Respetar los derechos de la Infancia no es más que cumplir la jurisprudencia nacional e internacional que regula los mismos, normativa que debiera inspirar el conjunto de actuaciones de los Poderes Públicos, así como impulsar la Custodia Compartida en tanto opción preferente en caso de separación o divorcio y también, con urgencia, poner en práctica un articulado específico para detectar a tiempo y corregir el Síndrome de Alienación Parental (SAP), es decir, el maltrato emocional a los menores en determinadas custodias exclusivas, en su mayoría maternas. Estas dos problemáticas son realmente cruciales en la coyuntura actual de España, porque ahí nos jugamos la salud emocional de los hombres y mujeres del futuro, ahora niños y niñas.

Y en esto, detengámonos primero en el artículo 39 de nuestra Constitución:

Art. 39: «Los Poderes Públicos asegurarán la protección integral de los hijos que también gozarán de la legislación prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos».

La legislación Internacional sobre los Derechos del Niño se inicia en Ginebra (1924), aunque bien es verdad que siempre ponemos la vista en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la ONU en Asamblea General el 20 de noviembre de 1959. Ambas se complementan con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 23 y 24) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 10).

La Convención sobre Derechos del Niño (Asamblea General de la ONU. Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989), en su Preámbulo, define a la familia como grupo fundamental de la sociedad para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños que precisan encontrar en su seno un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

De esta Convención tienen especial relevancia los artículos 3, 5, 9 y 18.

Art.3: «En todas las medidas concernientes a la infancia, la consideración primordial será atender al interés superior del niño y los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas».

Art.5: Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres que impartirán a sus hijos la dirección y orientación apropiadas.

Art.9: Los hijos podrán ser separados de sus padres si dicha separación es en interés superior del niño como cuando éste sea objeto de maltrato.

 Art.18: Incumbirá a los padres la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño, siendo su preocupación fundamental el interés superior del niño.

Otro ente jurídico reciente que vela por los Derechos del Niño es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dicho Tribunal, en una sentencia reciente, expuso lo que sigue: «El disfrute mutuo de la compañía recíproca de cada uno de los padres y del hijo constituye un elemento fundamental de la vida familiar, aun cuando la relación entre los padres se haya roto, y las medidas internas que obstaculicen ese disfrute constituyen una violación del derecho protegido por el artículo 8 del Convenio de Roma”». Sentencias como esta ponen de relieve la doctrina según la cual constituye una violación del derecho a la vida familiar reconocida en el Convenio de Roma, el impedir que los padres se relacionen adecuadamente con sus hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, esto es, apuesta decididamente por la Custodia Compartida.

 

José R. Barrios