La Sra. Ángeles Carmona, presidenta sine die del «Observatorio de Género», en una noticia difundida por Europa Press (18/06/2019), daba a conocer que «en 2020 habrá la primera promoción de jueces especializados en “violencia machista”» y además apuntó que, «en cinco años, en todos los juzgados especializados –siempre se refiere de este modo a los Juzgados de Excepción o Juzgados de Género–, ya haya jueces con esa especialidad aprobada».  Así lo manifestó tras inaugurar la Jornada Tolerancia Cero contra la violencia de género organizada por Atresmedia (Antena 3) y Fundación Mutua Madrileña. Ángeles Carmona explicó que «esta especialidad de la carrera judicial se ha creado en virtud de la aprobación de la Ley Orgánica 5/2018 para dotar a los jueces de formación específica en violencia de género. Hasta ahora, los jueces que tomaban posesión en un órgano especializado en violencia sobre la mujer tenían que pasar por un curso online de unas semanas de duración y posteriormente realizar prácticas en un “juzgado especial”». También precisó que «ya se está trabajando en la elaboración de los temarios, las tutorías y la gestión» en la Escuela Judicial de esta nueva especialidad. Ángeles celebró que esta medida, una de las contempladas en el «Pacto de Estado»rubricado en 2017, haya sido «una de las primeras implantadas en la legislación». Por último, esta alta carga del Estado, puso la guinda en su intervención al dejar caer una vez más eso de «entendemos que la perspectiva de género debe tenerse en cuenta en cualquier resolución». A esto, ya de por sí una directriz del CGPJ a todos los jueces y magistrados del país vía presidenta del Observatorio de Género, añadió eso otro tan recurrente, personalísimo y políticamente correcto de «hay sensibilización y concienciación entre los jueces y juezas».

Esto sucede porque la Judicatura, o lo que queda de ella, sólo es un títere en manos del Poder Ejecutivo, Judicatura que ha entrado en estado de alerta y sobrevive en un mar de profundo malestar ante lo que se le viene encima por imperativo gubernamental, pues se pretende que la formación en materia de género prime sobre los principios de mérito y capacidad, de manera que, según recoge la noticia de ABC Madrid (3/9/18), «un juez con la especialización en violencia de género, aunque con sólo dos años de experiencia, pueda acceder al Tribunal Supremo por encima de otro que sea experto en Derecho Penal y cuente con veinte años de experiencia». Los jueces –prosigue el texto de la noticia– critican que «se asimile la especialización en violencia de género a los efectos, por ejemplo, del acceso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo» Y esta vuelta de garrote vil de género, ¿dónde están la trayectoria profesional, los principios de mérito y capacidad sobre los que debe fundamentarse?, se preguntan los jueces.

Porque esto de «imponer criterios ideológicos a los jueces, por encima del imperio de la ley –tal y como recalcó el Juez Serrano en una entrevista realizada por Rosalina Moreno para www.confilegal.com (17/03/2019)– es un disparate, una barbaridad que ataca los pilares del Estado de Derecho, como ocurrió en su día tanto en la época de Stalin o la Alemania nazi, de ahí que no tengan que existir Juzgados de Violencia de Género, pues en esencia son Tribunales de Orden Público para proteger a una parte de la sociedad frente a otra, como a la par debe derogarse la Ley Integral de Violencia de Género (LIVG 1/2004), una compilación de Derecho Subjetivo que criminaliza al varón, que ha acabado con la presunción de inocencia de los hombres y arrastra a muchos al suicidio. Un Derecho de Autor que no está resolviendo el problema, sino que lo complica y envilece, pues este sistema necesita de una proliferación de denuncias falsas, abusivas o instrumentales. Urge una reforma que derogue esta Ley de Violencia de Género que únicamente defiende a la mujer, sustituyéndola por una “Ley de Violencia Intrafamiliar” que a la par de la mujer también proteja a los hijos, hombres y demás miembros de la unidad familiar, es decir, tratar el problema de la violencia familiar en su conjunto, no atendiendo en exclusiva a uno de sus miembros».

 

José R. Barrios