Las políticas absolutamente desigualitarias, es decir, las de género, esas que buscan el odio entre sexos al objeto de hacer inviable la familia natural, un modelo tan respetable como otros minoritarios, chocan frontalmente, yendo contracorriente con lo que la propia sociedad civil desea y muestra a nivel estadístico. Ello deja en evidencia la artificialidad, lo absurdo y descontextualizado de meter continuamente estopa para incendiar todo acercamiento hombre-mujer y de incitar a las mujeres a denunciar por cualquier nimiedad.

La conjunción planetaria de dos generaciones de feministas sectarias, una la encabezada por María Teresa Fernández de la Vega y las de su era pretérita, otra la de las Bibianas y Leires, algo más actuales, ambas unidas por el sino de las estrellas a dos presidentes hueros, Zapatero y Sánchez, han hecho posible el bárbaro panorama social de desigualdades jurisprudenciales en que nos encontramos, esencialmente en Derecho de Familia, un derecho que ningunea a los hijos y es sumamente lesivo para los padres ¿Y qué fue de Rajoy?, Rajoy cerró los ojos y fue arrastrado por el torrente de género que supusieron los interminables ocho años de Zapatero con su Ley Integral de Violencia de Género 1/2004, aunque éste también colaboró para no desentonar entre tanta carnicería a los varones heterosexuales, víctimas propiciatorias de una nueva Inquisición de Género.

No obstante a tanta paga, subvención y regalos del Poder Ejecutivo de turno a las mujeres a cambio de su papeleta electoral, incluso creando en exclusiva para ellas una red de Juzgados para la Mujer, conocidos como Juzgados de Género, la sociedad civil se muestra infinitamente más cuerda, más justa y más humana que sus dirigentes políticos manejados como títeres por un generalato feminista radical que los mantiene en sus poltronas sólo a cambio de conseguir capricho normativo tras capricho normativo, aunque estos siempre se muestren fuera de la Justicia, justicia justa y sin color de sexo, sino justicia con seso, se entiende.

Los datos de la Nota de Prensa del INE, referidos al ejercicio 2017, son altamente significativos sobre lo que demanda la sociedad civil, dado que un 77,2% de los divorcios fueron de mutuo acuerdo y el 22,8% restante contenciosos. En el caso de las separaciones, casi insignificantes hoy en día, el 83,8% lo fueron de mutuo acuerdo y el 16,2% contenciosas.

Las parejas no quieren conflicto, no quieren denuncias, no desean que una ingeniería del odio arruine sus vidas y la de sus hijos, los conduzca a una agresividad creciente de consecuencias imprevisibles.

Cabe pensar que si las políticas de mediación familiar fuesen potenciadas, si la familia estuviese amparada en caso de separación o divorcio, si tanto hombres como mujeres recibieran asesoramiento y medios económicos y asistenciales para pasar el doloroso trance de una ruptura, casi la totalidad de las separaciones y divorcios serían de mutuo acuerdo, pasando la sociedad de un estado bélico y de muerte a uno más humano, de vida y civilización, ya que la barbarie española, el holocausto español de género, provienen directamente de una práctica judicial obligada, encorsetada, teledirigida, vigilada, bien premiada o puntualmente castigada, cuyo rumbo urge virar exactamente 180 grados, no hay otra solución posible más que esa, sólo esa.

José R. Barrios