Es justo reconocerlo. Vox está teniendo la virtud de rescatar algunos debates que el rodillo progre y la complacencia de la derecha acomplejada habían desterrado de la discusión pública. Gracias a algunas de sus iniciativas, se vuelve a hablar de algunos temas que la izquierda pretendía cerrados para siempre tras haber impuesto su criterio a la derecha desnortada.

Sin dejar de reconocer el mérito, cosa distinta es que las respuestas que el partido verde ofrece a las cuestiones planteadas sean de nuestra entera satisfacción. Unas por quedarse cortas, ofrecer soluciones parciales nada más o carecer del tono, la intensidad y la profundidad que las circunstancias requieren. Otras por, a nuestro juicio, equivocar la dirección o errar el tiro.

Uno de estos debates es el del adoctrinamiento de los menores en los colegios en asuntos como la sexualidad, el matrimonio o la familia, desde una antropología contraria al derecho natural y a la moral objetiva. La crítica de VOX es más que razonable. Su respuesta, claramente insuficiente.

Claro que hay que impedir que asociaciones feministas u homosexualistas impartan charlas disparatadas a menores de edad para hacerles dóciles a sus doctrinas aberrantes. Pero, si lo tienen tan claro ¿para qué el subterfugio del “pin parental”? Si la coalición PP-Ciudadanos-Vox gobierna en Murcia y algunas otras comunidades autónomas que tienen la competencia en educación ¿por qué no eliminan directamente y por completo la posibilidad de que dichos colectivos accedan a las aulas a adoctrinar a los menores?

La respuesta parece evidente:  porque Ciudadanos y el Partido Popular ven con buenos ojos que dichos contenidos sean trasladados a los menores, para más inri, desde las escuelas, dándoles así una pátina de respetabilidad académica.

Ya puede Casado ponerse todo lo estupendo que quiera. La realidad es que su partido lleva décadas subvencionando a las asociaciones que dan estas charlas, posibilitando que dichas asociaciones tengan liberados a los encargados de impartirlas.

El Partido Popular es quien abre las puertas a estos colectivos de los centros escolares de las regiones donde Gobierna. Llega a acuerdos con ellos y es quien los introduce en las aulas.

Más aún, el Partido Popular es pionero en España en implantar legislaciones que sancionan a los profesores y a los centros escolares que hacen frente a las imposiciones de los grupos de presión de la ideología de género, impidiendo que se exprese con liberad la oposición a dicha ideología.

¿Qué pin se va a implantar con el acuerdo del PP? Como no sea el que llevaba en la solapa Alberto Ruíz Gallardón cuando ofició su primera boda gay, hace ya más de 14 años.

¿De qué pin se trata? Será el pin de la tarjeta con la que hay que pagar las multas que prevé la legislación autonómica de la Comunidad de Madrid, impulsada por el Partido Popular, que sigue vigente y que criminaliza la oposición a la ideología de género.

Claro que necesitamos un pin. Para protegernos del PP y de Ciudadanos. Una coraza, más que un pin. Mejor aún, una lanza, para pasar de la defensa al ataque y salvaguardar el bien común, que, a día de hoy, no parece tener todavía quien sostenga firmemente su estandarte en las instituciones públicas.