el referéndum sobre la Constitución.

Este breve documento es verdaderamente profético, planteando los problemas de la Constitución y sus consecuencias: omisión real de toda referencia a Dios, lo que dará lugar a que la “orientación moral de las leyes y actos de gobierno quede a merced de los poderes públicos turnantes, “salvoconducto para agresiones legalizadas contra derechos inalienables del hombre”.

Y continuaba: la Constitución que presenta a referéndum diseña una sociedad permisiva, lo que es contrario al ejercicio valioso de la libertad. Una educación sometida a la ideología marxista y que negará a los padres su derecho a que sus hijos reciban formación religiosa y moral católicas. La constitución se proyecta contra los docentes que quieran resaltar una visión moral y religiosa en sus materias, atacando la libertad de cátedra.

Añadía Dom Marcelo que esta constitución no tutelaba los valores morales de la familia y permitía la propaganda del divorcio, de los anticonceptivos, de la arbitrariedad sexual y reproductiva y del aborto.

En definitiva, una constitución que socava los criterios cristianos de la persona, la familia, la sociedad y la patria, impidiendo a las futuras generaciones “conocer y amar más a Dios”, de lo que se deriva el odio y la persecución a Cristo.

 

En todo este proceso hasta la situación actual, ¿qué papel tiene la dinastía borbónica hoy por hoy reinante?

Desde mi punto de vista, la dinastía borbónica reinante hizo, como decimos en catalán, “mans i mànigues” (lo que fuese necesario) para conseguir el trono real. El primer paso fue el juramento –para mí dado en falso- a la Constitución de 1966, para seguidamente conculcarla y faltar al juramento dado. Porque, a mi entender, así se lo exigía la masonería internacional de Estados Unidos, Francia, Alemania, incluso la Unión Soviética. En mi opinión, lo que Juan Carlos hizo fue perjurio.

El perjurio es, un falso testimonio bajo juramento. Y es de una gravedad tremenda porque el juramento implica poner el alma ante el juicio de Dios. Este fue el juramento:

 

“¿Juráis por Dios, y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional?”

 

-“Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional”

 

-“Si así lo hacéis, que Dios os lo premie. Y si no, os lo demande”.

 

Y declaraba: “acabo de jurar como sucesor, a título de Rey, lealtad a su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino (…) Recibo del Jefe del Estado la legitimidad surgida el 18 de julio de 1936 (…) mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los Principios y Leyes que acabo de jurar”.

 

Y lo primero que hizo, con Franco entre la vida y la muerte, fue entregar el Sáhara a Marruecos por, a mi entender, indicación de Estados Unidos. Y al mismo tiempo cambiar el rumbo de la reforma para imponer una ruptura encubierta: un gran pacto que 40 años después está llevando a la destrucción de España.

 

¿En ese pacto entraron todos los partidos?

El PSOE, que no representaba a casi nadie pero era bien regado con el dinero alemán y norteamericano, como bien han investigado profesores como Antonio Muñoz Sánchez. Las investigaciones, como las de A. Muñoz apuntan hacia la fundación Friedrich Ebert y el SPD, por ejemplo. Todo ello estaría supervisado por la CIA.

Este contexto me lleva a la conclusión de que el PCE entró en el juego porque no le quedaba más remedio. Por su parte Alianza Popular se propuso afrontar la situación pero sin impugnar el nuevo sistema y los hechos consumados. Por lo que respecta a los nacionalistas vascos y catalanes, sin tener un peso decisivo como para paralizar el proceso, ha quedado patente cómo se les dio rangos ejes del proceso, incluso con una ley electoral que les da una extremada sobredimensión, garantizándoles seguir siendo el cigüeñal que mueve el sistema hacia su destrucción y la de España.

 

Pero hubo un momento en que parecía que todo iba a fracasar.

Nos situamos en 1980. Por esa razón se impulsó y se propagó en los medios de comunicación la idea de un gobierno de concentración. Éste se llevaría a cabo mediante un supuesto golpe de Estado. Lo que falló fue Tejero, porque no admitió el cambalache al que le habían empujado.

Lo primero que hace el PSOE en el año 1982 –a pesar de su mayoría absoluta- fue negociar con los nacionalistas y con ETA la descomposición paulatina de España (transferencias, las cesiones en Argel…). Pero es que el PP de Aznar hizo lo mismo (pacto del Majestic, por ejemplo).

 

Pero todo esto no era suficiente para destruir nuestra patria.

Hizo falta una vuelta de tuerca, más si cabe viendo que los partidos del Frente Popular podían perder el control del sistema por mucho tiempo. Desde mi punto de vista, es aquí donde se inserta el 11M, Zapatero y la Segunda Transición, y la incorporación del PP (con Rajoy) a la Segunda Transición.

 

Y en estas llegamos al momento actual.

Zapatero fue la puesta de largo de la Segunda Transición mediante la exaltación del odio a media España. Pero era necesario un elemento que hiciese de espoleta, de detonador de la bomba de relojería que es la Constitución de 1978. Este elemento detonador es el proceso revolucionario en Cataluña. Pedro Sánchez es el gestor de la explosión del sistema, es el último acto.

