Desde que se aprobó la Constitución de 1978 el sistema parlamentario español es un sistema bicameral, formado por el Congreso de los Diputados y por el Senado, como es bien sabido.

El Congreso está compuesto por 350 diputados, elegidos todos ellos por sufragio universal en listas cerradas (se vota a un partido, no directamente a las personas) y el Senado por 266 senadores, de los cuales 208 son elegidos por sufragio universal en listas abiertas (se vota directamente al candidato) y 58 son nombrados por los parlamentos autonómicos.

Según los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados, los del año 2018[1], el coste total de las “Cortes Generales” (capítulo 02) asciende a 197 millones de euros, de los cuales 124 millones (aproximadamente) corresponden al Congreso y 73 al Senado, incluyendo gastos de personal (diputados, secretaría, asesores, letrados, conserjes, conductores, mamporreros, ‘corre-ve-y-dile”, etc) por importe total de 114 millones y otros gastos (suministros, viajes, coches, etc) por importe de 83 millones. Como referencia, ese gasto total de 197 millones equivale a lo que cobran anualmente, en media, 15.000 pensionistas.

Dividiendo ese gasto total entre el número de diputados y de senadores, resulta que cada diputado nos cuesta a todos los españoles 355 mil euros al año y cada senador 273 mil euros. Si, han leído bien: 355 mil y 273 mil, ni más ni menos. Teniendo en cuenta que el sueldo medio en España es de unos 23.150 euros anuales, equivale –respectivamente– al sueldo medio anual de 15 o de 11 ciudadanos. Obviamente esos no son los sueldos de los diputados, que oscilan entre 53 mil y 88 mil euros anuales (según su lugar de procedencia y si pertenecen o no a las numerosísimas comisiones, lo que ya está bien, especialmente viendo la calaña de algunos de los supuestos legisladores), sino que es el coste medio por diputado incluyendo la parte proporcional de todos los demás gastos.

Pensemos ahora en el funcionamiento real de las cámaras, obviando el debate, en mi opinión plenamente justificado, de cuál es la utilidad real del Senado.

La experiencia demuestra que, salvo media docena de diputados por cada uno de los grupos parlamentarios (el portavoz en los plenos y los portavoces en las principales comisiones) el resto son meros invitados de piedra cuya única función es pulsar en cada votación el botón que les ordena su jefe de filas, y aún eso –en bastantes ocasiones– son incapaces de llevarlo a cabo correctamente. El resto del tiempo o se ausentan, o dormitan, o hacen la compra por internet o juegan ‘on-line’ al ‘candy crush’ o, incluso, visitan páginas X, entre otras actividades de lo más variopintas. Esporádicamente eructan algún improperio o alguna impertinencia.

 

¿A qué se dedicarán entonces sus señorías?

Para justificar el sueldo y, de paso, para hinchar un poco más su ya abultada nómina a base de pluses por pertenecer a las “famosas” comisiones, sus señorías han inventado, nada menos, que 57 comisiones[2], más sus correspondientes sub-comisiones, esto es, una comisión por cada 5 diputados, aproximadamente, algunas simplemente redundantes, como la “Comisión para el Estudio del Cambio Climático” y la “Comisión de Transición Ecológica”.

Podría pensarse que, existiendo ese número de comisiones, cada diputado pertenecerá a una o a lo sumo dos de ellas, a las que se dedicará en cuerpo y alma. Pero no, ni con esas. Veamos la primera que aparece en la lista de la página web del Congreso de los Diputados, la “Comisión Constitucional”.

La Comisión Constitucional está formada por un Presidente, un Vicepresidente 1º y otro Vicepresidente 2º, un Secretario 1º y un Secretario 2º, 7 Portavoces, 5 Portavoces adjuntos, 20 vocales, 21 diputados adscritos y 2 letrados (no diputados). Total 60 personas, un pequeño ejército.

¿Qué han hecho esas 60 lumbreras durante los 32 meses que ha durado la XII Legislatura (de julio de 2016 a marzo de 2019)?

Se han reunido 20 veces (menos de una cada mes y medio), con una duración media de cada sesión de 2 horas y 15 minutos, si bien alguna de las reuniones (por ejemplo, la del 30-nov-2017) han durado CINCO (5) minutos; durante esos 32 meses han estado reunidos un total de 45 horas, poco más de la jornada de cualquier trabajador en ¡una semana!. De hecho, en 32 meses un trabajador dedica a su trabajo unas 4.800 horas, 107 veces lo que han dedicado sus señorías a una comisión aparentemente tan importante como la “Comisión Constitucional”

En estas 45 horas de trabajo efectivo (en dos años y 8 meses) han tramitado 15 proyectos o proposiciones de Ley, de los cuales solo han aprobado TRES (3). El resto “ha caducado” o lo han aplazado hasta la siguiente legislatura.

El resto de comisiones son iguales o peores.

¿Necesitamos gastar 124 millones de euros todos los años para esto?

Mi respuesta es que NO, rotundamente NO.

Entonces, ¿qué se puede hacer?

Muy sencillo. Cada portavoz de cada grupo parlamentario debería disponer de un número de votos igual al número de escaños (teóricos) que ha obtenido. De ese modo, y en base a los resultados de las últimas elecciones, el representante del PSOE tendría 123 votos, 66 el del PP, 57 el de Cs y así sucesivamente. Bastaría que se reunieran los representantes de cada uno de los 13 partidos con representación parlamentaria en una mesa de dimensiones adecuadas, cada uno con sus votos, para hacer lo que hacen ahora. Si echan en falta los aplausos, abucheos, risas y murmullos de sus antiguos colegas de hemiciclo, lo podrían llevar grabado: el representante del PSOE pondría el ‘podcast’ de abucheos cuando interviniera el del PP, y el de aplausos tras su propia intervención.

¿Qué hacemos con las Comisiones?

En primer lugar, reducirlas a las estrictamente necesarias e imprescindibles. Probablemente no más que el número de carteras ministeriales (17) más las 5 o 6 reglamentarias, total no más de 25, en lugar de las 57 actuales. A esas comisiones asistiría un representante de cada partido, con su correspondiente cartera de votos, como en el Pleno.

Como sus señorías no están hechas para trabajar en exceso, y a la vista del tiempo que dedican a cada comisión, con 4 o 5 personas por grupo parlamentario (8) debería ser suficiente para atender las 25 comisiones, lo que hace un total de 35 o 40 diputados, incluidos los 13 portavoces y los componentes de la Mesa.

En definitiva, con unos 40 diputados, que trabajen de verdad, como cualquier asalariado español, se haría lo mismo que con los 350 actuales, ahorrando –seguro– más de 100 millones de euros a todos los contribuyentes.

Pero claro, ¿de qué vivirían los 310 diputados que sobran y sus batallones de secretarios, asesores, jefes de gabinete y ayudantes? … tendrían que buscar trabajo y eso, para personas sin formación, sin experiencia y sin ganas de trabajar, es casi “misión imposible”.

Me temo que estamos condenados a seguir consintiendo que esta plaga siga viviendo a nuestra costa.

 

 

[1] http://www.congreso.es/docu/pge2018/pge_2018-tomos/PGE-ROM/doc/L_18_A_G1.PDF, pág. 29

[2] http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision