En una entrevista a la fiscal de Valencia contra los delitos de Odio, Susana Gisbert, EFE (06/12/2019), fiscal especializada en violencia de género, ésta relataba una obviedad que, en palabras de tal alta carga del Estado, tiene gran peso y fundamento. Puntualizaba, pues, la señora Gisbert que «en materia de violencia de género, no se debe poner el acento únicamente en el derecho penal, porque lo que hacemos es gestionar el fracaso».

Y de seguido a esta primera confidencia se dejó caer con un nuevo e impagable desliz de sinceridad: «el derecho penal es lo más barato: yo publico en el BOE que a determinados delincuentes les voy a subir las penas –se refiere a los hombres supuestamente maltratadores–y parece que resuelvo el problema, sin hacer ninguna inversión. Es una solución inmediata que se ve y que se vende a determinado público».

Efectivamente, el Estado español de nuestros días, transformado en un ente represivo y opresor contra los varones heterosexuales, ha instaurado con la Ley Integral de Violencia de Género (LIVG 1/2004) una patente de corso para trucar la balanza de la Justicia, convertir los juicios de divorcio, en los que media una denuncia previa de género, en una pantomima, un teatrillo, un partido de fútbol amañado en el que acaba goleado el infeliz de turno que cae en las redes de esa red clientelar de chiringuitos de género, léanse Institutos de la Mujer, Juzgados para Mujeres, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para defender a las mujeres, operadoras del teléfono 016 y tire usted del hilo de la cometa, que cuerda tiene para rato. 

Sin estudios objetivos e independientes de cómo opera la violencia en las parejas, en la familia, sino dando por sentado que todos los hombres son maltratadores y todas las mujeres son maltratadas, como reza en el art. nº1 de la LIVG 1/2004, se da pie a montar un Estado de permanente acoso y derribo a los hombres, se castiga a ciegas, porque no se ha analizado previamente el problema, y además se hace de manera indiscriminada y generalizada. En realidad, tal como dice la fiscal Gisbert, lo que se está haciendo es gestionar un fracaso, pero a costa de pagar un precio inasumible por una sociedad que se supone democrática y avanzada como son más de mil mujeres asesinadas, cientos de hijos huérfanos, dieciséis mil hombres suicidados por las políticas de género y cientos de miles de hijos e hijas huérfanos, aunque con padres vivientes a los que no pueden ver, ni tocar, ni besar…los hijos e hijas del SAP, menores alejados de su padre bien por una denuncia falsa bien con artes de brujería.

Efectivamente, legislar al son de los lobbies feministas radicales es rápido y barato, basta poner en el BOE lo que llega escrito a la ministra de Justicia o de Igualdad de turno para transcribirlo con puntos y comas al Código Penal. Una solución inmediata que, como bien dice la fiscal Gisbert, se le vende a determinado público, es decir, a las mujeres. Se les vende, claro está, a cambio de su voto, antes rojo, voto ahora rojindepetarramorado.

Votos a cambio de jurisprudencia favorable según sexo, en este caso el de las votantas, he aquí el feminismo cuarta ola, feminismo 4.0 o feminismo made in spain.

José R. Barrios