En el debate entre Soraya Sáenz de Santamaría, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera se trataron diversos temas. Se habló de la crisis económica, del empleo, de la corrupción y de otras cuestiones, como la que afecta a la independencia de Cataluña.

Pablo Iglesias comentó que uno de sus objetivos es lograr que el derecho a la educación se equipare a los demás derechos civiles y Soraya Sáenz de Santamaría respondió que ya existe el derecho a la educación como derecho fundamental. Efectivamente, la dirigente tenía razón.

El artículo 27 de la Constitución Española, de gran extensión en lo que a su redacción se refiere, señala en su primer apartado que “Todos tienen el derecho a la educación”. El segundo apartado del mismo precepto indica que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

El derecho a la educación tiene una gran importancia, aunque su gestión, que ha planteado muchos problemas por lo que se refiere a su establecimiento, debe determinarse conforme a la legislación. La Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981, de 13 de febrero, dice que “en el ejercicio de esa libertad, el legislador no tiene otros límites que el genérico que le impone el art. 53.1 de la Constitución de respetar el contenido esencial del derecho garantizado, y el que deriva de las reservas de Ley contenidas tanto en dicho precepto como en el del art. 81.1”.

La protección que la norma superior del ordenamiento jurídico español le concede al derecho a la educación se encuentra en el artículo 53 de la Constitución, por el que podrá ser tutelado por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Pablo Iglesias hizo una afirmación con la que cometió, en un sentido técnico-jurídico estricto, un error. Lo curioso es que él es licenciado en Derecho y debiera no cometer un fallo como ese, aunque, probablemente, estaba pensando más en el ámbito electoral que en el ámbito jurídico.