Con motivo de la Festividad del Corpus, la parroquia castrense de Sª Mª de la Dehesa organizó la tradicional procesión del Corpus en mayo de 2016. Dicha procesión fue prohibida por la Junta Municipal de Latina en Madrid. Esta prohibición se hizo en flagrante transgresión de la normativa reguladora, concretamente la Ley Orgánica 9/183 del 15 de julio, que regula el derecho de reunión, ya que el organismo de tramitación, tal y como dispone dicha ley, es la respectiva Delegación o Subdelegación del Gobierno, no el ayuntamiento correspondiente como se venía realizando hasta ahora.

Se solicitó información sobre la normativa reguladora y el organismo de tramitación de los actos religiosos en la vía pública, a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno en Madrid y al Servicio de estafeta del Ministerio del Interior y, dada su ignorancia sobre el asunto en cuestión, en abril de 2017 se elevaron alegaciones al entonces Secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto Ballesteros, añadiendo a las mismas solicitudes la correspondiente depuración de responsabilidades.

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos Orihuel, director por entonces del Gabinete de Coordinación y Estudios, comunicó que la correspondiente normativa del asunto en cuestión es la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, y que el organismo de tramitación, tal y como dispone dicha Ley Orgánica, es la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente. Se omitieron pues las reiteradas solicitudes de depuración de responsabilidades y comunicación de su resolución a las partes afectadas, esto es, a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, a los ayuntamientos, a las CC.AA. vasca, navarra y catalana, competentes en seguridad ciudadana, y a la Conferencia Episcopal Española.

Se remitieron diversos escritos desde el 13 de julio de 2017 a los entonces Secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto Ballesteros, al Ministro del Interior Juan Ignacio Zoido Alvarez, al Presidente del Gobierno Mariano Rajoy Brey, a varios ministros y ministras del PP y sus cúpulas anterior y actual, con reiteradas respuestas negativas a los escritos.

También se puso en conocimiento de todo ello a la exministra Dolores Montserrat Montserrat para que actuara de mediadora, a fin de que el Ministerio del Interior Español respete la Ley, sin haber recibido hasta la fecha respuesta alguna, igual que la actual administración socialista, que continúa ignorando la ley.

En defensa de nuestro ordenamiento jurídico y nuestro Estado de Derecho, los autores de los hechos anteriormente expuestos no son dignos de ocupar un escaño en el Parlamento Europeo en representación de España.