Con una inusitada celeridad, a la que lamentablemente no tiene acostumbrada la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo al resto de los justiciables –ni siquiera en asuntos de gran trascendencia, y muy probablemente de mayor urgencia que el que ahora nos ocupa-, ha despachado la Sala este 10 de octubre de 2019, de una parte, la revocación de los Autos de suspensión dictados en los tres recursos que le quedan por resolver (los formulados por la FNFF, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, y la Comunidad Benedictina de la Abadía de la Santa Cruz del valle de los Caídos), solicitada por la Abogacía del Estado tan solo 8 días naturales antes; de otra parte, la solicitud de la misma Abogacía del Estado para la entrada en la Basílica al objeto de ejecutar el acuerdo de exhumación, formulada el día anterior, 9 de octubre de 2019; y, por último, la solicitud, también formulada el 9 de octubre de 2019, de la parte actora en el recurso contencioso-administrativo que se sigue ante el Juzgado de dicho Orden jurisdiccional núm. 3 de Madrid respecto de la autorización de las obras precisas para la exhumación, solicitando que se le tuviese por interesada en el recurso seguido a instancia de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.

Resulta cuando menos sorprendente que estas dos últimas resoluciones –las concernientes a la autorización de entrada en la Basílica y la de la referida personación-, se dicten sin dar traslado alguno a las otras partes del procedimiento, por plazo de cinco días, para que puedan alegar al respecto, tal y como es habitual en la práctica procesal de la propia Sala.

Con estas resoluciones, curiosamente dictadas con tanta celeridad el día anterior a la celebración del Consejo de Ministros de 11 de octubre, el Tribunal Supremo trata de amparar jurídicamente la acción material de ejecución del acuerdo de exhumación dispuesto por el Gobierno.

Estimamos, sin embargo, que la ejecución pretendida resulta impedida a día de hoy por los siguientes hechos:

En primer lugar, porque la autorización municipal para la ejecución material de las obras se encuentra suspendida por la medida cautelar adoptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Madrid. Medida cautelar que, en cuanto adoptada por una resolución judicial, debe ser inexcusablemente respetada, y cuya transgresión puede ser incluso constitutiva de infracción penal. Por consiguiente, hasta que dicha medida cautelar de suspensión no sea levantada o revocada, no puede ejecutarse obra alguna.

Esta medida cautelar del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Madrid no puede ser “desautorizada” por ningún otro órgano judicial, a no ser a través de los recursos legalmente establecidos. Afortunadamente, en nuestro Ordenamiento Jurídico continúa rigiendo el principio de absoluta independencia de los órganos judiciales, que no se encuentran subordinados por ningún vínculo de tipo jerárquico (arts. 117 de la Constitución y 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Por otro lado, no es cierto que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 30 de septiembre haya despejado todos los inconvenientes jurídicos planteados a la ejecución de las obras, y que se encuentran sub iudice, pendientes de la decisión que finalmente se adopte por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Madrid, y de la resolución de los recursos que eventualmente pudieran interponerse frente a dicha decisión.

La propia independencia judicial a la que acabamos de aludir, impide constitucional y legalmente al Tribunal Supremo inmiscuirse en un asunto que corresponde, y de la que está conociendo, otro órgano judicial. En la referida sentencia, el Tribunal Supremo se limita a indicar, porque era una cuestión que expresamente le había sido planteada por la Familia del General Franco en su demanda, que el Consejo de Ministros, una vez declarado el interés publico y la urgencia de la obra, no precisa de licencia urbanística, conforme a lo establecido en la Disposición adicional décima del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, pero a esta declaración, estrictamente, se limita dicha sentencia.

Por consiguiente, el Tribunal Supremo no se pronuncia, porque no le ha sido planteado –y consiguientemente incurriría en incongruencia extra petita si se pronunciase-, sobre si se han cumplido los requisitos que establece la citada Disposición adicional décima del Texto refundido de la Ley de Suelo estatal, y así, por ejemplo., si la decisión municipal ha sido adoptada por el órgano competente para ello, o si se cuentan con otras autorizaciones que se precisen para la ejecución de las obras por otras normas sectoriales, distintas de las urbanísticas, en materia ambiental, de Patrimonio histórico o de contratación pública.