A día de hoy, de nuevo los partidos del Frente Popular creen estar ante una Ventana de Overton y no van a dejarla pasar. Por eso, desde las instituciones en Cataluña se jalea la revuelta (el “apreteu, apreteu” de Torra). Desde el gobierno llamado central o bien se mira hacia otro lado y se intenta negar la situación (como hizo Rajoy) o se hace como que se actúa pero “con proporcionalidad” (eufemismo para decir “se actúa pero no mucho”)

Y debo insistir en que desde mi óptica, desde el 11M el PP se ha unido a esta Segunda Transición y a ella también se ha incorporado Ciudadanos.

El único partido con dimensión suficiente que no se ha incorporado, ni aceptado esta Segunda Transición es VOX. Por eso es demonizado por todos los demás partidos.

 

¿Vox es un partido anti-sistema y fascista?

Vox es un partido del sistema constitucional de 1978 pero, a diferencia de los demás que están en la Segunda Transición, Vox defiende dos cosas, a mi entender: la vigencia de esta Constitución y la necesidad de reformar/cambiar algunos aspectos de dicha Constitución que han resultado nocivos, casi letales, para la subsistencia de la sociedad española y de la propia España como patria communis de todos con independencia de domicilio, profesión o estado social, por lo que nadie se puede apropiar de ella ni dividirla ni compartirla. Una comunidad política comprometida en la defensa del progreso espiritual (cristiano) y material de las personas por encima de la desmesura del Estado. Una patria de la cual Isidoro de Sevilla dijo, en su De Laudae Hispaniae: “¡O sacra y venturosa España, madre siempre feliz de príncipes y de pueblos!”. En Vox hay diversidad de gentes y sentires pero pienso que todos convergen en estos dos puntos.

La Constitución de 1978 puede gustar o disgustar, a mí no me gusta. Pero es el máximo marco jurídico actual dentro del cual debemos movernos. Es posible cambiar diversidad de cosas conforme marca la propia Constitución -y los demás mecanismos jurídicos- para mejorar, corregir y encauzar nuestro devenir en el presente y en el futuro. Esto es lo que propone Vox, lo cual está muy lejos de las pretensiones de los partidos del frente popular (incluido PP y Ciudadanos) de segundas transiciones.

 

Llegados a este punto, ¿qué papel cree usted que tiene la actual dinastía reinante?

La actual dinastía, en la persona de Felipe VI, veo que ha optado por incorporarse a la Segunda Transición. Puedo estar equivocado, pero ahora mismo así lo veo yo.

Mi análisis es muy sencillo: incorporarse a la Segunda Transición que va a dar paso a un sistema confederal, que llaman falsamente federal (porque de hecho el sistema autonómico ya está haciendo que España funcione como una federación muy descentralizada). Una España confederal formada por diversas naciones-estado soberanos, colegiados por la Monarquía, en la actual dinastía borbónica. Bien puede ser, pero esto me da la impresión que no puede durar. Sucederá como le pasó a la Unión Soviética con su conversión en la Comunidad de Estados Independientes (CEI). La idea de la CEI era permitir un "divorcio civilizado" entre las repúblicas que conformaban la URSS, pero el proceso no fue nada civilizado, estuvo lleno de guerras civiles y guerras territoriales entre los estados miembros de la CEI.

Si este es el camino que los partidos han escogido, el desenlace será similar al de la CEI y la Monarquía no sobrevivirá a este proceso.

 

¿Cuál pueden ser la solución?

A mi entender hay dos vías de solución razonables y realizables en el respeto al marco constitucional: una inmediata y otra a medio plazo. Y pienso que son las dos más adecuadas.

De inmediato, utilizar todos los mecanismos que la Constitución pone a nuestra disposición para acabar con el proceso revolucionario. Por desgracia la fantasmagórica aplicación del artículo 155 y la actual situación hace que este artículo esté ya quemado, ya no sirve, el momento ha pasado. Estamos ya en otra fase. Nos queda el 116 en cualquiera de los dos supuestos: Estado de excepción o estado de sitio. Restablecido el orden y la ley, sólo después puede aplicarse el 155 en profundidad durante varias décadas.

 

A medio plazo, restablecidos el orden y la ley –actualmente rotos- iniciar una reforma constitucional en diversos puntos de su articulado para corregir algunos de los aspectos para mí más nocivos, como los que señalaba Dom Marcelo, introducir una referencia a los principios supremos de ley natural y divina para dar una orientación cristiana a las leyes que desarrollen la Constitución o de ella se deriven y blindar la protección a la vida y la familia para hacer imposible el aborto, la eutanasia, la eugenesia; aumentar la protección a la libertad de educación y enseñanza y cambiar la estructura autonómica de España, o garantizar constitucionalmente la autonomía e independencia del Poder Judicial, entre otros aspectos y puntos.

Otra opción, aunque no la veo posible hoy por hoy, sería abrir un proceso constituyente que recuperase la idea genuina de reforma, adaptando la constitución de 1966 a la España actual.