Ya está aquí de nuevo la campaña recurrente sobre “la crisis”, “las grandes dificultades” y “la insostenibilidad” de nuestro sistema público de pensiones. Está en los discursos de los políticos de la derecha, en los informes de las fundaciones de la derecha, en los medios más cercanos a la derecha…

El drama está bien servido. El déficit en las cuentas de la Seguridad Social se ha disparado en el ejercicio 2016 hasta los 19.000 millones de euros, el 1,7% del PIB, “el desfase más alto de la historia”. ¿Por qué? Se nos dice que el número de pensionistas y el gasto en pensiones “crecen a un ritmo insostenible”.

Y junto al déficit llega el otro dato terrible: “la hucha de las pensiones se vacía”. El Gobierno se ha visto “obligado” por la crisis a tirar de la hucha para las pagas extras y apenas llega el dinero para este año 2017.

El colofón es inevitable. Los grupos políticos deben ponerse de acuerdo en el Pacto de Toledo para reducir gastos, recortando las prestaciones públicas e incentivando la contratación de planes privados de pensiones.

Solo que todo es mentira.

El déficit de la Seguridad Social se ha disparado, sí. Pero no a causa de un aumento desaforado del número de pensionistas y del gasto en pensiones, cuyo crecimiento ha sido moderado y regular a lo largo de la última década. Entre 2011 y 2016 se han sumado medio millón de pensionistas, efectivamente. Pero también han llegado 600.000 ocupados más. Y las prestaciones han tenido el límite (injusto) de subida en el 0,25%.

El déficit se ha disparado desde 2011 (-487 ME) hasta 2016 (-19.000 ME) debido a la reforma laboral del PP que precariza contratos y devalúa salarios. Y se ha disparado por la suma interminable de las reducciones promovidas por el PP en las cotizaciones empresariales, al socaire de los incentivos indiscriminados a la contratación. Y se ha disparado porque se han perdido 15 puntos de cobertura pública a los parados, que también cotizaban.

No es cierto que el Gobierno del PP se haya visto obligado a vaciar la hucha de las pensiones como consecuencia de la crisis entre 2012 y 2016. De hecho, el Gobierno socialista incrementó su dotación en plena crisis, de 45.700 millones en 2007 a 66.800 millones en 2011. La han vaciado porque han querido.

También se falta a la verdad cuando se valora nuestro sistema público de pensiones como “insostenible”, a la luz de sus cuentas globales. La mejor referencia a este respecto es el gasto en pensiones sobre PIB. Mientras España no llega al 11%, algunos países de nuestro entorno están muy por encima: Italia 15,8%, Francia 13,8&, Portugal 13%, Austria 13,2%, Bélgica 11,8%…

Y, desde luego, la mejor manera de atajar este desequilibrio indeseable en las cuentas de la Seguridad Social no llegará por los gastos sino por los ingresos. Ahí está el problema y ahí están las soluciones de verdad.

Si derogamos la reforma laboral del PP, estabilizamos los contratos y mejoramos los salarios, crecerán las cotizaciones sociales y equilibraremos las finanzas del sistema de pensiones. Si eliminamos las reducciones indiscriminadas e inútiles de cotizaciones empresariales destinadas a estimular la contratación, ganaremos en ingresos.

Si “destopamos” las cotizaciones para que los salarios más altos colaboren más con la caja común, también acertaremos. Si procuramos que los autónomos más pudientes coticen según sus ingresos reales, y no se refugien en la base mínima, como hacen ahora de manera mayoritaria, seguro que ayudamos a equilibrar el sistema. Como también lo haremos al aumentar la cobertura pública a parados. E impidiendo que las cotizaciones sociales tengan que sostener los gastos administrativos de la Seguridad Social.

En el improbable caso de que el déficit persistiera a pesar de todas estas medidas, la solución no estará en recortar unas prestaciones ya exiguas, que este año perderán mucho poder adquisitivo, sino en aportar los fondos necesarios desde los presupuestos generales, vía fiscal. Porque hay margen para el incremento tanto del gasto como del ingreso público en España, si nos comparamos con el resto de Europa.

Porque no se trata de adaptar el gasto en pensiones a la estructura del presupuesto público que impone la ortodoxia económica neoliberal, sino de adaptar esa ortodoxia al objetivo social irrenunciable de contar con un sistema suficiente y justo de pensiones públicas.

Por eso los socialistas nos oponemos al índice de revalorización y al factor de sostenibilidad de las pensiones que el PP impuso unilateralmente en su reforma de 2013. Y por eso condicionamos cualquier acuerdo en el seno del Pacto de Toledo a su derogación, a la vinculación entre las prestaciones y el coste de la vida, y al reequilibrio de las finanzas de la Seguridad Social vía mejora de los ingresos.

Hay mucho por estudiar, por reflexionar, por acordar y por decidir, para asegurar ese sistema estable y justo de pensiones que nos merecemos. Pero hagámoslo de manera honesta y veraz.