A este respecto, resulta oportuno destacar que en comentario a la referida Disposición adicional décima –efectuada respecto del Texto Refundido de 20 de junio de 2008, que presentaba idéntica redacción-, uno de nuestros más destacados urbanistas, el profesor Jesús GONZÁLEZ PÉREZ (“Comentarios a la Ley del Suelo”, Edit. Civitas, 2015, pág. 1454)-, indica que la decisión acerca de la conformidad del proyecto corresponde otorgarla al Pleno del Ayuntamiento, algo que en el presente caso no se ha producido, habiéndose dictado la decisión –de seguirse el autorizado criterio- por órgano manifiestamente incompetente, lo que comporta la invalidez el acto municipal.

Por otro lado, la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2019 manifiesta en su pág. 38, in fine, que la Basílica tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, lo que comporta que la autorización de las obras habrá de someterse igualmente a las autorizaciones sectoriales correspondientes en materia de patrimonio histórico, por cuanto el informe municipal favorable a la compatibilidad con la normativa urbanística municipal –que a esto, estrictamente, se limita la tan citada Disposición adicional décima del Real Decreto Legislativo 7/2017-, no exime de la obligación del Gobierno de recabar las autorizaciones o títulos habilitantes que corresponda otorgar a otras Administraciones competentes en otros sectores de actuación pública, y que pueden, como sería el caso, condicionar la ejecución de la obra proyectada, como así ha señalado el propio Tribunal Supremo, en referencia, por ejemplo a autorizaciones de actividad, o ambientales, estimando que las mismas no quedaban embebidas por la dispensa excepcional de licencia urbanística.

Por ello, conviene recordar que el artículo 19 de la Ley regional 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid -al igual que determina el artículo 19.1 de la Ley estatal 16/1985, de 25 de junio-, exige autorización previa de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico para cualquier intervención en los bienes muebles o inmuebles de Interés Cultural y sus entornos de protección; autorización que en el presente caso no se ha producido, pues el Gobierno únicamente ha solicitado informe a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a los efectos de la normativa en materia de sanidad mortuoria.

Sobre estas cuestiones se habrá de pronunciar en su día el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Madrid, con posibilidad, por supuesto, y si estima que existen algún tipo de vicio, de anular la actuación municipal recurrida, lo que impediría la ejecución material de las obras de exhumación.

 

 

En segundo lugar, y con independencia de lo anterior, habiéndose anunciado por la Familia del General Franco la interposición de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, con solicitud de medidas cautelares, conviene recordar que cualquier acción de naturaleza judicial emprendida frente a las decisiones del Tribunal Supremo, y en las que se someta a la consideración del correspondiente órgano la suspensión de la decisión administrativa, debe impedir la ejecución de los actos hasta que dicho órgano se pronunciase acerca de la medida cautelar que le ha sido solicitada, conforme ha venido manifestando, desde antiguo, reiterada doctrina del Tribunal Constitucional (entre otras, en Sentencias 148/1993 y 78/1996), y del propio Tribunal Supremo, en Sentencias de 19 de diciembre de 2001, de 28 de Abril de 2014, rec. 4900/2011 —que reitera doctrina consolidada, y de la que son exponentes, entre otras muchas, las Sentencias de 29 de abril de 2008, recurso 6800/2002; 15 de junio de 2009, recurso 3474/2003; y 27 de diciembre de 2010, recurso 182/2007— o la más reciente, ya con aplicación de las normas reguladoras del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, de 27 de febrero de 2018, recurso 170/2016.

 

Por todo ello, y centrándonos en la parte dispositiva de la Providencia por la que el Tribunal Supremo autoriza la entrada a la basílica:

(1º) Estamos de acuerdo en el recordatorio de que el artículo 118 de la Constitución obliga “a todos” a respetar las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, si bien debemos añadir que este respeto alcanza al Auto de suspensión adoptado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Madrid, órgano que goza constitucionalmente de total y absoluta independencia para adoptar sus decisiones, y que obliga también a todos, incluido el propio Tribunal Supremo, sin perjuicio de que el día de mañana pudiera este Tribunal revocarlo en vía de recurso.

(2º) Por las razones ya expresadas, hemos de manifestar nuestro desacuerdo en que la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2019, pese a su firmeza, sea “título legítimo bastante” para “acceder a tal efecto en la Basílica del Valle de los Caídos y llevar a cabo la exhumación”.

El acceso y exhumación, pese a esta sentencia, dependerá, en primer lugar, de las decisiones que adopte, respecto de las obras, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Madrid; y, en segundo lugar, de que dicha sentencia no sea suspendida en sus efectos a través de los recursos que se interpongan frente a la misma.