El Mundo, el jueves 14 de marzo de 2019, rotulaba en su web lo último sobre el caso Rivas: «Ratificado: cinco años de cárcel a Juana Rivas por la sustracción de sus hijos durante 14 meses en 2017». Para ser más exactos, la condena aclara que esos cinco años son a razón de dos años y medio de prisión por cada uno de los hijos, además debe cumplir seis años sin derecho a patria potestad y abonar una indemnización rebajada a 12.000€, ya que en primera instancia se establecieron 30.000€. En este caso la noticia alude a una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, sentencia recurrible en casación ante el Tribunal Supremo. A este pleito español se une el que ambos mantienen en Cerdeña (Italia) acerca de la custodia de sus hijos, que quedó visto para sentencia el pasado 20 de febrero y que cuenta, según desvela El MUNDO, con un informe de la psicóloga italiana nombrada por el Juez.

 

Transcurridas cuarenta y ocho horas, mismamente el sábado 16/03/2019, abcsevilla rotulaba el rumbo previsible de este caso: «Juana Rivas pedirá el indulto cuando su condena sea firme». Según informaba la defensa de Rivas a ABC, la nueva estrategia pasa por agotar la vía judicial ordinaria, hecho que ocurrirá una vez se pronuncie el Tribunal Supremo y la condena sea ejecutoria. En el caso de que el Alto Tribunal ratificara la condena, el procedimiento regresaría al Juzgado de lo Penal. La socialista Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de Desigualdad, preguntada ayer por el caso de Rivas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, según recoge el texto del diario abc antes citado, y en relación a la posible petición de indulto, manifestó que «se resolverá siempre con criterios de absoluta normalidad». Una frase, sin duda, ambigua e incorrecta, tal como acostumbra esta alta carga del Estado en un lenguaje de inconfundible jerga política, pues de sus palabras cabe deducirse que es de absoluta normalidad indultar a quien antes ha retenido, ocultado y alejado a dos hijos de su padre durante más de un año, lesionando a un mismo tiempo Derechos Fundamentales tanto de sus hijos como de su ex, cometiendo un doble delito de «sustracción de menores», delitos que la Fiscalía del Tribunal Supremo ya anunciado que pretende dejar en uno solo, esto es, una oferta 2X1, esto es, cometa dos delitos al precio de uno.           

Bien esta oferta 2X1 bien la concesión del indulto, en este caso una medida que proviene de la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, suponen una ocasión de oro para el Poder Ejecutivo que daría una gran alegría a la soldadesca, entregada en aquellos días a recoger firmas al objeto de presionar al Gobierno. Ambas medidas, reservadas en exclusiva a una estrella mediática que debe terminar su carrera televisiva y propagandística sin perjudicar o dañar al régimen nacionalfeminista, también daría alas a cuantas madres estén barajando la posibilidad de hacer lo mismo y constituiría una acción política de gran publicidad, inyectando ardor guerrero a ese caladero de votantas que hay que cuidar para mantenerlo en pie de guerra y con el voto rojimorado en la mano para salir corriendo y meterlo en la urna.

Con este drama familiar y mediático en el que hay severamente dañados dos hijos menores de edad y un padre, asistimos a una demostración de fuerza del Poder Ejecutivo frente al Poder Judicial y Fiscalía del Tribunal Supremo, una página más de extrema desigualdad entre hombres y mujeres a manos de un partido político, ahora dos, que llevan en su ADN un feminismo clientelar, anacrónico y bien pagado.

 

José R. Barrios